La próxima semana se celebra en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), con ello México comienza el cierre de su presidencia de la Alianza. La Cumbre se realizará durante tres días: 27, 28 y 29 de octubre. Borde Jurídico estará presente con la mesa Justicia Abierta: Acercando el Derecho a la Ciudadanía. Para quien desee acompañarnos, la mesa tendrá lugar el jueves 29 a las 11 hrs y está diseñada como un diálogo abierto entre miembros del poder judicial, la academia y la sociedad civil. Aquí podrán encontrar más información: http://ogpsummit.org/agenda_es.html

Una vez aclaradas las cuestiones técnicas, entremos en materia. La Alianza se conformó en 2011 con el objetivo de facilitar la comunicación sobre las experiencias que en materia de transparencia, rendición de cuentas y apertura de datos públicos han tenido algunos países, así como para fomentar buenas prácticas en los países que apenas incursionan en esta dinámica. De igual manera, la Alianza se plantea como un espacio para ir definiendo de forma colectiva una agenda internacional de datos abiertos, apertura de la información pública, transparencia y rendición de cuentas. Cada año un país miembro de la Alianza ocupa la presidencia, lo que le obliga a compartir experiencias, implementar un programa de apertura en su interior y entablar un diálogo con la sociedad civil y la ciudadanía sobre el tema. La Cumbre, en ese sentido funciona como una especie de síntesis del trabajo hecho durante el año.

Las temáticas en la Cumbre son diversas, van desde la apertura del parlamento, la justicia y las cuentas públicas, hasta cuestiones especializadas sobre pesca y equilibrio ecológico. Esto nos indica que las expectativas sobre la idea de apertura gubernamental son amplias, lo cual se debe principalmente a que el espacio de acción del Estado también lo es.

Sobre la temática que abordará Borde Jurídico encontramos cinco mesas que se agrupan bajo la rúbrica de “Acceso a la Justicia”. Desde esa óptica, valdría la pena decir que si bien la idea de Justicia Abierta desde luego está relacionada con la de Acceso a la Justicia, lo está desde una perspectiva en la que se conjuntan apertura de la información, participación ciudadana y colaboración con las instituciones. En ese sentido, de lo que se trata no es solamente de diagnosticar cuáles son los obstáculos que se le presentan al ciudadano para realizar ese derecho, sino proponer vías para que ciudadanas y ciudadanos nos apropiemos de nuestro derecho.

Para quienes nos han seguido en los dos años que hemos trabajado, quizá les resulte familiar la idea de “apropiación del derecho” que hemos construído a través de un diálogo constante con el poder judicial, la academia, la sociedad civil y la llamada “ciudadanía digital. Sin embargo, no está de más puntualizar en qué estamos pensando al insistir con esa agenda:

1.- Que la ciudadanía desconfía de forma persistente en el derecho, las leyes y las instituciones de administración de justicia de nuestro país.

2.- Que esa desconfianza se debe en parte a que el derecho se percibe como un mandato que nos cae sobre la cabeza. Es decir, no nos sentimos partícipes de las soluciones propuestas por el derecho a los conflictos de nuestra sociedad.

3.- Que el divorcio entre ciudadanía y derecho es una situación delicada para una democracia y para la estabilidad social en general. La desconfianza en el derecho y las instituciones abona un terreno fértil para la venganza como práctica de “resolución de conflictos”, lo que genera descomposición social.

4.- Que para atender el problema son indispensables mecanismos de comunicación institucional que faciliten al ciudadano información clara y accesible que le permita comprender sus derechos y cómo se protegen éstos por los tribunales. Colocar documentos en un lenguaje altamente tecnificado, con una extensión inabarcable y en formatos cerrados es la práctica común de los tribunales mexicanos, lo que contribuye a que la brecha se siga ampliando.

5.- Que esos mecanismos de comunicación requieren de un esfuerzo compartido entre instituciones públicas, sociedad civil organizada, gremio jurídico y ciudadanía. Innovación tecnológica y vocación democrática son elementos irrenunciables para lograrlo.

No es casual que llamemos a nuestra mesa “Justicia Abierta: Acercando el Derecho a la Ciudadanía”. En el título va toda nuestra agenda y condensa las intenciones del proyecto a largo plazo: que el derecho tenga significado para la sociedad y que no se pierda de vista su dimensión pública.