[vc_row parallax=”yes” parallax_sizing=”100%” css=”.vc_custom_1499364658948{background-image: url(https://borde.mx/wp-content/uploads/2017/07/Justicia-sin-pretextos.jpg?id=3953) !important;background-position: 0 0;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”60″][vc_empty_space height=”60″][vc_empty_space height=”60″][vc_empty_space height=”60″][vc_empty_space height=”60″][vc_single_image image=”3841″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”60″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”CARTA ABIERTA: El respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad, deben ser temas abordados en la agenda de la visita del Presidente EPN a Francia” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23373549″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css_animation=”fadeInLeft”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”LETTRE OUVERTE: Le respect des droits de l’homme et la lutte contre l’impunité doivent être au cœur de la visite du Président Enrique Peña Nieto.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23373549″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”fadeInRight”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Ciudad de México, a 4 de julio de 2017

Señor Emmanuel Macron

Presidente de la República Francesa

Señor Presidente:

Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a Francia el próximo 6 de julio.

Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías.

Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores: más de 150 mil homicidios intencionales de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al menos 77 denuncias por ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); más de 8000 casos de tortura y 1,207 denuncias por tortura cometidas por militares; más de 30 mil personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y más de 300 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia. La población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. Por otra parte, preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial. Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes.

Resulta particularmente alarmante los niveles de violencia que se han alcanzado durante el 2017. Tan solo en lo que va del año la Unión Europea han llamado públicamente al gobierno de México más de una decena de veces a esclarecer los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el 16 de mayo de este año, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad afirmó que con siete asesinatos de periodistas desde principios del año y quince en 2016, México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas trabajadoras de los medios de comunicación^[1].

Nos preocupan en particular los crímenes atroces cometidos en lo que va del año, así como la falta de investigaciones adecuadas. La ejecución extrajudicial cometida contra un civil por militares en Palmarito, Puebla el pasado 3 de mayo, así como de los asesinatos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos como lo son: Isidro Baldenegro López asesinado el pasado 15 de enero en Chihuahua, Juan Ontiveros asesinado el 31 de enero en Chihuahua, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada el 10 de mayo en Tamaulipas, Miguel Vázquez y su hermano Agustín Vázquez asesinados el 20 de mayo en Jalisco y Meztli Sarabia Reyna asesinada el 29 de junio en Puebla; así como los asesinatos de las y los periodistas: Filiberto Álvarez Landero, asesinado el 1 de marzo en el Estado de Morelos, Cecilio Pineda Birto asesinado el 2 de marzo en Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera, asesinado el 19 de marzo en Veracruz, Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo en Chihuahua, Max Rodríguez Palacios asesinado el 14 de abril en Baja California Sur, Javier Valdez asesinado el 15 de mayo en Sinaloa, Jonathan Rodríguez Córdova, hijo de la periodista Sonia Córdova, asesinado en un atentado contra su madre en Jalisco el mismo 15 de mayo y Salvador Adame, desaparecido el 19 de mayo en Michoacán^[2], son muestra de la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrenta México. Es importante destacar, que las agresiones a personas defensoras y periodistas, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje^[3] son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas.

Por otro lado, vemos con preocupación, que espacios o medidas implementadas que han sido reconocidas por mecanismos internacionales, como la Comisión Forense para identificación de restos de migrantes asesinados, se están viendo afectados o amenazados con un cierre de actividades, como ocurre con otros espacios de interlocución y articulación donde se requiere la participación de expertos independientes internacionales.

De igual forma, nos preocupa el impulso de leyes o iniciativas tendientes a la restricción de derechos humanos, como la Ley de Seguridad Interior y la llamada “miscelánea penal” –que representa una regresión para los avances hacia un sistema acusatorio- mientras que reformas estructurales y necesarias para combatir la corrupción y la impunidad, como la consolidación de una Fiscalía General de la República autónoma y la ley contra la desaparición forzada, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión.

Señor Presidente, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Francia, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países aliados, como lo es México.

Cada año su país mantiene un papel crítico y activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha contribuido en el fortalecimiento del mismo, ha promovido la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y ha demostrado ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia, imparcialidad.

Es por ello que de la manera más atenta le solicitamos:

Primero: Fortalecer la asociación bilateral con México garantizando que los esfuerzos y las acciones conjuntas, contribuyan en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de ambos países. De igual manera, le llamamos a instar al Jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la preocupante impunidad prevaleciente en México. Sabemos que el gobierno de Francia, al igual que otros gobiernos europeos, apoya técnicamente al gobierno mexicano en temas de procuración de justicia y requerimos que exista una transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos, a fin de que se apliquen efectivamente para el combate de la impunidad, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo: Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Ante la falta de capacidad e imparcialidad para investigar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, México necesita de un mecanismo internacional, independiente e imparcial, compuesto por personas expertas que coadyuven con el Estado Mexicano para generar instituciones de procuración y administración de justicia capaces de revertir los alarmantes índices de corrupción e impunidad por violaciones a derechos humanos que existen en el país. Confiamos en que su gobierno, reconociendo la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua de conformidad con sus obligaciones internacionales, ayudará a México a combatir la corrupción e impunidad a través de la promoción del establecimiento del Consejo Asesor^[4] y de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Tercero: Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales, un diálogo respecto de la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales al contexto que vive México.

Cuarto: Manifestar la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, y la sociedad civil mexicana en la construcción de un estado de derecho, solicitando al Gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos.

Quinto: Promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Al igual que Francia, México está en un proceso de implementación de dichos Principios a través de un Programa Nacional. La implementación de este Programa constituye una oportunidad para atender los niveles de impunidad con la que operan entes públicos y privados que han causado abusos y violaciones a derechos humanos por sus actividades empresariales. Siendo que México no cuenta con un mecanismo de identificación y sanción a los responsables de dichos abusos, ni con mecanismos efectivos para el acceso a la justicia de personas que resultan afectadas, esta política pública tiene el potencial de fomentar el respeto de los derechos humanos como eje primordial del desarrollo y de todo tratado comercial y de inversión.

Agradecemos de antemano su amable atención y aprovechamos para expresarle nuestras más altas y distinguidas consideraciones.

[1] Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el asesinato de periodistas en México.

[2] La familia de Salvador Adame desconoció la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, en la que se asegura que fueron hallados e identificados los restos del periodista por medio de un análisis pericial. La familia ha solicitado una prueba pericial independiente que descarte o confirme esta información. Cabe destacar que el trato de las autoridades hacia los familiares durante la investigación del caso ha sido revictimizante contrario a los estándares internacionales de atención a víctimas, además se ha desestimado la labor periodística de Adame. (https://articulo19.org/gobierno-de-michoacan-no-da-certeza-en-la-investigacion-de-la-desaparicion-de-salvador-adame-y-revictimiza-a-sus-familiares/)[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Mexico, 4 Juillet 2017

Monsieur Emmanuel Macron.

Président de la République Française.

Monsieur le Président,

Les organisations signataires de la présente lettre nous dirigeons à vous afin de solliciter que la grave crise en matière de droits de l’homme que traverse le Mexique soit à l’ordre du jour lors de votre rencontre avec le Président Enrique Peña Nieto, le 6 juillet prochain.

Comme vous le savez probablement, le Mexique traverse depuis 10 ans une augmentation sans précèdent du nombre de cas de violences et du taux d’impunité. Le déploiement de milliers de soldats dans le but de prendre en charge certaines responsabilités en matière de sécurité, dans le contexte de la guerre contre les drogues, a provoqué une vague de violations graves aux droits de l’homme du fait que les forces armées, loin de se cantonner à agir comme un appui aux autorités civiles, ont de fait pris en charge des responsabilités des services de police.

Le solde de cette stratégie de sécurité est dévastateur : plus de 150 000 homicides selon le Haut-Commissaire des Nations Unies au Droits de l’Homme et au moins 77 plaintes pour des exécutions extrajudiciaires, plus de 8000 cas de tortures, dont 1207 commis par des militaires, plus de 30 000 disparus selon le Registre National des Personnes Disparues et plus de 300 000 personnes victimes de déplacement forcé à cause de la violence. Les migrants en transit sur le territoire mexicain sont particulièrement affectés, bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels. Au moins trois massacres ont été documentés contre des migrants en situation irrégulière en provenance d’Amérique centrale, ce qui représente près de 314 victimes, sans que les responsables aient été identifiés. D’autre part, il est inquiétant de constater l’absence de mesures préventives, d’enquêtes efficaces, la discrimination constante infligée aux femmes, aux mineurs, à la communauté LGBTTTI et aux peuples indiens, de même que les communautés qui défendent de leur territoire. A cela s’ajoutent les violations constantes aux droits économiques, sociaux et culturelles, particulièrement en tant que dommages collatéraux des activités d’entreprises.

Ces chiffres révèlent le terrible héritage de l’administration d’Enrique Peña Nieto : il ne s’agit pas de cas isolés, au contraire, ce sont des faits généralisés qui prouvent le désintérêt et l’incapacité des institutions mexicaines pour enquêter et sanctionner les auteurs de ces crimes.

Ce début d’année 2017 est particulièrement alarmant : depuis janvier, l’Union Européenne a appelé publiquement et plus d’une douzaine de fois le gouvernement mexicain à faire la lumière sur les divers cas d’assassinat de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes. Le 16 mai dernier, la Haute Représentante de l’Union pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité, affirmait qu’avec 7 assassinats de journalistes depuis le début de l’année et 15 en 2016, le Mexique est un des pays les plus dangereux du monde pour les travailleurs des médias[1].

Nous sommes particulièrement préoccupés par les crimes violents commis depuis le début de l’année, notamment les exécutions extra-judiciaires commis contre des civils par des militaires le 3 mai dernier, à Palmarito, dans l’état de Puebla, ou encore les assassinats de défenseurs de droits de l’homme comme Isidro Baldenegro López et Juan Ontiveros, assassinés les 15 et 31 janvier dernier dans l’état de Chihuahua, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, assassinée le 10 mai dans l’état de Tamaulipas, Miguel Vázquez et son frère Agustín Vázquez assassinés le 20 mai dans l’état de Jalisco, et enfin Meztli Sarabia Reyna assassinées le 29 juin à Puebla. D’autre part, les exactions commis contre les journalistes tels que : Filiberto Álvarez Landero, assassiné le 1er mars dans l’état de Morelos, Cecilio Pineda Birto assassiné el 2 Mars dans le Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera, assassiné le 19 mars à Veracruz, Miroslava Breach, assassinée le 23 mars dans l’état de Chihuahua, Max Rodríguez Palacios assassinés le 14 Avril en Baja California Sur, Javier Valdez assassiné le 15 Mai dans l’état de Sinaloa, Jonathan Rodríguez Córdova, fils de la journaliste Sonia Córdova, assassiné dans un attentat contre sa mère dans l’état de Jalisco le même jour et Salvador Adame porté disparu le 19 mai dans le Michoacán[2], sont autant de preuves de la magnitude de la crise que traverse actuellement le pays.

Il faut souligner que les agressions contre les défenseurs et journalistes qui prennent la forme de menaces, violations de domiciles, censure, harcèlement judiciaire et espionnage sont un reflet du manque d’une politique globale de protection et de prévention des attaques contre ces personnes. De même, il est préoccupant que les incitatives mises en place qui bénéficient d’une reconnaissance internationale, comme la Commission légiste pour l’identification des migrants assassinés, voient leur travail menacé par une cessation d’activité, comme il est d’ailleurs arrivé à d’autres mécanismes de collaboration entre société civile et experts internationaux.

Au même titre, nous somme préoccupés par diverses propositions de lois ou de reformes qui pourraient porter une grave atteinte aux droits de l’homme, comme par exemple la récente Loi de Sécurité Intérieur ou encore la contre-réforme en matière pénale, qui représente un grave recul en matière de justice après des années d’avancés dans la consolidation du nouveau système pénale. En parallèle, des reformes structurelles essentielles à l’état de droit tel que la consolidation d’un Procureur Général de la République autonome, et la loi sur les disparitions forcés peine à avancer au sein du Congrès.

Monsieur le Président, dans de telles circonstances, nous lançons un appel à la France, un pays qui se définit par son caractère démocratique et son respect des droits humains, pour que ce respect soit aussi demandé à ses alliés, notamment le Mexique.

Chaque année, votre pays joue un rôle actif et critique au sein du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. La France a fortement contribué à sa consolidation et a promu l’application scrupuleuse des mécanismes de protection des droits de l’homme. Enfin, la France a su se montrer ferme devant les différentes formes de menaces qui auraient pu mettre en péril son indépendance et impartialité.

Pour ces raisons, nous vous sollicitons :

Premièrement : De consolider la relation bilatérale avec le Mexique, dans le but de garantir que les actions qui puissent être mises en commun contribuent au respect et à la protection des droits de l’homme dans nos deux pays. De la même manière, nous appelons le chef de l’état mexicain à entreprendre des solutions structurelles à long terme, pour que nos institutions combattent l’impunité qui règne au Mexique. Nous savons que le gouvernement français, au même titre que d’autres gouvernements européens, apporte une assistance technique au gouvernement mexicain en matière de justice et demande qu’il existe plus de transparence sur l’usage de ces fonds, afin que ceux-ci soient destinés de manière efficace à la lutte contre l’impunité, la corruption, et les violations graves aux droits de l’homme.

Deuxièmement : De promouvoir l’application des 14 recommandations dirigées au gouvernement mexicain par le Haut-Commissaire des Nations Unies au Droit de l’Homme, en particulier celle qui demande la constitution d’un Conseil d’Assesseurs contre l’Impunité. Devant le manque de capacité et de volonté politique pour enquêter sur les faits de corruptions et de violations récurrentes aux droits de l’homme, le Mexique a besoin d’un mécanisme international, indépendant, impartial et composé d’experts qui puisse accompagner l’Etat mexicain pour conformer des institutions de justice capables de renverser la tendance actuelle. Nous sommes certains que votre gouvernement, en reconnaissance de l’importance crucial d’offrir une aide mutuelle entre Etats en conformité avec vos engagements internationaux, aidera le Mexique à lutter contre la corruption et l’impunité à travers la promotion de la création d’un Conseil d’Assesseurs contre l’Impunité et d’un Mécanisme International contre l’Impunité.

Troisièmement : De promouvoir un dialogue sur la situation de violations aux droits de l’homme au Mexique au sein du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unis et d’autres instances internationales, afin de trouver des solutions structurelles et globales aux problématiques qu’affronte actuellement le pays.

Quatrièmement : De mettre en exergue l’importance de la participation des victimes, des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile mexicaine dans la construction d’un Etat de droit, en demandant au gouvernement mexicain la mise en place d’espaces de consultation, participation et évaluation de la société civile en matière de politiques publiques relatives aux droits de l’homme.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à cette lettre, et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de toute notre considération. 

[1] Déclarations de la Porte-parole de la Haute Représentante de l’Union pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité.

[2] La famille de Salvador Adame n’a pas accepté la version de le Procureur Général de Justice de l’état de Michoacán, selon laquelle le corps du journaliste aurait été retrouvé et identifié lors d’un examen expert. La famille a éxigé un examen indépendant pour confirmer cette version. Depuis le début de l’enquête, la famille a été revictimisée à plusieurs reprises, à l’encontre de standards internationaux relatifs au traitement des victimes, d’autant plus que l‘activité de Salvador Adame a été désestimée dans l’enquête (https://articulo19.org/gobierno-de-michoacan-no-da-certeza-en-la-investigacion-de-la-desaparicion-de-salvador-adame-y-revictimiza-a-sus-familiares/).[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”ATENTAMENTE:” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23373549″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css_animation=”fadeInLeft”][vc_empty_space][vc_column_text]

Organizaciones de la sociedad civil

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]ARTICLE 19

Borde Político

Asistencia Legal por los Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social

Cauce Ciudadano A.C.

Casa del Migrante de Saltillo

Colectivo familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba

Colectivo Solecito de Veracruz de búsqueda de personas desaparecidas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Disability Rights International

Documenta | Análisis y acción para la justicia social A.C.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Enjambre Digital

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) integrada familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila.

Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.

Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (PRODESC)

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)

CIC Propuesta Cívica A.C.

Red Retoño

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Personas defensoras de derechos humanos, activistas e integrantes de la academia

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Aram Barra

Araceli Salcedo Jiménez

Alfredo Lecona Martínez

Aranxa Bello Brindis

Alejandra Nuño Ruiz- Velasco

Ana Lorena Delgadillo Pérez

Catalina Perez Correa

Carolina Pimentel

Cecilia Real

Denise Dresser

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Ernesto López Portillo

Eliana Garcia

Guadalupe Barrena

Jorge Javier Romero

Lucía Diaz Genao

Iván García Gárate

María Novoa

Pablo Girault

Rosario Villanueva

Simón Hernández León[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]