Los opositores de la reforma energética fueron minoría legislativa pero presumen tener el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Fue así que, ni tardo ni perezoso, el PRD echó mano de la nueva “arma” que ofrece la Constitución: la consulta popular. Y lo mismo sucede ahora con el PAN y su propuesta de elevar el salario mínimo, emulando al ocurrente del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Apenas en marzo de 2014 el Congreso Federal reglamentó (con siete meses de retraso constitucional) la consulta popular en México, figura derivada de la reforma política dos años atrás. En teoría, a diferencia de la democracia representativa (o indirecta), donde los gobernantes y representantes electos toman las decisiones por nosotros, en la democracia participativa (directa o semidirecta) el pueblo puede decidir por sí mismo cuestiones públicas en la urna.

Así pues, mediante la consulta popular la ciudadanía puede –digamos– “suplantar” a la clase política en la toma de ciertas determinaciones. Esto puede sonar muy atractivo, sobre todo en donde los partidos y los políticos en conjunto tienen altos índices de desprestigio público.

Pero no todo lo que brilla es oro. Académicos de muchas partes han alertado sobre la inconsistencia del modelo (el italiano Giovanni Sartori, entre ellos). Por ejemplo: ¿Qué pasaría si se somete a consulta de la sociedad si deseamos seguir pagando impuestos? Que probablemente éstos terminarían por abolirse con la consecuente quiebra del Estado.

Por eso suelen estar prohibidas las consultas populares en ese y en varios terrenos más. México no es la excepción: además del ámbito tributario, la Constitución las impide en temas de derechos humanos (su restricción), forma de gobierno, elecciones, fuerza armada y seguridad nacional.

De modo que en la consulta popular se nos trata a los ciudadanos como mayores de edad en ciertos temas y como menores en otros. El tufillo demagógico ya se asoma.

Pero quizá el peor de los peligros que arroja este esquema es el que ya empezamos a experimentar en el país, ahora a nivel nacional: que la consulta popular sea un instrumento no de la ciudadanía sino de los partidos políticos en busca de sus propios fines.

Vamos a ver: La Constitución establece tres formas de convocar a consultas populares: A) que lo haga el presidente; B) que lo haga una minoría parlamentaria (al menos 33% de legisladores en alguna cámara); y C) que lo hagan “los ciudadanos” (al menos 2% de la lista nominal de electores, esto es: poco más de 1.6 millones de ciudadanos).

Es decir que, en el mundo de las ideas, los ciudadanos tienen su propia vía para solicitar consultas populares, pero en la realidad son los partidos quienes han echado mano de ella.

La eventual consulta en materia energética fue anunciada desde un inicio por Cuauhtémoc Cárdenas y por la dirigencia del PRD, quienes se han dado a la tarea de recabar el porcentaje “ciudadano”, lo mismo que ahora hace el nuevo partido Morena. En cuanto al PAN y su propuesta de subir el salario mínimo, esto se parece a una banderola propagandístico-electoral más que a una genuina (y repentina) preocupación social, de ahora que no son gobierno. El hecho es que los blanquiazules ya arrancaron también con la “recolección” de firmas.

Recordemos que el modelo mexicano establece que las consultas populares se celebran el mismo día de las elecciones (con urnas adicionales a las habituales). Por tanto, el mecanismo es capitalizable para posicionar un tema apreciado por muchos ciudadanos y que éstos lo asocien con un partido el día que van a votar.

Sólo falta que el gobierno federal se sume a la fiesta y que trate de barnizar de legitimidad algunas de sus medidas recurriendo a la consulta popular, como lo han hecho presidentes de otros países en repetidas ocasiones (Ecuador, 2011, es buen ejemplo).

¿Democracia participativa o demagogia compulsiva? Esa es la cuestión.