Vía http://www.imagenradio.com.mx/demandan-transparencia-de-jueces-y-magistrados-de-zacatecas

A pesar de encontrarse obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida en los últimos dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”. Esta  situación  es violatoria del derecho de acceso a la información.

Por ello, un colectivo de ocho organizaciones promovieron el pasado 23 de marzo, un juicio de amparo ante un Juzgado Federal en Zacatecas en contra de todos los jueces y magistrados de Zacatecas, el gobernador y el Congreso Local por no cumplir con su obligación de hacer públicas, en el Portal Nacional de Transparencia, las sentencias que han emitido.  Dicha demanda fue admitida por Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas.

Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de la ciudadanía sólo las sentencias de “interés público”, pero este concepto no está definido y en él se escudan las personas juzgadoras jueces y magistrados para mantener su labor en la opacidad. Con este recurso legal interpuesto en Zacatecas se busca que las autoridades establezcan una definición de este concepto, que determinen que TODAS las sentencias son de interés público y que TODAS deben ser publicadas.

El 3 de abril, el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas reconoció su omisión y en un informe justificado respondió:

“Es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional.”

La opacidad en la que opera la mayor parte de los Poderes Judiciales es un asunto que debe ser considerado de gravedad.  Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, no se pueden detectar actos de corrupción, pues la labor de este Poder se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias es una herramienta que también debe permitir evaluar si las capacitaciones en los Poderes Judiciales locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en los últimos diez años, realmente están teniendo un impacto positivo.

La estrategia de litigio del colectivo será replicada en el resto de los estados que no cumplen con sus obligaciones de transparencia, ya que la falta de rendición de cuentas y transparencia representa incentivos para que servidores públicos cometan actos de corrupción.