La democratización del poder judicial se vuelve relevante para la sociedad cuando el juez adquiere una mayor importancia política. Con las recientes reformas en la administración de justicia en diferentes países de América Latina que han tenido en común la ampliación de facultades de control constitucional y el fortalecimiento político de los jueces, las decisiones judiciales se han convertido en un objeto de discusión importante para la opinión pública. Esta importancia política de la decisión judicial ha dado pie a preguntas sobre la legitimidad democrática de los jueces constitucionales para anular los actos legislativos nacidos del espacio representativo y de deliberación como es un congreso o parlamento. Este cuestionamiento es válido en un sistema democrático y permite analizar las posibilidades de participación ciudadana dentro de un espacio tradicionalmente cerrado al escrutinio de la sociedad. La posibilidad de democratizar y fortalecer la participación ciudadana en el poder judicial depende de la visión del derecho y de la administración de justicia. Desde las visiones formalistas del derecho que reducen la actuación de los jueces a la aplicación de la ley en términos de sanción sí o sanción no, las posibilidades de participación ciudadana son nulas. En esos casos, el derecho es visto como un sistema cerrado, ajeno a la realidad social conocido solo por el juez y que opera de maneras rígidas. Estas visiones formalistas prácticamente se han abandonado con los cambios de paradigmas propuestos en nuevos modelos judiciales. En los nuevos modelos propuestos, las decisiones judiciales se vuelven trascendentales para la vida política, económica o cultural. Esto obliga a los jueces a entender el derecho y la función judicial como un fenómeno complejo que se construye socialmente. El juez se vuelve garante de los derechos humanos y de los principios constitucionales frente a populismos o autoritarismos legislativos. Por lo tanto, tiene que ser independiente de los poderes pero no de la sociedad o de la realidad social. En el estado constitucional democrático, la participación ciudadana en el poder judicial no solo es posible sino necesaria. La pregunta que hay que plantearse es en qué ámbitos de la administración de justicia es posible dicha participación. En algunos casos la respuesta a esta discusión ha sido radical y propone que los magistrados se elijan por medio de elecciones populares. Esta alternativa parece poco atractiva ya que en la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos sería previsible una tendencia hacia la partidización del poder judicial y crearía un campo de disputa de las fuerzas político-electorales que repercutiría gravemente en la administración de justicia y en la viabilidad sistema democrático. Si la elección popular de jueces y magistrados no aparece como la opción adecuada para la democratización del poder judicial, ¿cómo y en qué términos debe democratizarse? Existen algunos aspectos del ámbito del Poder Judicial que pueden democratizarse y otros no. La decisión judicial no puede quedar en la lógica de aprobación de las mayorías pero otros aspectos judiciales sí pueden discutirse en términos democrático-deliberativos. Estos ámbitos son, por ejemplo, los procesos de designación de los ministros y consejeros de la judicatura que podrían abrirse a la participación ciudadana por medio de procesos amplios de consulta sobre las personas designadas para esos cargos. Por otro lado, la transparencia de la función jurisdiccional por medio de la publicidad de las audiencias y el acceso a la información judicial a través de la publicación de sentencias, proyectos de sentencias u otros documentos relevantes permiten la vigilancia ciudadana. La participación puede darse incluso en la construcción de la decisión judicial con la recepción y análisis de amicus por parte de los operadores jurídicos o con la realización de audiencias públicas con sectores de la sociedad en ciertos casos relevantes. Todos estos instrumentos son fundamentales para la democratización del poder judicial. Sin embargo, existe otro ámbito en el que es necesaria la participación ciudadana y es el relativo al control ciudadano de las políticas judiciales implementadas por los consejos de la judicatura. Aquí hay poco o nada de avances. No existen espacios para discutir entre el poder judicial y la ciudadanía sobre las mejores políticas de administración y acceso a la justicia. Es en este ámbito en donde particularmente debe trabajarse para democratizar al poder judicial y construir mecanismos de participación ciudadana para el control de las políticas judiciales.