Ayer se realizó la primera etapa del proceso de designación de la SCJN en el Senado. Por veinte minutos, cada aspirante expuso ante el Pleno del Senado las calidades y aptitudes de su persona para demostrar la idoneidad para ocupar un lugar en la Suprema Corte.

Una primera conclusión de esta etapa es la lamentable respuesta de la Cámara de Senadores en este proceso. A la falta de seriedad de cambiar de un día para otro la fecha de las comparecencias ante el Pleno, le debemos de sumar el poco, sino es que nulo interés de escuchar el posicionamiento de una persona que podría ocupar el cargo de Ministro de la SCJN. La reiteración del Presidente de la Cámara de que con el acto de ayer, el Senado respondía y cumplía un mandato constitucional contrasta con la ausencia de más de la mitad de los miembros de dicha Cámara (como muestran fotos compartidas en redes sociales) y demuestra que lo visto ayer no es más que una comparsa para cumplir de forma un requisito constitucional y que no influye en lo más mínimo en la decisión de quien habrá de ser designado ministro o ministra de la SCJN.

Abonan a esta conclusión el hecho de que estas comparecencias ante el Pleno se adelantaron al proceso de comparecencias en la Comisión de Justicia y a la elaboración del dictamen que dicha Comisión tendría que elaborar respecto de la elegibilidad de las personas propuestas. En otras palabras, si las comparecencias ante la Comisión de Justicia deberían ser espacios en los que debe demostrarse si las candidatas y candidatos son elegibles o no a dicho cargo, y de ser afirmativo el dictamen, entonces esas personas podrían comparecer ante el Pleno del Senado y votarlas. De no ser elegibles, no deberían comparecer ante el Pleno. Sin embargo, con el acto de ayer, prácticamente se han declarado elegibles y de poco servirían las comparecencias ante la Comisión y el dictamen que ésta realizará será una mera reiteración de los requisitos formales de la Constitución.

Respecto de los discursos de las personas propuestas un elemento que habría que señalar y que es grave es que ninguna de las presentaciones hizo referencia al contexto nacional en el que se da la designación de ministros de la SCJN. En la perspectiva de las personas propuestas, la designación de la SCJN sería, al parecer, ajena la realidad social y política del país y como si en ella solo importara su conocimiento constitucional de las reformas y su trayectoria personal. Una persona que pretende ser parte del Tribunal constitucional no puede dejar de ver que el país que vive crisis de legalidad, crisis de impunidad, crisis en la administración de justicia y una crisis de derechos humanos y tomar una posición al respecto. La Suprema Corte de Justicia y sus ministros no pueden ser ajenos a ello. En ese sentido, no deja de ser lamentable la ausencia de una lectura de la situación del país por parte de las y los integrantes de las ternas.

Los discursos de los integrantes de las ternas que se presentaron el día de ayer en el Senado son en términos generales “constitucionalmente correctos”. Resulta evidente que en una exposición de ese tipo, quienes han sido propuestos mantengan un discurso acorde al constitucionalismo mexicano contemporáneo y en general con las líneas que ya ha marcado el Alto Tribunal. Salvo algunas diferencias en el discurso- que ya en el ejercicio como ministra o ministro pueden ser muy relevantes- en abstracto y a priori no permiten distinguir claramente las diferentes posturas constitucionales de las candidatas y los candidatos.

Sin embargo, de estos discursos llaman la atención dos de ellos: el de Alejandro Gómez, actual Procurador del Estado de México, y Javier Laynez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El primero se dedicó a hacer una defensa de su actuación ante Tlataya; y el segundo, una defensa respecto de su trayectoria profesional relacionada con el Poder Ejecutivo. Resulta por lo menos llamativo estas defensas personales. Por un lado, se dan en un espacio totalmente fuera de lugar ya que el espacio del Pleno no es el indicado para ello (para eso deberían servir las comparecencias ante la Comisión de Justicia). Por otro, en el caso de Procurador del Estado de México, sorprende que en la tribuna del Senado se haga una acusación al Ejército de manipular las pruebas y con ello obstruir la procuración y administración de justicia en el caso de Tlataya. En el caso de Javier Laynez, su defensa consistió en denostar llamando “los de afuera” a quienes cuestionan su independencia del Ejecutivo. El argumento de Laynez fue que su experiencia profesional demostraba que era incorruptible, sin embargo, habría que aclarar que una cosa es la corrupción y otra cosa la independencia judicial.

La próxima semana continúa este proceso en la Comisión de Justicia. Es importante que esta Comisión realice este proceso de forma auténtica y haga una evaluación verdadera de las personas propuestas y no solo una comprobación de los requisitos constitucionales o una mera apreciación subjetiva. Hay ciertos avances en el acuerdo de la Comisión de Justicia que son muy importantes (como no establecer límites a la duración de las comparecencias), sin embargo si estos avances no se materializan en el proceso, solo habrán sido propuestas que se quedaron en el papel. Varias organizaciones de la sociedad civil hemos exigido que se apliquen instrumentos de evaluación objetiva que determine la idoneidad de los perfiles. Esos instrumentos, elaborados por la organizaciones, están en manos de la Comisión de Justicia y en manos de las senadoras y senadores que la integran, solo tienen que tener la voluntad política de usarlos y aplicarlos.