Antes de 1995, difícilmente podría pensarse que el cambio en la presidencia de la Suprema Corte fuera un tema coyuntural o que provocara la atención de los medios de comunicación. Hoy, sin ser un tema de primeras planas, tiene un espacio en diversos medios electrónicos e impresos. Perfiles y semblanzas de las y los ministros, así como ciertos pronósticos en artículos de opinión han circulado por redes sociales ya desde hace algunos meses.

Desde 1995, cada vez es más común conocer a algunas de las ministras y ministros, y cada vez con mayor frecuencia vemos en los periódicos noticias sobre las decisiones y sentencias del máximo tribunal de nuestro país. En parte, esto se explica por la evolución de la Corte hacia un Tribunal Constitucional que se dió con la reforma de 95 y que se ha fortalecido con las reformas de derechos humanos y de amparo de 2011. Otra parte de esto se explica por la transmisión de las sesiones del Pleno de la SCJN en el Canal Judicial. Es decir, el fortalecimiento de la labor de la Corte en el juego de pesos y contrapesos de los poderes públicos y la política de trasparencia han provocado una mayor visbilidad de la Corte. Hay quienes critican esta exposición, aduciendo que se trata de un acto que compromete la imparcialidad de los jueces por la fama que les otorga la cámara; en su contraparte hay quienes afirman que esta exposición es fundamental para que los ministros no se sientan ajenos al juego democrático. La discusión sigue abierta, pero lo cierto es que todas las modificaciones en el quehacer de la SCJN han hecho que cualquier cambio en ella cobre relevancia pública. El relevo en la presidencia no es una excepción.

Caso aparte es el del Consejo de la Judicatura Federal, institución creada también a partir de la reforma de 1995 y que está encargado -entre otras cosas- del combate a la corrupción (a través de sus órganos de disciplina), de la vigilancia de la profesionalización de los juzgadores (a través de la carrera judicial), la administración del presupuesto del Poder Judicial Federal (más de 40,000 mdp para 2015), así como de la instrumentación de reformas como la del sistema penal acusatorio. Aún con eso, el Consejo tiene muy poca visibilidad en medios y de él nos enteramos sólo cuándo hay escándalos de corrupción o negligencias al interior del Poder Judicial Federal (tómese como ejemplo paradigmático el caso del #ZarCasinos). Todo esto se explica en parte porque las sesiones de Pleno del Consejo no son públicas, navegar en su página es sumamente complicado y también porque las decisiones tomadas en su interior -que son muchas veces de índole administrativa- son “poco sexys” como se dice en la jerga periodística, o de difícil comprensión. Así que la falta de publicidad, de innovación en tecnología y la especificidad de sus actividades obstaculizan la visibilización del Consejo en ámbitos no especializados.

Una consecuencia de esta diferencia es que en las noticias sobre el relevo en la presidencia de la SCJN, se deje en segundo término que la presidencia es de la Corte y del Consejo. Esto supone omitir que quien ocupe la presidencia, no sólo dirige los debates en el Pleno de la SCJN, impulsa políticas públicas y representa a la Corte en foros nacionales e internacionales, sino que también está encargado de actos administrativos de suma relevancia para el Poder Judicial Federal como presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Consejo y del Poder Judicial Federal que se presenta al Poder Ejecutivo o establecer las directrices del servicio profesional de carrera. Igualmente hay labores de dirección sustantivas dentro del Consejo como definir directrices en materia de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales. Además, desde la presidencia del Consejo, se pueden impulsar “políticas públicas judiciales” que sirvan para innovar en temas de trasparencia y rendición de cuentas, así como en políticas que fortalezcan la protección de los derechos humanos en el seno del Poder Judicial Federal.

En ese sentido, es importante analizar qué importancia le da cada uno de los candidatos y candidata a la presidencia de la Corte y del Consejo a las facultades que tendrán en uno y otro órgano. Es tan importante la mano de la presidencia en  la tramitación de asuntos en la Corte, como en los comités de disciplina y ética dentro del Consejo. Así, darle seguimiento puntual a esta designación es fundamental, porque se trata de un cargo que puede impactar positiva o negativamente en todo el Poder Judicial Federal.