Amparos, investigaciones infructíferas y presión por parte de la prensa nacional e internacional caracterizan la situación del caso #Ayotzinapa; la #SCJN vuelve a discutir los límites del Control de Convencionalidad; aún no se aclara el proceso para la designación de titular de la #CNDH.

Terminamos la semana pasada con la noticia de que una jueza federal había concedido un amparo al alcalde de Iguala José Luis Abarca, lo que causó confusión y molestia. Con todo, dicho amparo sólo tendría efecto en caso de crímenes no graves, es decir, si el alcalde de Iguala fuera encontrado como responsable de la desaparición forzada de más de 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa o si se le acusara de vínculos con el crimen organizado, el amparo no tendría efecto. Diversas investigaciones en el caso han llevado a fosas clandestinas donde se han encontrado más de 20 cuerpos, sin embargo ninguno de ellos ha podido ser identificado como alguno de los desaparecidos. Mientras tanto la prensa nacional ha intensificado su crítica y ofensiva, y la internacional hace cada vez más notorio el caso, lo que ha provocado que incluso en el Parlamento Europeo algunos representantes hayan solicitado que se suspenda la modernización del Acuerdo Global con México. El caso ha puesto los reflectores sobre el sistema y estrategia de seguridad del estado mexicano y supone un duro golpe tanto para el gobierno del estado de Guerrero, como para el ejecutivo federal.

Entre el lunes y martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una Contradicción de Tesis de especial relevancia, en la que se debían determinar ciertos parámetros para el ejercicio del control de convencionalidad en tribunales federales inferiores a la propia SCJN (juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y plenos de circuito especialmente). El fondo del asunto suponía determinar si un juzgado de distrito o un tribunal colegiado podrían apelar a un tratado internacional contrario a una jurisprudencia de la SCJN, si el primero fuera más favorable para la persona sujeta a un procedimiento judicial. Con la excepción del Ministro Juan Silva y el Ministro José Ramón Cossío, los integrantes del Pleno votaron a favor del proyecto del Ministro Pardo que consideraba que los juzgadores federales debían atenerse a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Las preguntas que quedaron plasmadas por las intervenciones de los ministros Silva y Cossío fueron si se podía suponer que los criterios de la SCJN eran infalibles y si este tipo de decisión no atentaba contra el desarrollo de la ponderación casuística y la protección del principio #ProPersona.

Sigue la expectativa sobre el proceso de designación para CNDH, las comisiones que deben redactar la convocatoria que regirá el procedimiento aún no están de acuerdo en cuál debe ser la metodología. La principal discrepancia se centra en decidir si para la designación, el actual Ombudsman (Raúl Plascencia Villanueva) tendrá la opción de reelección o la de ratificación. ONG’s, intelectuales, periodistas y víctimas de violaciones han manifestado constantemente su desaprobación a la gestión del actual titular de la Comisión y han exigido al Senado que no continúe en su cargo. En ese sentido se ha llegado a argumentar que incluir en la convocatoria la posibilidad de ratificación sería darle una ventaja considerable a Raúl Plascencia. El contexto de violencia y violación de derechos humanos en el país exige una discusión seria sobre el perfil idóneo del titular de la CNDH, así como una discusión sobre cuáles son sus logros y sus deudas con la sociedad mexicana. La expectativa razonable es que la convocatoria del Senado, refleje en alguna medida esas necesidades.

]]>