Editorial 17 de septiembre

Destacan tres noticias esta esta semana: Informe de Tortura y Desapariciones Forzadas en Baja California presentado por diversas organizaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional(CPI); arresto del vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna; la exigencia de PRD y Morena de que la SCJN dé trámite a la consulta popular sobre la #ReformaEnergética.

El día 12 de septiembre la FIDH, la CMDPDH y la CCDH presentaron un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación de tortura y desapariciones forzadas en el Estado de Baja California. En él se explica cómo los cuerpos militares han practicado de forma metódica y sistemática la desaparición de personas, así como la tortura de detenidos, todo con la finalidad de consignar personas y favorecer los números de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Los organismos explican que la falta de atención por las autoridades nacionales del problema los ha obligado a buscar que el asunto sea atendido por un organismo internacional. México reconoce constitucionalmente la jurisdicción de la CPI, quien está facultada para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos que puedan ser catalogádos como crímes de lesa humanidad o crímenes de guerra: la tortura y la desaparción forzada son considerados como crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma que es el documento que establece las facultades de la CPI. Ya ha habido recursos remitidos a la Corte para que analice la situación de la violencia provocada por la “guerra contra el narcotráfico en México” aunque no han prosperado, si este recurso procediera podría sentar un importante precedente para la llamada “lucha contra la impunidad”.

El pasado 11 de septiembre Mario Luna -vocero de la Tribu Yaqui- fue arrestado en Ciudad Obregón. Se le acusa de robo de vehículo y de perpetrar un secuestro contra Francisco Antonio Delgado, cuando este último arremetió con un vehículo contra una barricada organizada por la Tribu para protestar contra la apertura del Acueducto Independencia. Es importante recordar que la Tribu ha protagonizado una serie de medidas tanto legales como sociales para frenar la realización del Acueducto que tomaría agua del caudal del río Yaqui. Según la argumentación de los defensores de la Tribu, fueron violentados sus derechos al no ser consultados para la realización del Acueducto. En ese contexto se da el arresto, del cual Amnistía Internacional expresa preocupaciones, pues considera que es posible que el juicio no se diera en condiciones de justicia por todo el entorno político que rodea el caso. La organización ha exhortado a las autoridades mexicanas a garantizar las condiciones para que Mario Luna pueda tener un juicio imparcial. Los Yaquis ya tienen una sentencia favorable de la SCJN sobre el asunto, sin embargo no se ha ejecutado.

En los últimos días el Partido de la Revolución Democrática ha exhortado publicamente a la Suprema Corte de Justicia a darle trámite a la consulta popular sobre la Reforma Energética. Ya ha discutido la Corte en sesiones anteriores este tema, pero fue desechado porque aún no se habían cumplido los requisitos para que ella tomara una posición. Si las firmas requeridas para la consulta son validadas por el INE, después la SCJN debería analizar si la consulta es procedente. En el mismo proceso se encuentra la consulta propuesta por MORENA, al respecto Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si la Corte rechaza la consulta con “argumentos legaloides” estaría violando la constitución. Es necesario recordar que también el PAN y el PRI han recolectado firmas para socilicitar consultas populares, una sobre el aumento al salario mínimo (PAN) y otra sobre la reducción de diputados y senadores plurinominales (PRI). Así, de ser aceptadas las consultas,  para 2015 habría una urna donde los ciudadanos deberían votar sobre el estos tres asuntos.

Concluyó la primera etapa de estudio sobre las acciones de inconstitucionalidad vs  #ReformaPolítica promovidas por partidos políticos en contra de legislación secundaria y leyes locales en materia electoral. El #MinSilva apuntó que en esta primera etapa se agotaron la mayoría de los temas y se continuará con la discusión el próximo lunes 22 de septiembre. Para el jueves 18 de septiembre está programado un paquete de contradicciones de tesis, cuyo proyecto de resolución está a cargo de la ponencia #MinSánchez. Las contradicciones se dan por la interpretación del art. 64 de la Ley de Amparo, el cual establece que si un tribunal de alzada determina la improcedencia de un juicio de amparo -por causas no analizadas por un tribunal inferior, ni reclamadas por las partes- entonces el quejoso tendría dos días para presentar “lo que a su derecho convenga”. La discusión del asunto se ha retrasado ya en sesiones pasadas para replantear el proyecto o para dar trámite a asuntos prioritarios.

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