Editorial 20 de agosto

Editorial 20 de agosto

La semana pasada sesionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México. Como habíamos señalado uno de los temas prioritarios de la visita era el de la situación de los migrantes en el país. La Comisión entregó un informe sobre el asunto al gobierno mexicano y aunque destaca la labor que se ha hecho para la protección de sus derechos, señala que uno de los mayores problemas sigue siendo que el migrante es criminalizado y estigmatizado, además de que las leyes mexicanas tienen serios problemas sobre garantías procesales. Es preciso recordar en este sentido que la Comisión Mesoamericana de Juristas había solicitado a la #SCJN que emitiera una acción declarativa sobre el tema, misma que fue rechazada la semana pasada. La Corte comunicó a la Comisión Mesoamericana de Juristas que desechaba el recurso porque “carece de atribuciones para conocer y resolver una acción declarativa que tenga como finalidad fijar el alcance de lo dispuesto en la Ley de Migración”. Todo esto se da en el contexto del cuarto aniversario de la tragedia de San Fernando donde fueron asesinados 72 migrantes, y donde aún quedan muchos cabos sueltos.

Ha trascendido en los medios nacionales la inminente entrada en funciones de la Gendarmería Nacional (una rama de la Policía Federal que se encargará de la seguridad en contextos campesinos y/o donde exista debilidad institucional) el día 22 de agosto. Las noticias van desde fotos de los uniformes hasta críticas duras a su implementación e idoneidad, pasando por artículos con descripciones de la nueva policía donde se aplaude el proyecto.  Mientras algunos celebran el proyecto como uno que ayudará a la consolidación del esquema de seguridad del país, otros apuntan que mientras no se atienda el problema de la calidad de los elementos policiales el problema de la seguridad seguirá sin resolverse. La Gendarmería nace en el contexto de nuevos retos para el campo mexicano, en donde los campesinos manifiestan molestias, cuando no verdadera rabia por las consecuencias que podría tener la #ReformaEnergética y otros proyectos de desarrollo económico. No es el objetivo de este espacio profetizar o adelantar vísperas sobre temas de justicia, pero lo cierto es que la situación del campo -delicada desde hace ya varias décadas- podría suscitar escenarios complicados para la justicia social.

La Suprema Corte sesiona aún sobre la acción de inconstitucionalidad donde se impugna la #ReformaFiscal. Hasta el momento la posición de la mayoría de los ministros indica que se determinará que la homologación del #IVA en zonas fronterizas es constitucional y que no vulnera ningún derecho. Aún queda pendiente por discutir el tema del #ISR, así como el tope de deducciones y la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes. Una vez terminado este asunto la Corte pasará al paquete de Contradicciones de Tesis sobre la interpretación del art. 64 de la #LeyAmparo. Los proyectos de resolución de estos asuntos estarán a cargo de la #MinSánchez y en ellos se discutirá el alcance de los tiempos que establece el párrafo segundo del artículo citado para presentar un amparo. Según el párrafo, si un órgano jurisdiccional de amparo descubriera una causal de improcedencia para un juicio de amparo -no alegada por las partes, ni considerada por un tribunal inferior- el quejoso tendría solamente 3 días para ampararse ante esa improcedencia. Este asunto se suma a otros que había anlizado la Corte en el primer periodo de sesiones del año sobre los plazos para presentar amparos. En los casos analizados se ha validado el plazo establecido por la ley.

El fin de semana pasado la Corte rechazó por “notablemente improcedente” la acción de inconstitucionalidad del @InfoDf contra el art. 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Como habíamos apuntado la semana pasada, las posibilidades de que la SCJN admitiera el recurso eran mínimas en tanto que se trataba de un órgano local impugnando una ley federal. Así las cosas, el último recurso que queda para impugnar los temas de geolocalización y protección de datos de la #LeyTelecom es el amparo.

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