Esta semana: #Ayotzinapa sigue en la mira internacional; Lydia Cacho llega a la #ONU; en #Tlatlaya sí hubo violaciones según la #CNDH; se registran aspirantes para presidir #CNDH; se discute #FueroMilitar en la #SCJN y sigue dando de qué hablar la resolución del amparo #Pabellón13 un caso de defensa del derecho a la salud.

La #PGR descartó que los cuerpos encontrados en fosas fueran de los estudiantes buscados. Tras ello, la Procuraduría expresó que no descansará en la búsqueda de los normalistas movilizando personal judicial y recursos económicos. Diversos actores han tratado de colaborar con las investigaciones de los 43 desparecidos, entre ellos los familiares de las víctimas quienes dicen ya no confíar en la labor de investigación de la PGR y la PGJ de Guerrero, al esfuerzo también se suman la CNDH, la CIDH y el sacerdote y activista Alejandro Solalinde. A nivel de calle, la semana se ha caracterizado por las muestras de solidaridad con los normalistas de #Ayotzinapa y de denuncia del clima de violencia que vive el país, al momento de esta redacción varias escuelas del país se han ido a paro durante 48 hrs en el marco del Día de Acción Global por Ayotzinapa. 

Mientras tanto, los problemas de violaciones a #DDHH se colocan en la opinión pública internacional con un claro seguimiento y crítica de lo que Peña Nieto llama “política de seguridad”,  en prensa internacional resaltan las publicaciones de  El País,  The Financial Times, BBC Mundo.  Incluso la organización The Human Rights Watch declaró que México vive su peor crisis en DDHH desde 1968. A nivel internacional, trascendió también el caso Lydia Cacho, quien con ayuda de Artículo 19 llegó a la ONU para demandar lo que ella llama: 10 años de impunidad en México. La periodista denuncia que la #SCJN no hizo justicia.

En ese tenor el caso  #Tlatlaya se suma a la lista: la CNDH emitió la recomendación 51/2015 por la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya en la que están vinculadas personas del Ejército. La recomendación fue dirigida a la Sedena, la PGR y la PGJEM. Con todo, esto no ha ayudado para mejorar la percepción que tienen de la Comisión las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos. Diversas organizaciones se han pronunciado porque el proceso de elección del titular de este órgano autónomo sea lo más transparente posible, y varios actores reconocieron que esta institución ha perdido credibilidad ante la sociedad mexicana. Es en ese contexto en el que se dará el proceso de designación de Ombudsman.

Después de destrabar los acuerdos para la publicación de la convocatoria en el Senado, el PAN decidió no dar ningún trato preferencial a Raúl Plascencia y sumarse a la interpretación del PRI y el PRD, en el sentido de que su derecho a seguir en el puesto se refiere a una reelección, no a una ratificación, por su parte MC y Panal se pronunciaron tajantemente en contra de la reelección. La convocatoria fue publicada el pasado jueves 16 de octubre y hoy miércoles 22 de octubre se cierra el registro para aspirantes a la titularidad. Al momento de esta redacción se han otorgado dos licencias con miras a la candidatura: la de Ricardo Bucio como presidente del CONAPRED y la de la priísta Miriam Cárdenas Cantú. Además,  se han registrado Laura Gómez Ortiz (ex visitadora de la CDHDF); Carlos Pérez Vázquez (coordinador de los Derechos Humanos de la SCJN); Miguel Nava Alvarado (Ombudsman de Querétaro); y José Luis García Salazar (defensor de los Derechos Humanos de la Comarca Lagunera).

 La SCJN negó un amparo a un soldado implicado en dejar pasar drogas por la frontera. Se argumentó que al tratarse de un delito contra la salud debía ser juzgado por un tribunal civil. Sin embargo, la Corte validó el artículo 57, fracción II del Código de Justicia Militar que determina que  “si no está involucrado un civil, quien debe conocer o es competente para juzgarlo [a un militar] es el tribunal militar”. Por ello la prensa nacional difunde que la Corte amplió el #FueroMilitar en casos de delitos contra la salud por militares.

Otra noticia que ha trascendidos fue que la Segunda Sala de la SCJN concedió un amparo a un colectivo de usuarios del INER que pedían condiciones adecuadas para tratar a las personas con VIH. El caso es mejor conocido como #Pabellon13 y surgió tras una omisión de las autoridades del Instituto para construir un pabellón especial para pacientes con VIH, a pesar de que el presupuesto había sido otorgado, lo que provocó una lucha para que las autoridades del Estado mexicano cumplieran con su responsabilidad de proteger los Derechos económicos, sociales y culturales (#DESC). En los siguientes meses será importante darle seguimiento a la ejecución de la sentencia y a los efectos que tendrá esta resolución para la protección del derecho a la salud.