Comenzamos la semana con el intenso debate alrededor de la llamada #LeyBala y sus consecuencias: un menor de edad murió en Puebla por las heridas causadas tras recibir un impacto de una bala de goma en una manifestación. El hecho trasciende porque tras la aprobación de la ley en el estado que gobierna el panista Rafael Moreno Valle, muchas y diversas voces se alzaron contra la legislación aduciendo que atentaba contra la libertad de expresión y otros derechos humanos. Tras la ominosa consecuencia de la ley, el gobernador ha mandado una iniciativa al congreso local para abrogarla. Con todo, habría que apuntar dos cuestiones: la primera es que  aunque se abrogara la ley, esta seguiría vigente hasta que no hubiera otra que la sustituyera; la segunda es que es indispensable que se haga una evaluación seria y concienzuda sobre el uso de armas por parte de las policías para controlar manifestaciones. Una democracia no puede permitirse ensayar medidas de seguridad que tras su fracaso sean borradas del mapa: cuando se van a implementar legislaciones tan delicadas como la ley citada, es fundamental hacer un análisis exhaustivo de sus consecuencias e implementarla solo si existe la certeza de que una ley así ayudaría a solucionar un problema tan delicado que no admite otra salida.

En la agenda jurídica, sigue dando de que hablar la instrumentación e implementación del Sistema Penal Acusatorio. El panorama de voces va desde el entusiasmo y pasa por el escepticismo y hasta la reprobación del proceso de la implementación. Lo cierto es que se trata de una modificación sustancial al sistema de justicia mexicano que requiere mucho esfuerzo y recursos, y se enfrenta a muchos obstáculos: la falta de capacitación o de voluntad, así como la desconfianza son algunos de ellos. Es complicado hacer un pronóstico de lo que pueda suceder en este proceso, lo que sí es posible decir es que es importante tener en cuenta que el sistema no actúa por sí solo y que es necesaria una gran voluntad humana para darle sentido a este nuevo paradigma.

Hoy miércoles 23 de Julio, varias organizaciones campesinas, realizaron marchas y otras protestas en reclamo de la aprobación en el Senado de la República de las leyes secundarias de la #ReformaEnergética. Uno de los principales reclamos de las organizaciones es la introducción de la figura de la “ocupación temporal” de terrenos presente en la ley de hidrocarburos, que dicen, altera por completo a las distintas modalidades de propiedad en México. Según esta posición, dicha “ocupación” autoriza a que el estado, aún sin contar con el aval de ejidatarios o propietarios de la tierra, tenga la facultad de permitir que se instalen empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos en dichos terrenos por el tiempo que estas requieran para explotar dichos recursos. Habrá mucha discusión alrededor del tema de la propiedad y de la soberanía en los próximos meses, por el momento es importante señalar que la discusión dentro del terreno parlamentario está prácticamente agotada y que ahora será materia de debate en el poder judicial. Recordemos que aún queda pendiente de resolver la procedencia de la consulta popular respecto a la reforma y que es probable que en los siguientes meses se presenten amparos y otros recursos con los que se intentará modificar la reforma.

Aún estamos a la espera de una lista oficial con los nombres y perfiles de los candidatos para ocupar el puesto de Consejero que dejó vacante la salida de César Jáuregui en marzo pasado en el Consejo de la Judicatura Federal. La revista Proceso ha mencionado que sería Germán Martínez, ex-presidente del PAN, quien sería designado para el puesto, pues el asiento que dejó Jáuregui está reservado para este partido. Si bien es cierto que los partidos “fuertes” se han turnado la designación de los consejeros y que, según esa rotación en efecto le tocaría a Acción Nacional, por el momento la indicación de que Germán Martínez será Consejero es solo una especulación. En ese sentido habrá que esperar una lista oficial para comenzar el análisis de la designación.