Editorial 25 de septiembre

Caso Tlatlaya, arresto de otro integrante de la Tribu Yaqui, el caso del Pabellón 13,  amparo vs. la #LeyTelecom y la posibilidad de una Constitución del DF son los temas de la semana.

Esta semana ha habido mucha controversia en torno al llamado caso Tlatlaya. Se acusa a militares de haber ejectuado de forma sumaria a 22 presuntos miembros de la delincuencia organizada. Los testigos  afirman que los militares asesinaron a estas personas al tenerlas en cautiverio. Por su parte el Ejército argumenta que fueron personas abatidas en un enfrentamiento. Las investigaciones están en marcha y no será sino hasta que éstas se encuentren terminadas cuando se pueda hacer un juicio contundente al respecto. Con todo, es importante anotar que aún si se comprobaran vínculos de las 22 personas con la delincuencia organizada, esto no justificaría bajo ninguna circunstancia una ejecución sumaria. En ese contexto, el ex-presidente Vicente Fox declaró esta semana que “el ejército no está para respetar los derechos humanos”, el acerto preocupa pues si bien es cierto que la salvaguarda de la seguridad es la función principal de las fuerzas militares, esto no significa que estén legitimados para actuar sin respetar los derechos humanos. Fox hizo la afirmación mientras criticaba a Felipe Calderón por poner al ejército en las calles, argumentando que fue eso lo que provocó la crisis humanitaria y de defensa de derechos. Así las cosas, la CNDH promete tener un resultado de su investigación dentro de seis semanas.

Aún no terminaban las noticias respecto al encarcelamiento de Mario Luna -vocero de la tribu Yaqui- cuando se anunció que otro miembro de la tribu -Fernando Jiménez Gutiérrez- había sido apresado por autoridades de Sonora. Las protestas ante esta situación no se han hecho esperar, en Sonora legisladores del PRI y el PRD exigen se discuta la aprehensión de Mario Luna y en el DF intelectuales y políticos exigen su liberación. En el fondo, lo que está en juego es el régimen de autogobierno y autodeterminación de la tribu. Las órdenes de aprehensión giradas contra dos de sus integrantes se dan en el contexto de la defensa que hacen los Yaquis del flujo de un río -que según decreto presidencial de 1940, 50% de él es de su jurisdicción- del cual se quiere desviar su caudal para realizar el llamado Acueducto Independencia.

La Segunda Sala de la SCJN tenía en lista para esta semana el amparo en revisión 378/2014. A este caso se le ha llamado Pabellón 13 y refiere a la omisión del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para la construcción de un Pabellón dedicado al cuidadado de personas con VIH que atienden al hospital. Según los quejosos, el Instituto, después de haber obtenido presupuesto y aprobación, dejó de construir el Pabellón sin que se diera una explicación satisfactoria. Se reclama que con la omisión se vulneran los derechos a la salud, a la vida y a la no discriminación, todo porque los pacientes con VIH del Instituto, al no ser atendidos en las condiciones adecuadas terminan infectándose de otras enfermedades y poniendo en riesgo su vida. El proyecto de resolución, está a cargo del Ministro Pérez Dayán, y en él se propone amparar a los quejosos y exigir a las autoridades competentes que sustenten las razones por las cuales se pospuso la construcción del llamado Pabellón 13. El asunto no fue tratado en la sesión del miércoles y se espera que sea la próxima semana cuando se atienda. La resolución de este caso, según los promoventes, es una oportunidad para la Corte para fijar criterios sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

El día martes 23 de Septiembre la “Red en Defensa de los Derechos Digitales” presentó un amparo -con 50 quejosos- en contra de los artículos 189 y 190 fracciones I, II y III de la “Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” conocida como #LeyTelecom. El amparo argumenta que tanto la Geolocalización como la Retención de Datos contenidas en los artículos señalados, son facultades que vulneran la vida privada de las personas en tanto que permite a varias autoridades indeterminadas acceder a datos personales de los ciudadanos sin los controles adecuados que requieren este tipo de medidas. Por su parte el PRD presentó otro amparo contra la misma ley, que según Jesús Zambrano, se concentra en la defensa de la competencia, la justicia, los derechos humanos y las radios comunitarias. Estos amparos se suman al que presentó en meses pasados Marcelo Ebrard, estos recursos son la última oportunidad para que el Poder Judicial se pronuncie sobre los alcances de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En medios nacionales se ha apuntado que la reforma política para el Distrito Federal tiene ya consenso y que en ella se incluye la redacción de una constitución local. El asunto reviste de interés porque es una lucha político – jurídica que lleva ya varias décadas y que podría significar un cambio sustancial en la forma de entender jurídicamente a la capital del país. En todo caso, la pregunta de fondo es hasta qué punto una constitución para la Ciudad de México supondrá una mejoría en la protección de los derechos de los habitantes del Distrito Federal.

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