Editorial 8 de octubre

Siguen sin esclarecerse los crímenes de Ayotzinapa; en los próximos días debería publicarse la convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH; el Ministro Valls pide licencia de un mes por cuestiones de salud; otorgan premio de Derechos Humanos a abogada mexicana.

El caso de Ayotzinapa en Guerrero, en el cual más de 30 estudiantes de la escuela normal permanecen desaparecidos tras una obscura emboscada la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala que, según algunos medios parece involucrar a policía municipal y presuntos miembros del crimen organizado, sigue arrojando evidencias poco alentadoras: 28 cuerpos han sido encontrados calcinados en fosas clandestinas, aunque aún no existe claridad sobre la identidad de los cuerpos; el alcalde enfrenta un proceso de desafuero y hay sospechas de que pudiera ser responsable del caso; hay discrepancias entre el número de desaparecidos. Mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno mexicano que aplique medidas cautelares para aquellos que se encuentran en el hospital por consecuencia del enfrentamiento; el presidente de la república califica de incaeptable el crimen y afirma que no habrá impunidad; el PRD se trasladó en una caravana escoltada por la Policía Federal hacia el lugar de los hechos; y en el Distrito Federal los padres de los desaparecidos han convocado a una marcha para exigir al gobierno la atención del problema. Muchas cuestionantes giran alrededor del caso: desde la relación del gobierno, con el crimen organizado; la debilidad del Estado; y hasta si se trata de un crimen de lesa humanidad que pudiera implicar un juicio ante algún tribunal internacional.

Existe expectativa entre la sociedad civil por el proceso de designación para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se esperaba que la convocatoria estuviera lista para esta semana, sin embargo aún no ha sido publicada. Mientras tanto organizaciones de la sociedad civil lamentan la actuación de la Comisión en casos emblemáticos e incluso exigen un juicio político contra su actual titular Raúl Plascencia Villanueva. Angélica de la Peña ha declarado que en el proceso de selección no se favorecerá a nadie y que Raúl Plascencia deberá participar en el proceso en igualdad de condiciones ante los otros candidatos.

Trascendió en días pasados la noticia de que el Pleno de la #SCJN otorgó licencia al Ministro Sergio Valls para atender una cuestión de salud. El ministro se había ausentado a las sesiones tanto de Pleno como de Sala desde Julio, lo que provocó mucha especulación acerca de su estado de salud. La licencia que tiene aprobada es por un mes y no puede extenderse por parte de la Corte, pues la Constitución establece que una licencia de mayor tiempo tendría que darla el Presidente con aprobación del Senado de la República. Según el comunicado que publicó la SCJN, el Ministro Valls fundamenta su petición en la necesidad de certidumbre para los debates y dedicarse enteramente a un tratamiento médico.

La abogada mexicana Alejandra Ancheita, fundadora y directora de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDesc), recibió el martes pasado el premio Martin Ennals, un reconocimiento que se otorga a defensores de derechos humanos. En un mensaje publicado en la página de ProDesc, Alejandra dijo que esperaba que el premio trajera “luz pública sobre la situación en México“, refiriéndose a la situación de violencia que aqueja al país. Por su parte, los medios de comunicación califican el premio como el “nobel de los derechos humanos” y destacan que es la segunda vez que se otorga el premio a una persona de nacionalidad mexicana, siendo el Obispo Samuel Ruiz, el primero en recibirlo en 1997. Es importante recordar que el premio se da a defensores de derechos humanos que por alguna razón han visto en riesgo su integirdad con la intención de hacer pública su labor, así que el premio no es sólo un reconocimiento a la labor hecha por defensores de derechos humanos, sino un llamado a sensibilizar a la sociedad sobre el riesgo que conlleva la labor de defensoría.

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