Desde la semana pasada trascendió la noticia de que la 1ª Sala de la SCJN decidió amparar a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART). La decisión supone que las y los quejosos obtendrán un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para cultivar, usar y transportar marihuana para consumo personal y recreativo. Esto es, solo las cuatro personas que conforman SMART y que promovieron el amparo tendrán derecho a ejercer su libertad para las citadas actividades, cualquier otra persona que lo haga seguirá sometida a la legislación vigente. Por supuesto, la decisión de la 1ª Sala sienta un precedente para futuros amparos que versen sobre la misma cuestión, lo que abre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano sean mucho más que cuatro las personas autorizadas para el consumo recreativo de cannabis y que el debate sobre la política de drogas en México cambie de dirección. Con todo, eso no quiere decir que el consumo o la producción de la marihuana sean ya legales en México.

Todo lo anterior contrasta con la cobertura que ciertos medios de la prensa nacional e internacional al tema. Días antes de que la SCJN discutiera el amparo, en Twitter, Facebook, televisión, radio y medios impresos se vieron titulares y mensajes que rezaban cosas como: “Ministro propone legalizar mariguana con fines recreativos”. O tal y como sugirió el periódico El País después de la decisión: “México legaliza la marihuana con fines recreativos”. Esta información provocó confusión ante la decisión de la SCJN, pues lo que estaba en juego no era la legalización de la marihuana, ni era parte de la propuesta la legalización -por lo demás fuera de las facultades de la Corte- sino la posibilidad de que cuatro personas obtuvieran un amparo para que la COFEPRIS les otorgara un permiso (que les había negado antes) para poder utilizarla legalmente. Claro está que la decisión del Alto Tribunal puede generar un debate sobre la legalización en el Congreso de la Unión y entre las autoridades administrativas, sin embargo es importante tener claridad de que no es lo mismo otorgar un amparo a cuatro personas, que legalizar. La confusión provocada por la mala información y las ansias de vender explican en alguna medida que después de la decisión el Poder Ejecutivo buscará aclarar los alcances de la decisión en una rueda de prensa.

En el pasado hemos insistido en que Justicia Abierta implica la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana dentro del poder judicial. De la misma manera hemos argumentado que para poder lograr esas condiciones es necesario desarrollar una cultura jurídica que permita que ciudadanas y ciudadanos comprendan su derecho y la labor de los tribunales. Si los ciudadanos nos sentimos ajenos a nuestro derecho o las decisiones de nuestros tribunales, difícilmente podremos construir un Estado con Justicia Abierta. Y, como se dijo en la Cumbre Global para el Gobierno Abierto, la Justicia Abierta es necesaria porque generaría confianza en el poder judicial y el derecho, que son escenarios indispensables para la construcción de un Estado de Derecho. Esto requiere de políticas públicas encaminadas a lograrlo, así como la colaboración de especialistas y medios de comunicación que faciliten los canales institucionales y civiles por donde correrá la información.

Así, la falta de cuidado de los medios de comunicación para reportar noticias como la de la semana pasada puede generar panoramas de Justicia Cerrada (y por lo tanto desconfianza en el derecho y la justicia) por dos vías:

1.- Generar información incorrecta o deliberadamente modificada provoca confusión en la ciudadanía y poca comprensión sobre los fenómenos jurídicos. En este panorama, el proceso de Justicia Abierta se ve coartado en uno de sus eslabones fundamentales: la comunicación social. Si después de una decisión de un tribunal no se comprende la decisión, el derecho y la justicia se presentarán como ajenos a la sociedad lo que profundiza la idea de que estar al tanto de la labor del poder judicial no vale la pena.

2.- Generar información incorrecta o deliberadamente modificada provoca desconfianza del poder judicial y los operadores jurídicos hacia los medios de comunicación. Desde esta perspectiva, la justicia tiende a cerrarse porque los protagonistas de la decisión y el debate preferirán no exponerse ante medios que tergiversen la información (voluntaria o involuntariamente). Así juezas y jueces se encierran en sus tribunales, lo que provoca que se profundice el distanciamiento entre poder judicial y sociedad.

Ahora, vale la pena mencionar que para este caso la SCJN tuvo el atino de explicar el alcance y las consideraciones del proyecto a través del Ministro Zaldívar, que fue quien propuso el proyecto de resolución para el amparo. Esto generó claridad, además de cercanía con la Corte. Si a esto agregamos que el proyecto de resolución estuvo disponible para el escrutinio público desde la página de internet de la Corte y que múltiples especialistas dedicaron espacios en los medios de comunicación para aclarar el sentido del proyecto o para criticarlo, podemos concluir que se generaron condiciones idóneas para generar Justicia Abierta.

En conclusión, tuvimos tensión entre Justicia Abierta y Cerrada, entre medios de comunicación imprecisos y con información errónea a medios de comunicación comprometidos con el rigor informativo. Se ha dicho que esta decisión de la Corte generará un precedente importantísimo para la discusión sobre la política de drogas y las libertades. Ojalá también generara un precedente sobre lo que debe ser Justicia Abierta y lo que no lo es.

]]>