El enunciado once personas detenidas de forma arbitraria al terminar la manifestación por la desaparición de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos es devastador para el sistema de derechos de humanos de un estado y de las bases del sistema democrático. Es devastador porque significa que el estado viola los derechos humanos cuando la sociedad protesta porque se están violando otros derechos humanos. Esta situación muestra las llamadas “crisis” por las que atraviesa el país: crisis de estado, crisis de las instituciones, crisis de los derechos humanos, crisis de seguridad.

Los casos de Ayotzinapa y de Tlataya son una muestra de una situación que se venía documentando desde hace años. Las desapariciones forzadas no son recientes en el país y las ejecuciones extrajudiciales de las que dan cuenta las miles de fosas clandestinas descubiertas en los últimos años alertaban de la gravedad de estas prácticas recurrentes en el estado mexicano. A su vez, el caso de Ayotzinapa muestra que las redes de corrupción establecidas a partir de la clase gobernante con los grupos de delincuencia organizada pueden no reducirse a Iguala y que en una buena cantidad de municipios del país la situación podría ser similar a la del municipio guerrerense. Por si fuera poco, el escándalo de la “Casa Blanca” y la cancelación de una licitación de obra pública de grandes dimensiones exhiben un caso de conflicto de interés a favor de empresarios nacionales y extranjeros que involucra al presidente de la república. En ese contexto se ha dicho que el estado mexicano está en crisis o es un estado fallido.

La respuesta de la crisis del Estado no es la única posible. En otros aspectos el estado mexicano actúa de forma eficiente cuando conviene a los intereses de diferentes poderes fácticos poco democráticos. En cuanto a su función legislativa, el Estado mexicano estuvo dispuesto y actuó de forma eficaz para aprobar las reformas estructurales acordadas por la dirigencias partidistas y el Ejecutivo de forma conveniente a los intereses económicos trasnacionales, sin embargo, el mismo estado ha sido omiso en lo que se refiere a las leyes secundarias de protección de los derechos humanos. En el ámbito del gobierno, hay un estado eficaz y eficiente cuando los gobernantes actúan como agentes corporativos para empresas pero ausentes para gestionar las demandas sociales de la mayoría de la población. Y hay Estado eficaz, en su expresión más violenta a partir del uso de fuerza, cuando se trata de reprimir las manifestaciones y las protestas pero ausente cuando se trata de procurar justicia por los estudiantes desaparecidos o combatir la corrupción.

Estamos entonces ante un estado discrecional, más que fallido, que opera de acuerdo con los intereses de las clases gobernantes y de los poderes fácticos. Esta discrecionalidad rompe el principio de legalidad y el principio de igualdad ante la ley lo que socava por completo el sistema democrático pues sitúa a la sociedad en un estado de total indefensión.

La respuesta de la sociedad ante este Estado discrecional se ha hecho sentir en las marchas recientes, particularmente en la marcha del 20 de noviembre. La reacción de la clase política mexicana, apoyada por medios de comunicación masiva cercanos al régimen, ha sido la misma históricamente: la negación de la protesta, apostar al discurso “de la unidad” y de “los desestabilizadores”, apostar al ocultamiento de los hechos, al control de daños, al olvido de la ciudadanía.

La represión y las detenciones arbitrarias ejecutadas desde ese Estado discrecional tienen el objetivo de inhibir el derecho a la protesta y a la manifestación. Es grave porque con ello se cierra el espacio público y se niega el espacio ciudadano de reunión. Estas acciones atentan contra un espacio protegido por normas constitucionales e internacionales en donde la sociedad se encuentra para expresarse y conocer las expresiones de otras personas. La reunión de la ciudadanía en el espacio público puede detonar acciones colectivas y formas de asociación de la sociedad civil, es un espacio de articulación de demandas y esfuerzos. Las acciones de represión ejecutadas por los agentes del Estado –determinados por una cadena de mando que podría ser identificable- tiene la intención de impedir el ejercicio de libertades públicas por parte de la ciudadanía.

La reacción sorda y violenta de esa clase política que hace un uso discrecional de las funciones del estado es más peligrosa y desestabilizadora de la democracia que el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Ante esa discrecionalidad del estado, solo la sociedad podrá defender esas libertades públicas necesarias para la democracia. Hay que seguir haciéndolo.