Crowdsourcing y derecho

En la última entrega de esta serie explicábamos que la construcción de un derecho en “código abierto” suponía tanto apertura para que la ciudadanía pudiera colaborar en los procesos de creación y modificación del derecho, como cooperación de quienes poseen los conocimientos técnicos más depurados para poder darle un cauce adecuado a los procesos. Con eso en mente, creemos que vale la pena hablar sobre los modelos crowdsourcing o de cooperación abierta que se dirigen a lo jurídico, pues son un buen ejemplo de estructuras de cooperación que exigen la colaboración entre la ciudadanía y las especialistas.

Para empezar expliquemos brevemente lo que se entiende por crowdsourcing: es un término que se ha utilizado para referirse a estructuras de colaboración vía remota, en las que se pretende que un gran número de personas puedan participar para organizar planes de acción, toma de decisiones, creación de material de consulta, etc. Estas estructuras pueden ir dirigidas al espacio privado o al espacio público. Es decir, puede haber un proyecto crowdsourcing para que una empresa privada mejore su marketing o para organizar un festival musical y también pueden hacerse proyectos crowdsourcing cuyo propósito sea redactar legislaciones, compilar propuestas para mejorar algún espacio público o incluso para construir un partido político.

Una de las propuestas más recientes de crowdsourcing dirigidas a lo público que tenemos en México es la que lleva a cabo la plataforma change.org para la redacción de la Constitución de la Ciudad de México: Movimiento #ConstitucionCDMX. En él, la pretensión es darle un espacio a la ciudadanía para expresar lo que necesita y espera de esta nueva constitución para que el Grupo de Trabajo y el Consejo Técnico que redactará el documento lo tomen en cuenta. En iniciativas como esta se hace evidente la necesidad de cooperación entre la ciudadanía y aquellas personas que posean el conocimiento técnico necesario para poder procesar las pretensiones ciudadanas en un documento constitucional.

Es muy posible que entre las propuestas que se viertan en la plataforma change.org haya algunas disparatadas o contrarias a derecho, las cuales se irán descartando paulatinamente (El Grupo de trabajo que redactará la Constitución ha establecido que no tomará en cuenta peticiones que atenten contra libertades y derechos reconocidos a la ciudadanía). Pero aun las propuestas que sean razonables y no adversas al derecho, requerirán de orientación técnica para que puedan ser tomadas en cuenta por quienes al final tomarán la decisión sobre qué estará escrito en la Constitución de la Ciudad de México.

Antes de continuar vale la pena aclarar una cuestión, ciertamente los proyectos crowdsourcing pueden existir sin la necesidad de tecnologías de la información, hay muchos ejemplos en la historia de organización colectiva para lograr un fin: desde pueblos organizándose para construir un templo u obras de arte colectivas, hasta organizaciones políticas internacionales conformadas por individuos de todas partes del mundo que buscan un fin común. Con todo es importante reconocer que las tecnologías de la información han generado las condiciones para que este tipo de proyectos crezcan. La velocidad y efectividad con la que se puede transmitir la información hoy en día ha abierto la posibilidad de coordinar proyectos de largo alcance en un menor tiempo. Las tecnologías han dado un sentido más amplio a los proyectos de colaboración abierta.

Así, los proyectos de colaboración abierta dirigidos a definir el derecho han cobrado mucho más fuerza con el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Académicas, abogadas y especialistas en el derecho (y sus pares masculinos) no pueden ignorar este fenómeno que no en poca medida apunta a la democratización de lo jurídico. Si cada vez hay más propuestas de crowdsourcing que pretenden aumentar la participación ciudadana, se debe a que ahora existen mejores medios para hacerlo, pero también a una cultura democrática que crece. Hay avidez por apropiarse del espacio público utilizando las tecnologías disponibles y por supuesto el derecho es uno de los aspectos del espacio público que está en disputa. Precisamente por ello es que quienes se especializan en el estudio del derecho no deben menospreciar el impacto que están teniendo estos procesos en la conciencia y cultura jurídica de las naciones, si lo hicieran estarían renunciando a colaborar en algo que afecta directamente su disciplina de estudio y también estarían renunciando a fungir como agentes de cambio. En ese sentido, un reto para la educación jurídica contemporánea es capacitar a abogadas y abogados para colaborar en estos procesos democratizadores que han detonado las tecnologías de la información. Ciudadanas y ciudadanos necesitamos que quienes se especializan en el derecho se tomen muy en serio su función democrática de su profesión: generar condiciones para la solución pacífica de los conflictos.

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