Uno de los pilares del Estado Democrático moderno es sin lugar a dudas el Poder Judicial, pero no se concibe como un verdadero poder sin independencia y autonomía interna. La casa de la legalidad y anhelo de justicia debe ser el poder judicial. El sexenio (2011-2016) del Gobernador César Horacio Duarte Jácquez fue aciago para el Poder Judicial del Estado; si en algún momento el Poder Judicial tenía intromisiones de los otros dos poderes, éstas eran esporádicas, pero en este sexenio, el Poder Judicial en Chihuahua se entregó y pasó a ser un organismo al servicio de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, incapaz de brindar justicia pronta y expedita, con los niveles más bajos de credibilidad y en medio de escándalos sin precedente. Todo empezó con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia que ocupó el cargo los tres primeros años del gobierno de Duarte, el Lic. Javier Ramírez Benítez desatendió por completo su función como presidente y pasó a ser un edecán del ejecutivo, acudiendo a todos los eventos del gobernador aunque nada tuvieran que ver con la impartición de justicia, denigrando la excelsa función jurisdiccional y dejando acéfala la dirección y solución de los problemas cotidianos que se presentaban en los tribunales, y quien mandaba en su lugar, era una jueza muy allegada al Lic. Ramírez Benitez, a quien le llamaban “la vicepresidenta”. Para terminar de enfangar al Poder Judicial, en materia penal se le empezó a dar línea a los juzgadores, para que no hubiera sentencias absolutorias, todo para dar gusto al Gobernador y al Fiscal General. Un ejemplo de ello fue el caso RUBÍ, asunto en el que los jueces fueron coaccionados para renunciar por una decisión que si fue acertada o no, había los medios legales o disciplinarios para enmendar la situación pero lejos de ello, el gobernador ordenó su suspensión y cese definitivo. Además, en estos tres años, el poder judicial apoyó una serie de contra reformas al Sistema de Justicia Penal, que de garantista, pasó a ser mixto con tendencia inquisitiva, vg. Imponiendo al juez natural la obligación de prolongar la prisión preventiva, aún en el caso de que se dicte sentencia absolutoria, hasta que su decisión sea revisada por un tribunal de alzada, y el mismo arraigo declarado inconstitucional, fue sostenido por el gobernador con anuencia del poder judicial.

En el ínter de cambios de presidencia, el gobernador ordenó la creación de dos salas en su natal Parral (en donde el número de asuntos no lo requería), y obviamente el Pleno lo autorizó y ambas salas tenían dedicatoria, sus titulares Lic. Otilia Flores y el Lic. Gerardo Acosta, y en Ciudad Juárez, también se entregó una Sala vacante al Lic. Marco Tulio Cano. Y, todos ellos contaron con los exámenes previos contestados y orquestados por el Lic. Mario Trevizo. Claro es entender que no tuvieron problemas para ser los mejores. Y ocurrió lo mismo cuando el Lic. José Miguel Salcido presentó su examen para Magistrado, éste se le había entregado previamente ya resuelto, para que no tuviera problemas, y aún así, una aspirante a la Sala lo superó, sin embargo la orden del gobernador fue tajante.

Después de tres años, el pleno eligió al Licenciado José Alberto Vázquez Quintero como Magistrado Presidente y esta vez el ejecutivo giró instrucciones para que solo fuera por corto tiempo porque tenía planes para el futuro inmediato, pues propuso al Congreso la creación de una Sala de Control Constitucional (por cierto inconstitucional), y ya le tenía candidato: el Lic. José Miguel Salcido Romero, quien una vez que fue electo por el Congreso como Magistrado de tal Sala, sólo duró dos meses y medio en el encargo, y después de que obligaron a Vázquez Quintero a renunciar al cargo de Presidente -aduciendo salud-, el Pleno (en esta ocasión aliado con Duarte) eligió al Lic. José Miguel Salcido Romero como Presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir de nunca haber trabajado en el Poder Judicial del Estado, en dos meses y medio pasó a ser Presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero además con franca violación a la Constitución pues venía de ser funcionario de primer nivel en el ámbito electoral. A partir de que asumió el cargo, siguió con la línea de condena sistemática en los asuntos penales de alto impacto con o sin pruebas, y se dedicó a crear y crear plazas, sobre todo para puestos administrativos, trasladando el personal del Tribunal Electoral del Estado al Poder Judicial, y en vía de ejemplo dejó al Lic. Leo Alvarado como magistrado.

Pero nada parecía suficiente, así que en dos mil catorce, Salcido Romero y el Pleno, promovieron con los poderes ejecutivo y legislativo una reforma constitucional para jubilar de manera forzada a la mayoría del pleno; es decir, se deshicieron de los magistrados más experimentados, más valiosos, y más valientes, porque les estorbaban, y se les notificó que concluía su encargo, cesándolos en sus funciones, y todo, para crear sagazmente: “TRECE VACANTES PARA MAGISTRADO”. En el mismo paquete de reformas se ELIMINÓ CONVENIENTEMENTE la exigencia de hacer un exámen para aspirar a ser Magistrado, dejando la decisión de su elección a una Comisión Especial conformada por un representante del poder legislativo, otro del poder ejecutivo y otro del poder judicial, quienes, aunque parezca increíble, eligieron las trece ternas que propusieron al Congreso, y, se desconocen los criterios, razones, méritos o cualidades en base a los cuales los eligieron, porque nunca se publicitaron.

De esas ternas el Congreso eligió a los trece Magistrados que forman parte de los veintiséis que conforman el Pleno del Poder Judicial del Estado. Cabe citar que el ahora Presidente del Tribunal Superior de Justicia es uno de ellos, y otro, el lic. Jorge Abraham Ramírez -mano derecha de César Duarte-, el primero, venía de ser diputado y de conformidad con el artículo 116 de la constitución del estado no podía ocupar el puesto de magistrado, y aún así lo ocupó y además es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. El segundo, tras perder las elecciones para presidente municipal en Cuauhtémoc, ideó la reforma citada, y su premio fue hacerlo magistrado; dicho sea de paso, sin conocimiento de las funciones y continuó asistiendo a los eventos políticos del gobernador Duarte, y el colmo, presidiendo el CISPEN, manejando fondos públicos y su salario como Magistrado.

La casa de la justicia en manos de la injusticia y la corrupción.

Aunque parezca grotesco, el gran orgullo del fiscal González Nicolás y del gobernador César Duarte, ha sido, presumir que Chihuahua es el Estado con más sentencias condenatorias dictadas y cumplidas, como si ello fuera sinónimo de “Justicia”.

Como si todo lo narrado no fuera suficiente, Chihuahua se enfrenta a un problema aún mayor, el pasado 26 de septiembre se lanzó convocatoria pública para elegir a 76 jueces en el Estado, civiles, civiles por audiencia, penales, familiares, mixtos y de ejecución de penas en materias civil y penal, y los lineamientos no garantizan un proceso de selección justo y transparente, primero, porque el Comité de Selección estará integrado por gente leal y fiel a Duarte, y segundo, porque es el Comité es el que hará y calificará el exámen de conocimientos -como primer filtro de candidatos-, y el que evaluará las entrevistas y exámenes prácticos y finalmente, el que eligirá a los futuros jueces. Luego, si consideramos la forma en que los Magistrados fueron elegidos y todas las anomalías que se han cometido a lo largo de estos seis años, es un hecho, que una vez que elaboren los exámenes, los pasarán a “sus candidatos” quienes lógicamente podrán obtener las mejores calificaciones, excluyendo así a gente que pudiera ser más valiosa, pero que por una respuesta mal, quede fuera del proceso de selección.

Se debe mencionar también, que el Tribunal Superior de Justicia cerró 30 juzgados menores, centralizando la justicia y negando acceso a ella a aquéllas comunidades más alejadas, y cabe decir, más pobres, y ¿esa es la justicia pronta y expedita que el Estado debe garantizar?

Haber colocado a personas sin experiencia (excluyendo algunos) para tomar la última decisión en un proceso civil, familiar o penal, es algo muy delicado, pero que tanto las cabezas como 76 jueces en el Estado sean gente fiel a los intereses del ex gobernador, es algo inaceptable, pues quienes sufrirán las consecuencias de cada decisión equivocada, ilegal, inconstitucional, inconvencional, etc. serán las partes en los juicios civiles o familiares, los justiciables y víctimas en los asuntos penales, y la sociedad en general que padecerá las consecuencias de cada decisión

A una semana de terminar el mandato el Gobernador Duarte envió reforma constitucional para la creación de un consejo de la judicatura, como candado para continuar con la impunidad, y para resguardar a los 13 Magistrados y a los 76 que se pretenden nombrar, y todo ante la avalancha de consignaciones que se avecinan a partir del descubrimiento de magnos fraudes en todas las instancias de Gobierno. La oposición de algunos legisladores, la petición de las barras y colegios de abogados del estado y de amplios sectores de la sociedad para pedir una consulta ciudadana, fue desdeñada.

Solo con la Intervención de organismos internacionales podemos lograr que el derecho humano a la justicia sea una realidad.

Sobre la autora:

María Auxilio Montero