Un informe de gobierno debería ser un momento político importante en la relación de Ejecutivo con el Congreso por un lado y con la sociedad. Ese informe debería permitir el análisis sobre el estado de la administración pública federal y sobre algunos de los temas particulares que el informe abarca. No es el caso del Tercer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto que no es otra cosa más que un compilado de spots que se emiten de forma unidireccional en donde no encontramos información sino propaganda respecto de algunos “logros” obtenidos por el actual gobierno.

Un ejemplo de ello es el tema de los derechos humanos. Un rubro fundamental en los sistemas democráticos y que a partir de un Informe deberíamos tener elementos para analizar la actuación de la administración pública en dicha materia. Si tratamos de analizar el mensaje del Presidente y el Informe enviado al Congreso podemos distinguir tres aspectos relativos a tema de los derechos humanos.

En el primero de ellos podríamos ubicar las violaciones graves a los derechos humanos que entre septiembre de 2014 a la fecha han sacudido a la sociedad mexicana y son muestra de la crisis de derechos humanos que afecta al país y de la manera en la que la administración pública ha respondido ante ella. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero; las ejecuciones extrajudiciales en Tlataya, Estado de México o en Tanhuato, Michoacán o los ataques sistematizados a la libertad de expresión y a las personas defensoras de derechos humanos son algunos de estos sucesos que además de graves comparten la característica de impunidad. Ni en el Informe de Gobierno o en el mensaje presidencial se da a conocer algún tipo de información sobre avances en estos casos. Esto muestra la forma en la que la administración responde a la sociedad: no afrontar las responsabilidades por las omisiones y acciones de sus decisiones gubernativas, minimizar la exigencia social y responder con propaganda.

El segundo aspecto que habría que analizar en materia de derechos humanos en el Tercer Informe de Gobierno son los avances, si es que los hay, en metas concretas, medibles y cuantificables que respondan al eje México en paz del Plan Nacional de Desarrollo en el que ubicamos en el punto 1.5 “Garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos y erradicación de la discriminación”. En este rubro del Informe es en el que se ubican la mayor cantidad de resultados sobre los avances en materia de Derechos Humanos. Este rubro dividido en cuatro líneas expone datos que van desde la instrumentación de una política de Estado en materia de derechos hasta la atención a las víctimas u ofendidos. Presentados de esa forma, los order phentermine online datos proporcionados por las autoridades no permiten ver la dimensión real del problema de los derechos humanos en el país, ya que al considerarse como parte del rubro de México en paz se resaltan los contenidos relacionados con seguridad pública y derechos de tutela judicial pero se dejan de lado otros derechos humanos. Los datos que se presentan poco se refieren a resultados concretos: la mayoría son relativos a “capacitación”, “impulso”, “firma de acuerdos o convenios”, elaboración de “protocolos”, “promover acciones”, “establecer mecanismos”, “armonizar leyes”. No hay datos claros y concretos de cómo se están garantizando de forma específica y concreta los derechos humanos desde la administración pública.

El tercer rubro que vale la pena analizar para poder tener diagnósticos más concretos de la situación de la administración pública federal y los derechos humanos es la actuación de varios órganos de la administración pública federal (APF) -centralizada y paraestatal- encargados de la protección y https://health-e-child.org/buy-modalert-online/ garantía de algunos derechos humanos: el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) respecto de los derechos de la mujer; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para los pueblos indígenas; CONAPRED para combatir la no discriminación; Instituto Nacional de Migración para los derechos de migrantes; CONAGUA para el derecho de acceso al agua; PROFEPA para el derecho a un medio ambiente sano; la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o la Procuraduría Federal del Consumidor para los derechos patrimoniales; la Comisión Nacional de Deporte para el derecho de acceso a cultura física y el deporte; el Conaculta para efectos del política públicas relacionadas con el derecho a la cultura etc. Todos estos órganos son parte de los recursos que tiene el Estado para asegurar la tramadol hcl realización efectiva de los derechos humanos y en el Informe no da cuenta de los resultados concretos –por lo menos no desde un enfoque de derechos humanos- de estas instituciones y de sus programas y de sus políticas públicas.

Por último, entre las propuestas y nuevos decálogos, se propuso un acuerdo nacional para mejorar la justicia cotidiana. No se dijo más del acuerdo, ni como materializarlo. Recordamos que dicho Informe apuntaba más a modificaciones a las prácticas y hábitos del Poder Judicial y particularmente de los Poderes Judiciales locales. Siendo así, la injerencia que pueda tener el Ejecutivo para atender esto es mínima. Impulsar un acuerdo, es como todo, una propuesta una buena intención. Nadie puede estar en contra de acordar modificar la forma en la que se imparte la justicia, el problema como todo son las formas de materializarlo.

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