Informe sobre Justicia cotidiana fue elaborado y los resultados presentados esta semana. Este informe es la reiteración de un diagnóstico ya conocido sobre la justicia mexicana, una justicia casi inexistente. Las conclusiones a las que llega el informe no son originales ni novedosas: los procesos relacionados con el acceso a la justicia son largos y costosos; existen grandes obstáculos para el acceso a la justicia; la función jurisdiccional se percibe lejana, incomprensible y esto incrementa la desigualdad social. Esta concepción respecto de la situación de la justicia en México coincide en buena medida con otros diagnósticos como el del World Justice Project-Rule of law. Sin embargo, lo que aporta este diagnóstico elaborado por el CIDE es que se pudo documentar esta concepción de la administración de justicia con las experiencias y testimonios expuestos en los foros de consulta realizados en diferentes puntos del país. Una aportación importante pues una evidencia empírica documentada de tal complejidad es sumamente útil y permite el diseño de metodologías concretas para resolver problemas específicos respecto de los sistemas de justicia. Tampoco en lo que se refiere a las propuestas generales el informe es original. Algunas de estas propuestas son obligaciones constitucionales (como promover una cultura de derechos humanos); otras ya se encuentran establecidas en leyes (impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos); y sobre varias ya hay iniciativas en las cámaras (p.e. garantizar un ejercicio responsable de la abogacía). Otras no son propiamente propuestas -como “crear instancias de diálogo”- sino que parecen más una serie de recomendaciones de lo que debería ser una práctica constante en todas las instituciones de justicia en un sistema democrático. Además de las propuestas concretas el informe propone líneas generales de lo que llama el gobierno judicial. El gobierno judicial consiste “generar todas las condiciones necesarias para que el sistema de impartición de justicia funcione con calidad: tribunales accesibles; respeto a la dignidad de la persona y que los procesos resuelvan efectivamente los conflictos que los generaron”. Este gobierno judicial se sostiene en tres ejes: garantizar la independencia judicial con jueces autónomos; condiciones materiales para el ejercicio de impartición de justicia y mecanismos de supervisión- vigilancia de la función jurisdiccional. Esto tampoco resulta una aportación novedosa del Informe, pues sobre dichos ejes se ha escrito mucho y hay mucha experiencia comparada. Seguramente, no era el objetivo del informe aportar un diagnóstico novedoso de la administración de justicia en México ni tampoco hacer una serie de propuestas originales e innovadoras para rescatar al sistema de justicia mexicano. Sería muy pretensioso intentarlo. Sin embargo, el Informe aporta una visión singular: no busca una gran reforma judicial como solución perfecta y universal para todos los problemas sino que apunta a los diseños micros de las instituciones, evaluables y reajustables, bajo la hipótesis de que los pequeños cambios pueden modificar el entorno macro, siempre y cuando estos pequeños cambios atiendan al contexto cultural en particular y que cumplan con las expectativas de justicia de las partes en conflicto. El informe propone una mejora gradual y enfocarse en modificar condiciones concretas de operación de las instituciones y crear incentivos para actores sociales que se relacionan con ellas y no en grandes reformas legislativas. Otro aspecto importante que el Informe plantea tiene que ver con los poderes judiciales locales. De acuerdo con el diseño constitucional vigente, la justicia cotidiana es una justicia mayoritariamente local. El Informe da cuenta de la precaria situación de la justicia local en las entidades federativas. Estos poderes atraviesan por una crisis institucional y de confianza respecto de la calidad en la impartición de justicia y su independencia de poderes políticos o fácticos. La mayor parte de las conclusiones y propuestas del Informe sobre Justicia Cotidiana apuntan justo a las justicias locales y recomienda que la intervención de las autoridades federales debe ser la excepción y no la regla. Si el diagnóstico respecto de la precariedad de la justicia cotidiana ya era conocido; si las propuestas respecto de su mejoras ya han sido legisladas o están en proceso y si la mayor parte de las conclusiones se refieren a los sistemas de administración de justicia local, queda la pregunta de ¿después de este informe, qué sigue? Si la propuesta no es una reforma judicial integral y se recomienda que las autoridades federales no intervengan ¿qué debe hacer Presidente con el Informe? Si no se trata de grandes reformas, sino de cambiar ajustes y cambios en los diseños institucionales ¿Es el Poder Judicial Federal el que responderá y atenderá ese informe? Si el problema es la justicia local en las entidades federativas, ¿cómo le hacemos? ¿Se lo dejamos a los gobernadores?¿A los poderes judiciales locales?]]>