Justicia Abierta (Open Justice) lo podemos encontrar en su añeja tradición constitucional. Según algunos de ellos, ya la Magna Charta del s.XIII (con la que los magnates ingleses obligan a Juan Sin Tierra a reconocerles una serie de derechos individuales inviolables por la corona), suponía juicios públicos que permitieran certeza y claridad sobre la forma de administrar justicia. Los ingleses, suponen que para su tradición jurídica la apertura de la justicia es una condición necesaria para la correcta administración de justicia.  Así, tribunales abiertos a la sociedad permiten que ésta pueda experimentar la dimensión social del derecho y así confiar en las instituciones jurídicas. Tomémosle la palabra a los ingleses: la Justicia Abierta ayuda a construir condiciones que le permitan a la sociedad confiar en el derecho y la justicia. Pero ¿qué necesitamos hoy para lograr esa confianza? Me parece que hoy sería indispensable un trabajo profundo en materia de transparencia y rendición de cuentas desde los tribunales, que incluya a operadores jurídicos, sociedad civil y prensa. Justicia Abierta significa publicidad de juicios y apertura de datos sí, pero con formatos accesibles que puedan ser manejables por todas y todos los ciudadanos (todo esto respetando los datos personales claro está). Sentencias, acuerdos, estadísticas judiciales y protocolos de actuación para juzgadores son datos que son útiles sólo si son diseñados desde una perspectiva de comunicación bidireccional y participación ciudadana, donde los datos producidos por los poderes judiciales pueden ser reutilizados para diagnosticar sus problemas y donde la ciudadanía tiene la información suficiente para iniciar un debate público sobre temas jurídico-judiciales. Es frecuente que percibamos los poderes judiciales como obscuros, pero también que éstos tengan datos que la ciudadanía podría utilizar para entender mejor sus derechos, que las organizaciones de la sociedad civil podrían utilizar para hacer diagnósticos adecuados sobre los problemas de administración de justicia y que la prensa podría manejar para incentivar el debate público. Tener datos encerrados en archiveros (ya sean físicos o electrónicos) o encriptados por un lenguaje de “iniciados” es un desperdicio enorme de recursos públicos y también de posibilidades de colaboración democrática. A pesar de algunos esfuerzos por solucionar estos problemas, hoy no es difícil afirmar que en México la efectividad del derecho y la justicia siguen apareciendo como agendas pendientes para nuestra sociedad (consúltese el índice de World Justice Project como un ejemplo). El problema no es menor si consideramos que una sociedad que no confía en la justicia y el derecho, es una sociedad más propensa a incursionar en el terreno de la justicia por propia mano.

¿Qué hacer?

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel clave en la transformación de la relación poder judicial-ciudadanía y derecho-ciudadanía. Ya sea que se trate de tecnologías “tradicionales” como la radio y la televisión o de “nuevas tecnologías” como lo son el internet y las redes sociales. Televisión y radio permiten establecer comunicación con un público mucho más amplio y plural. Por su parte, las redes sociales abren el camino para una comunicación bidireccional -donde emisor y receptor colaboran para crear soluciones- con la que se podría incentivar la participación ciudadana en temas de justicia y de poder judicial. A pesar de ello, las políticas de comunicación social que vemos en la Suprema Corte (por poner un ejemplo), no parecen tener en cuenta esta dimensión: nula información jurisdiccional en plataformas como Twitter o Facebook y programación de la Deutsche Welle (cuyos programas rara vez tienen que ver con el derecho o la administración de justicia) en el Canal Judicial son muestra de ello. Uno de los problemas más grandes para la apertura de la justicia es que el trabajo del poder judicial y el derecho mismo suelen tener un alto grado de tecnificación. Esto impide que ciudadanas y ciudadanos no especializados puedan obtener la información que necesitarían para poder aproximarse a discusiones jurídico-judiciales, lo que a su vez impide que los problemas del derecho y la justicia se comprendan en su dimensión social ¿Por qué no aprovechar las tic para atender el problema? ¿Por qué no instrumentar políticas públicas que fomenten un diálogo entre el poder judicial y la sociedad a través de las nuevas tecnologías? Creo que una red social donde abogados, abogadas, jueces, juezas, ciudadanas y ciudadanos construyan una comunicación multilateral podría jugar un papel fundamental para que la justicia y el derecho se abran a la sociedad. Con ello podría comenzar a reducirse la distancia entre el poder judicial y la ciudadanía, lo que podría contribuir de forma decisiva a construir algo que le urge a nuestra joven democracia: que el derecho sea un instrumento para resolver conflictos pacíficamente.

Corolario

México tuvo una oportunidad inmejorable este año para posicionar una agenda de apertura del poder judicial y el derecho, pues presidió la Alianza Para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Sinceramente poco se ha visto en esa materia y entre los compromisos de México para la Alianza no había uno solo que lo mencionara siquiera, lo más cercano #JusticiaAbierta fueron las bases de datos sobre personas desaparecidas y el registro de detenidos. Para un país ávido de justicia y paz, una agenda de transparencia y rendición de cuentas en el poder judicial no es solo deseable, sino apremiante.]]>