#Telecomunicaciones inició un proceso legislativo. En este caso, además del proceso formal de creación legislativa, la iniciativa presidencial ha dado lugar a la movilización de un sector de sociedad que se manifiesta en contra porque considera que violenta derechos reconocidos en la norma constitucional. Más allá de sus dimensiones, este fenómeno político-social permite analizar la participación de la sociedad en la creación del Derecho, y en particular, en la defensa de sus derechos. El movimiento social generado principalmente en redes sociales (#ContraelSilencioMX, #EPNvsInternet) denuncia esta iniciativa presidencial por su carácter autoritario y regresivo que pretende, por vía de las leyes secundarias, revertir los avances de la reforma constitucional en la materia. Respecto a los derechos humanos, la iniciativa de EPN atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la información, la protección de datos personales y el derecho a la protesta social. También se señalan como aspectos negativos la concentración de los medios de comunicación y la restricción de facultades del órgano autónomo regulador en la materia (IFETEL). Además, la iniciativa es omisa sobre temas fundamentales como medios públicos y radios comunitarias. El objetivo de esta movilización social, es incidir en el proceso legislativo que se realizará en el Congreso de la Unión respecto de la #LeyTelecom y evitar que se apruebe la iniciativa presidencial. El surgimiento de esta movilización no es espontáneo, nace de las preocupaciones legítimas de la sociedad ante un legislador que decide cada vez más alejado de la opinión pública y que ha perdido credibilidad ante la ciudadanía porque el Congreso de la Unión ha dejado de ser el espacio deliberativo necesario para la creación de un Derecho que proteja el interés general. Frente a una iniciativa presidencial autoritaria y frente a un Poder legislativo que parece más representante de los poderes fácticos o de las cúpulas partidistas y no de la sociedad, ésta busca hacerse de un espacio en ese proceso legislativo en defensa de sus derechos. Sin embargo, en el proceso legislativo la sociedad no tiene parte. La parte correspondiente de ese proceso le fue cedida a un representante político. En este caso, la ciudadanía organizada busca rehacerse de la parte que le corresponde en la creación del Derecho, que consiste en exigir y recuperar la esencia política del mandato representativo. El objetivo es la incidencia en la decisión del legislador,  no suplirlo. Busca que el legislador decida de acuerdo al bien común e interés general y con ello fortalecer la representación política en el Poder legislativo. Por el contrario, cuando el legislador va en contra de una exigencia ciudadana y legisla en contra de los derechos de las personas atenta contra el mandato representativo y redunda en una pérdida de confianza en los representantes políticos, en la credibilidad del Derecho y en la construcción de una cultura de legalidad. La defensa de derechos ante una iniciativa claramente regresiva por medio de la movilización social incide en la formación del Derecho. La exigencia social de un derecho en el espacio público amplía los ámbitos formales de creación y de discusión de las normas jurídicas. La sociedad organizada recupera su parte en el proceso legislativo, se apropia del Derecho y se convierte en la fuente principal del mismo.        ]]>