A más tardar el jueves de esta semana se habrá hecho la designación de un nuevo(a) titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o -en el peor de los casos- se reelegirá a Raúl Plascencia Villanueva por un nuevo periodo al frente del órgano protector de derechos humanos del país.

La decisión no es sencilla. Al día de hoy, se enfrenta la peor crisis de derechos humanos de los últimos tiempos en el país y el órgano que debería vigilar el cumplimiento de las obligaciones del estado en esta materia aparece totalmente desdibujado, torpe, lejano a la sociedad e incapaz de atender dicha crisis. De ahí que la reelección de González Plascencia sea el peor de los escenarios posibles. La decisión respecto de quién debería ser designado o designada al frente del órgano protector de los derechos humanos, por lo tanto, debería ser una decisión argumentada, y fundamentada.

En este proceso -como todos los procesos de designación a cargo de una de las Cámaras del Congreso de la Unión- ha prevalecido la opacidad y se ha confirmado la negativa de los representantes para abrir estos procesos a la participación de la sociedad civil. Respecto de la opacidad, al día de hoy no conocemos los criterios que los senadores están considerando para la elección del titular de la CNDH. Pensemos el proceso de designación como un proceso de evaluación de un perfil respecto a un puesto: ¿puede haber indicadores claros y medibles que definan las capacidades de cada uno de las/los candidatos y que estos indicadores sean públicos? La respuesta es sí, sin embargo, ni la Comisión de Derechos Humanos ni la Comisión de Justicia del Senado los han definido o hecho públicos. Por otro lado, la designación del titular de un órgano depende también de la coyuntura del órgano en cuestión ¿no deberíamos estar escuchando un debate en el Senado sobre el tipo de órgano que debe ser la CNDH para saber quién es la persona indicada más allá de los requisitos constitucionales y legales no muy precisos? Si la CNDH es autónoma ¿no deberíamos escuchar a los representantes debatir sobre cómo garantizarán la independencia del titular?

La “publicidad del proceso” es un mero recurso retórico. Las audiencias de candidatos transmitidas por internet en el Canal del Congreso es darle mínima publicidad a una parte del proceso. La publicidad consiste en conocer las razones de las decisiones que toman los grupos parlamentarios de tal manera que haya una responsabilidad política y sobre la cual se pueda rendir cuentas. ¿Es tan difícil pensar en una sesión pública en la que veamos a Gil Zuarth dando los argumentos del PAN a favor de cierto candidato, a Angélica de la Peña presentando los argumentos del PRD o Arely Gómez del PRI? ¿Es imposible una sesión pública en la que se expongan las razones políticas de la designación o incluso para discutir la independencia y la autonomía del titular entre los senadores de las Comisiones? Recordemos que la experiencia en estos procesos nos muestra que las reuniones de las comisiones legislativas encargadas se reúnen para aprobar dictámenes de designación, no para elaborarlos públicamente o siquiera discutirlos. Los dictámenes llegan las sesiones de las Comisiones o en el Pleno ya con el “acuerdo de los partidos políticos” pero nunca informan cuáles y a partir de qué se hicieron. Los acuerdos políticos entre los grupos parlamentarios son parte de una política legítima siempre y cuando se hagan a partir de agendas definidas y se expongan ante la ciudadanía.

Por otro lado, se excluye la participación de la sociedad civil. En este proceso de designación la participación se redujo a presentar preguntas para las audiencias frente a Comisiones. Preguntas que en ciertos casos fueron pertinentes, algunas incómodas y otras obvias pero que en ninguno de los casos sabemos cómo son evaluadas por los senadores al momento de una decisión. Presentar preguntas no es abrir un espacio para la incidencia real en el proceso ¿por qué no querer abrir de forma más clara, abierta e incluso vinculante el diálogo con la sociedad civil?

Las especulaciones en los medios apuntan a que cada grupo parlamentario hará la propuesta de tres o cuatro candidatos y que los acuerdos entre ellos determinarán los contenidos del dictamen que será puesto a discusión primero en comisiones y luego en el Pleno para ser aprobado. Es probable que después de ello, los líderes de grupos parlamentarios hablen de los consensos entre partidos para tomar una decisión pero que nunca sepamos qué tipo de consensos y qué tipo de acuerdos fueron estos. Es incomprensible desde la lógica de la responsabilidad política la cerrazón de los legisladores a dar una explicación clara, contundente respecto a porqué designan a una persona como titular de un órgano público, en este caso la CNDH. Es cosa de voluntad política. Las consecuencias de la opacidad en los procesos es que los órganos pierdan legitimidad, fuerza y utilidad frente a la sociedad que en el caso particular de la CNDH urge recuperar.