La expectativa mínima de justicia de una persona que está sujeta a un proceso es que el órgano judicial decida con base en lo que la ley establece y no conforme a otros intereses que vayan más allá del derecho. Este apego a la norma es lo que comúnmente se entiende como justicia imparcial y constituye un elemento central del derecho de acceso a la justicia. Es necesario garantizar que el juez sea independiente de los poderes públicos (el poder ejecutivo y el poder legislativo) y de cualquier otro poder (delincuencia organizada, medios de comunicación, empresarios, partidos políticos) que pudieran interferir en la decisión judicial. En esa misma expectativa, la independencia también tiene límites: el juez no puede ser independiente de la realidad social ni de la sociedad misma, la decisión judicial debe responder ante las necesidades sociales y el responsable de la decisión ser responsable al escrutinio social.

En diferentes estudios sobre independencia judicial se han establecido ciertos elementos necesarios en la ingeniería constitucional-legal que contribuyen a la independencia judicial como el establecimiento de sistemas de control en los procesos de selección y designación de jueces, las garantías de permanencia en el cargo, remuneración adecuada así como la creación de un sistema de vigilancia y sanciones disciplinarias.

Sin embargo, estos supuestos no siempre se sostienen sobre pruebas empíricas de su eficacia real para el fortalecimiento de la independencia judicial. No hay, en la mayoría de esos casos, pruebas empíricas o estudios prácticos que demuestren cómo, de qué manera y en qué aspecto, al procurar y garantizarse esos elementos, se incida en la independencia judicial.

En el caso del poder judicial mexicano, no tenemos un estudio que analice cuál es la situación actual o el grado de independencia judicial en México. En los informes anuales del Poder Judicial de la Federación el tema de independencia judicial se reitera como un principio general bajo el que debe actuar el operador judicial, pero no se aportan datos o elementos que permitan decir qué tan independientes son los jueces y magistrados del país. A nivel federal, en el Consejo de la Judicatura Federal no existe, o por lo menos no se conoce públicamente, un documento diagnóstico sobre la independencia judicial. Este aspecto resulta de relevancia pues al ser el CJF el órgano encargado de las políticas judiciales sobre este tema – y si es que verdaderamente ha definido políticas judiciales en la materia- debería basarse en un diagnóstico claro que determinara cuál es la situación de la independencia judicial y por lo tanto las acciones para atenderla.

En 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados presentó el informe sobre su visita a México. Lamentablemente este informe es muy pobre y limitado: no aporta elementos sustanciales sobre la situación de la independencia judicial en el país. El único elemento que encontramos en todo el informe es la preocupación de la Relatora por la independencia de los poderes judiciales en las entidades federativas y sobre todo en un par de casos –que el informe no especifica- en donde la cercanía entre el presidente del tribunal superior de justicia del estado y el gobernador es inusitada.

Ante la carencia de un diagnóstico efectivo sobre la independencia judicial en México o de acciones públicas visibles, adquiere mayor relevancia la percepción general de la población. De acuerdo con diferentes encuestas, el Poder Judicial –sea federal o local, porque la mayoría de la población no distingue los niveles- tiene un bajo nivel de confianza en la percepción de la sociedad mexicana, al que considera corrupto y al servicio de intereses ajenos al derecho.

Con las transformaciones del Poder judicial en los últimos años que han ampliado las facultades constitucionales de los jueces sobre el control constitucional y con tantas expectativas de justicia que se han depositado en los jueces a partir de las reformas de amparo, derechos humanos, de justicia penal y otras -como acciones colectivas- la independencia judicial aparece como una discusión impostergable.

La publicidad y la accesibilidad de la información judicial son instrumentos necesarios para construir esa independencia. Solamente con la publicidad de las sentencias se conoce decisión judicial y con ello es posible el estudio constante, reiterado y pormenorizado de casos y en buena medida determinar el grado de independencia judicial. Además de la publicidad, es necesario que esta información sea accesible y entendible para que esa sociedad que desconfía de las razones del juez sepa porqué se toma una decisión: un porqué que vaya más allá del tecnicismo formal de la fundamentación-motivación y que explique los argumentos de fondo para someterlos al escrutinio público. La decisión judicial independiente obtiene su legitimidad en las razones y argumentos del derecho y no solo en la imposición de una decisión por medio de la fuerza del estado.