El Senado de la República dio a conocer la convocatoria respectiva para la designación de dos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y con ello se retoma un proceso de varios que habrán de darse entre agosto y diciembre de este año que renovarán casi en su totalidad el órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial. En estos procesos intervendrán los tres poderes de la Unión y definirán los rumbos que habrá de tomar la administración de justicia en México los próximos años.

El CJF se integra por siete consejeros: tres designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); dos por el Senado; uno por el Ejecutivo y el séptimo, es el Presidente de la SCJN que también es presidente del CJF. En ese tenor es que el Senado ha publicado la convocatoria para la designación de los dos consejeros que le corresponde designar.

Esta convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del órgano legislativo llega con casi año y ochos meses de retraso. En noviembre del 2012, al darse la vacante del consejero Jorge Efraín Moreno Collado, el Senado inició un proceso de designación que quedó inconcluso y fue relegado pese a peticiones expresas de la SCJN de concluir la designación. En marzo de este año, la salida del consejero César Jauregui dejó la otra vacante que el Senado de la República deberá designar. Lamentablemente, la convocatoria de la Junta de Coordinación Política del Senado es verdaderamente escueta respecto al proceso y el perfil ideal que debe cubrir un consejero de la Judicatura en el contexto actual de la administración de justicia en el país.

Para hacer una comparación de las convocatorias, recordemos que la SCJN llevó a cabo en febrero de este año una designación de consejero y en la convocatoria definió un perfil más específico respecto a la persona que debería ocupar el cargo. En dicha convocatoria, la Corte estableció que, además de los requisitos formales establecidos en la Constitución, habría que considerar conocimientos teóricos relacionados con la “administración pública y la organización, planeación y administración de recursos humanos, financieros y materiales, así como el diseño, instrumentación y ejecución de políticas públicas”. La convocatoria del Senado no establece ningún tipo de requisito más allá de los señalados en el artículo 100 constitucional y deja a la Comisión de Justicia la obligación de hacer el análisis de las propuestas y presentar los candidatos elegibles (la convocatoria no dice cuándo, no cómo y ni cuántos candidatos habrá en esa propuesta) para que la JUCOPO acuerde el nombramiento “de quien haya resultado elegible”, el cuál será sometido a la aprobación del Pleno.

Además de la especialización en materia de políticas públicas y administración, en este caso que se trata de consejeros de la Judicatura nombrados por el Senado, es importante que las personas designadas no tengan carrera judicial y que no pertenezcan al Poder Judicial. De acuerdo, con las reglas constitucionales y para la designación de consejeros, de los siete miembros del consejo, 4 necesariamente deben ser del Poder Judicial de la Federación. Los tres restantes, los nombrados por el Senado y el Ejecutivo, aunque la constitución no lo prohíbe de forma expresa, idealmente no deberían ser miembros del Poder Judicial. Al ser el CJF un órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial, si todos sus miembros son del mismo poder que vigila podría ocasionar una serie de prácticas que pudieran afectar el cumplimiento de las funciones de vigilancia, generar conflictos de intereses, afectar la independencia judicial y provocar problemas internos de rendición de cuentas. Por otro lado, el hecho de no pertenecer al Poder Judicial puede aportar elementos externos que enriquezcan la administración, vigilancia y fortalecimiento institucional del CJF.

Estos dos nombramientos son una parte de las designaciones que se llevarán a cabo para el CJF entre septiembre y diciembre. En total serán cuatro: el Ejecutivo y la SCJN habrán de nombrar cada uno a un consejero. En diciembre, habrá cambio en la Presidencia de la SCJN para los próximos cuatro años. Esto implica que para enero tendremos un CJF prácticamente renovado en su totalidad.

Esta renovación es fundamental para decidir y definir el camino de la administración de justicia en un futuro próximo. Es la primera renovación después de las reformas constitucionales llevadas a cabo en los últimos años que han apuntado al fortalecimiento del Poder judicial, cuya implementación está pendiente y en la que el CJF juega un papel fundamental. Es necesario que el Senado –y en general los tres poderes- lleve a cabo una discusión de fondo para definir no solo el perfil sino también el papel y carácter que debe tener el Consejo de la Judicatura Federal para éste se convierta en un órgano relevante para la sociedad y eficiente para la administración de justicia.