debería ser. Esta pretensión jurídica cuando es llevada a la práctica – en México y la mayor parte de los países de América- se vuelve un discurso difícil de sostener con pruebas empíricas.  Lo jurídico se convierte en mera retórica, la creación del Derecho por el órgano legislativo no es representativa y su aplicación es oscura por parte del Poder Judicial. Lo jurídico es un espacio vacío que se llena con contenidos no jurídicos: en el mejor de los casos con costumbres y usos sociales pero más comúnmente con corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias o acuerdos en la política. Las normas jurídicas y las instituciones públicas encargadas de cumplirlas se perciben, como describe Marcos Kaplan[1], inválidas o ineficaces. La vía legal no es la vía ideal para resolver los conflictos particulares o sociales. Lo ilegal aparece como “razonable y necesario”. La falta de eficacia en la impartición de la justicia y de cultura de legalidad se ha traducido en una serie de problemas complejos y comunes en las sociedades americanas. Las sistemáticas violaciones a los derechos de las personas y de los grupos sociales; la aceptación silenciosa de la impunidad de quienes detentan los poderes fácticos; los altos niveles de corrupción así como la falta de rendición de cuentas de funcionarios públicos que gobiernan alejados e indiferentes a los reclamos de ciudadanía; una administración de justicia selectiva y poco transparente en cuanto a su actuación; la criminalización de la protesta social o la existencia de amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad con poca o nula visualización por parte del Estado demuestran que la mayoría de fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos se resuelven en los hechos al margen del Derecho y lo jurídico. En esta realidad los bordes de lo jurídico son estrechos. El Derecho se reduce a un lenguaje propio de la abogacía que no es entendible para una persona no estudiada en la materia y que se refiere instituciones públicas, formas legales y procesos judiciales que pueden ser manipulables por factores metajurídicos en beneficio de ciertas personas o grupos que detentan el poder fáctico. Esto pone a la mayor parte de la población fuera del Derecho, fuera de los bordes de lo jurídico. En este contexto, hablar de Derecho y hablar de lo jurídico resulta difícil y complejo pues para la mayor parte de la sociedad son contrarios al sentido común o incluso a la idea misma de justicia. Sin embargo, en ese contexto es cuando más se vuelve necesario hablar de Derecho. Es en estos momentos que es necesario el cuestionamiento profundo y crítica del modelo jurídico, de sus formas, de sus métodos, de su enseñanza. Un cuestionamiento y crítica que no solo piense en mejorar el modelo jurídico y de Estado sino también –siguiendo a Gargarella- en repensar con urgencia “las causas de lo que es, en definitiva, un fracaso institucional con consecuencias ya trágicas”[2]. La existencia de una sociedad que desconoce su Derecho y sus derechos obliga a ampliar los bordes de lo jurídico para que por medio de la discusión, la crítica y la reinvención de los mismos, pueda llegar a la mayoría de la población que hoy vive sin justicia y fuera del Derecho. Esta es la intención de esta columna que el día de hoy iniciamos con Borde Jurídico. Agradecemos este espacio y esperamos pueda ser una aportación mínima que se suma a muchos esfuerzos por ampliar esos bordes y fortalecer de esa manera un sistema jurídico, democrático, incluyente e igualitario.