Alonso Vázques Moyers, @alonsomoyers
Abogado. Dr. en Sociología por Flacso-Mx.

El exceso de información de que disponemos resulta altamente riesgoso. En primer lugar, porque la velocidad con la que accedemos a esa información implica una alta probabilidad de que sea falsa o falseada. En segundo, porque ese mismo exceso parece difuminar la línea entre el conocimiento experto y los comentarios medianamente informados que, con base en especulaciones, construyen diversos escenarios. Normalmente, este segundo tipo de “información” (así, entre comillas) tiene intenciones políticas. Dicho en otras palabras, nos alimentamos de comentarios realizados por los nuevos expertos en todo. Y eso es un problema.

Toda esa larga introducción para establecer que no escribo para entrar en un campo que no es el mío, sino para tratar una situación que se ha más o menos discutido en los campos jurídico y político, aunque no ha pasado de la disputa política.

Hace un par de días, un grupo de empresarios solicitó medidas fiscales especiales para hacerle frente a la crisis provocada por el Coronavirus. No faltan razones para pensar en alguna forma de solidaridad económica. Sabemos que es inminente una declaratoria de emergencia de algún tipo que implique la reclusión de todas y todos en nuestras casas.

El reto no es menor. Aún sin cifras exactas (que se pueden consultar con relativa facilidad), sabemos que hay cientos de miles de personas en México que dependen del flujo constante de personas. Desde las cafeterías, papelerías, estéticas, etc, hasta los limpiaparabrisas y vendedores de plumas en microbuses. Son el sector más vulnerable.

Desde luego también los asalariados, cuyo sueldo se compensa con propinas (un problema de justicia laboral al que de momento no me referiré pero menciono). Visto así, es indispensable tomar medidas fiscales de emergencia. Apuntaré algunas, pero antes, me referiré a la solicitud empresarial.

La solicitud tiene dos intenciones políticas a mi parecer ilegítimas. La primera, pide la suspensión de los etiquetados. Es lógico que a grandes empresas no les haya resultado particularmente agradable que se les obligue a informar. Hubo hasta recursos legales para impedirlo. La crisis no justifica que el consumidor siga sin saber qué contienen los alimentos que consume. Pero el capital aprovecha toda posibilidad para imponerse, más aún cuando sabe que puede presionar a un gobierno que atraviesa un momento político difícil. La segunda se relaciona con las condonaciones de impuestos.

Una de las acciones más llamativas en lo que va del sexenio se relaciona con la cancelación de las condonaciones de impuestos. Otra vez, no me detengo en los montos, pero en gobiernos pasados se condonaron cientos de miles de millones de pesos sin una justificación clara. No obstante, el Código Fiscal de la Federación contemplaba un supuesto de “emergencia” para otorgar estímulos fiscales. Si se piensa con algo de detenimiento, el gobierno de López Obrador podría echar a andar una política de estímulos que, al mismo tiempo que tenga réditos sociales (y acaso políticos, pero esos a mi no me preocupan), pueda tener, a largo plazo, réditos para las arcas públicas. 

En el diseño de políticas públicas hace falta creatividad. No somos Francia, Alemania o Italia para adoptar las medidas económicas de esos países. Nuestra economía está mal y de malas. No obstante, con los recursos jurídico-fiscales a la mano se puede diseñar un programa que contemple:

Que todas las empresas que acrediten el pago de salarios a sus trabajadores durante los tiempos de crisis puedan compensar esos montos con el pago de sus impuestos por un 100% para el siguiente ejercicio fiscal. De esta manera, se estimula el pago a los empleados que muy probablemente de otra forma, o quedarían sin empleo o irían a casa con mucha incertidumbre sobre su sustento, lo que además añadiría presión al gobierno.

En el caso de la economía informal, echar a andar un plan de emergencia de incorporación fiscal y que todas las pérdidas de este año puedan compensarse con las ganancias del año fiscal siguiente. Incluso, que puedan pedir la devolución de los impuestos del ejercicio anterior con respecto a las pérdidas que sufran durante la contingencia. Una especie de devolución retroactiva.

Claro que eso supone comprometer recursos y sabemos que no hay muchos. Las soluciones que se proponen de buena fe sobre aumentar los impuestos a los más adinerados no parece que vayan a suceder en los próximos meses. Así que acaso sea tiempo de pensar en posponer proyectos de infraestructura o incluso incurrir en deuda para financiar las devoluciones de impuestos. Si la crisis dura 3 meses, la presión fiscal no sería tanta y el gobierno habría ganado contribuyentes, con lo que ampliaría su base fiscal para ejercicios subsiguientes. Acaso habría que ajustarle algunos aspectos pero puede funcionar.