Por Volga de Pina / @pulgarebelde

Investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) / @imdhyd

El 19 de junio inició vigencia total el sistema acusatorio en el país, pues finalizó el término constitucional de ocho años, previsto para tal efecto en la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, publicada aquél 18 de junio de 2008 tan esperanzador. Por tanto, hace más de un mes este sistema ya opera en todos los lugares del país donde aún no lo hacía, para todos los delitos y bajo la aplicación en todo el territorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como lo advirtieron personas expertas y organizaciones de la sociedad civil durante bastante tiempo, el fin de la vacatio legis nos alcanzó con varios pendientes y una considerablemente larga lista de focos rojos y anaranjados, aunque claro, no faltó el optimista que colgó una imagen en su sitio web que reza Misión Cumplida[1].

No es mi intención negar el enorme esfuerzo que ha implicado el proceso de implementación de este sistema para muchos actores –a los que honro aquí con el título de Mártires de la Reforma Penal- y tampoco la importancia histórica de todo el trabajo y dinero invertido en esta reforma, que sin duda, no tiene precedentes. No se había visto tal despliegue de lápices, teclas y recursos para el sistema de justicia desde que tenemos memoria. Hay que tener presente que para nuestra clase política no resulta rentable invertir en esto pues al parecer venden más los puentes faraónicos y parques floridos que las condiciones estructurales que permitan tener juicios penales justos. Aun así, a regañadientes, se crearon y reorganizaron instituciones, se elaboraron estudios, planes, programas, sistemas, protocolos y un montón de instrumentos..

La gran pregunta aquí es ¿esto será suficiente? En el México de hoy, casi nada lo es. No voy a recitarl los informes, observaciones y recomendaciones que han dado cuenta de la crisis de derechos humanos y de la desgracia de sistema de justicia que tenemos. Y que, por respuesta, han dado lugar a sendas negaciones oficiales y oficialistas y hasta a ataques contra relatores, organismos internacionales, organizaciones civiles, personas cifras, metodologías e intereses. Pero sobre todo, intentaron poner en duda problemáticas y principios que son francamente indiscutibles en un sistema de justicia democrático. Esto, no debe perderse de vista, pues negar y confundir no ayuda a construir.

El sistema acusatorio depende de un complejo entramado normativo, y pone en juego un cúmulo expansivo de principios, reglas y estructuras. Estas, sin duda, requieren pensarse y repensarse todo el tiempo, pero no con el ánimo de seguir justificando una postura comodina que hace peligrar todo ese esfuerzo que, por cierto, lleva más de ocho años pues las reformas policiales y judiciales son mayores que yo. Sorprende que aún ni entraba en vigencia total el Código Nacional y ya se tramaban ajustes para facilitarle la cosa a las incapaces procuradurías, en lugar de pensar en cómo acabamos con la tortura, las falsas flagrancias, la parsimonia de la estadística de resolución de delitos graves. Y, paralelamente, cómo fortalecemos las capacidades reales de investigación y las instituciones policiales para tal efecto, entendiendo, claro, que el fortalecimiento real no vendrá ni de ayudaditas legales, megafacultades o excepciones y mucho menos del aumento del estado de la fuerza o el armamento.

Aquí estamos pues, año 2016, después de “N” reformas constitucionales, el engrosamiento ad ridiculum del 73 constitucional, leyes generales, nacionales y locales y reformas para reformar las reformas a las reformas citadas y las cifras parecen indicar que nuestro problema no es de leyes. Porque, ojo, hay estados que llevan más de diez años con el sistema acusatorio y sí, quizá tengan una mayor eficacia en cierto sector de delitos, gracias a figuras alternativas y otros mecanismos, pero de fondo, aún en esos casos se tienen miles de delitos graves sin esclarecer, culpables impunes, inocentes sin ser protegidos y víctimas sin reparación. El problema tampoco es de protocolos, costosos sistemas informáticos e infraestructura, ni tampoco de horas capacitación. Lo que los Mártires ya habíamos advertido desde hace mucho es que lo que hay son un montón de malas prácticas e incapacidades institucionales. Estas fácilmente pueden trasladarse a este sistema y solo abonarán a la tentación de proceder al maquillaje estadístico del éxito, como ya es práctica nacional: si no cumples con el indicador, pon un indicador más amable.

Hay que poner atención en la estadística, pues pasa que el inicio de vigencia misteriosamente acaba con la incidencia delictiva por unos días. Pasa que se falsea el día de los hechos para meter los asuntos por el sistema inquisitivo. Pasa que ante las flagrancias simuladas se envía a los detenidos a juzgados cívicos para librar el control de la detención. Pasa que se tortura, ahora no tanto en la detención porque estaría simpático presentar a los imputados inflamados a la primer audiencia, pero se les presiona hasta por sus propios defensores para que declaren a modo. Pasa que el riesgo de tremenda golpiza se traslada a la fase posterior para que acepten un procedimiento abreviado que le quitará horas trabajo al sistema. Pasa que las juezas y jueces llegan a las audiencias con la carpeta de investigación en la mano para evitar cargar con el peso mediático de liberar personas o con una orden de relajar los estándares.

            A estas alturas, en México ya tendríamos que tener bien claro que casi nada cambia por decreto y que nuestros problemas pocas veces son de leyes. Hay que reconocer que tenemos buenas leyes -en lo general-, pero también tenemos una capacidad abrumadora de descomponer y desnaturalizar casi todo, de relativizar principios y estándares y de disfrazar problemas operativos y hacerlos pasar por problemas normativos. Si se sigue torturando o desapareciendo personas es porque se quiere hacerlo o al menos se tolera bastantito, y no es por falta de leyes. Si tenemos violaciones procesales, obstáculos al acceso a la justicia de personas imputadas y víctimas e infinidad de injusticias es porque se quiere y/o se tolera y en algunos casos francamente se fomenta. La negación, sumada a la corrupción, son padre y madre de nuestra impunidad. La santísima trinidad, vamos.

Las buenas normas son necesarias, sin duda, pero no suficientes y menos si nos la pasamos en una espiral infinita de reformas a modo. Lo que hoy alarma es que realmente no hay mecanismos capaces de romper con prácticas e inercias que forman parte del ADN de las instituciones policiales y del sistema de procuración y administración de justicia y, por ende, de las instituciones políticas. Además, alarman las falsas estadísticas e indicadores que alimentan el monstruo de la negación. Las y los Mártires creemos que ya es hora de empezar a reconocer que este sistema difícilmente se estabilizará en un México tan inestable y que esta inestabilidad no es culpa del sistema acusatorio, la presunción de inocencia, el debido proceso o esos “tecnicismos”, como les llaman algunos a lo que real, y ahora sí, técnicamente se denomina derechos humanos. Sí, esos, que tanto molestan a ciertos personajes cuya seriedad radica en organizar fiestas sorpresa para los cumpleaños presidenciales.

Así 2016, podremos tener operadores mejor capacitados que nunca, con equipamiento de punta e instalaciones pomposas en algunas partes del país y que cuenten al menos con una mínima mejora en sus condiciones laborales, pero hay prácticas que parecen permanecer o solo cambiar de sitio. Que no les vengan con el cuento de hadas que dice que el 18 de junio de 2016 todo cambió en este país y que ya tenemos el sistema de justicia que merecemos. Resulta que cientos de las desapariciones de estados como Veracruz y otros cientos de feminicidios del Estado de México están siendo investigados y juzgados en el mismísimo sistema acusatorio, y no muestran avance alguno.

En fin, nos piden paciencia para la consolidación del sistema y les concedemos una, claro que esto va a tomar tiempo, nadie en su sano juicio espera que esto funcione a la perfección en un santiamén. Está bien, las mexicanas y los mexicanos somos pacientes en cuanto a justicia se trata, somos ejemplo de paciencia. Hay mamás que llevan más de ocho años esperando a que sus cuatro hijos desaparecidos aparezcan, mientras miran un bloque de papel en el escritorio de su fiscalía favorita o mientras rascan con sus propias manos las fosas que su MP y su policía de investigación no pudieron localizar. La gran pregunta es que si con vacatio en contra muchos no hicieron la chamba ¿la harán ahora sin plazo forzoso? ¿la harán a través de minotauros jurídicos? ¿la harán con reformas salidas de un pastel?

[1] Ver http://www.setec.gob.mx/ (consultada el 27 de junio de 2016)