En días recientes dos periódicos nacionales publicaron testimonios y reclamos de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. La Jornada y Reporte Índigo presentaron reportajes sobre acusaciones y denuncias públicas respecto a varios casos de lazos familiares entre funcionarios jurisdiccionales y puestos administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal y el Tribunal Electoral.

Estas denuncias de nepotismo en el PJF no son un tema nuevo en la opinión pública sino que ha sido recurrente en los últimos años y de ahí que se haya utilizado el mote de “la familia judicial” para referirse a esta situación existente en el Poder Judicial mexicano en que diferentes integrantes de las familias de ministros y magistrados de alta jerarquía judicial e influencia política, ocupan cargos fundamentales de la estructura de impartición de justicia. Independientemente de la fiabilidad de la investigación o de la veracidad de las acusaciones personales, la percepción pública de este nepotismo es amplia y por esa razón el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la carrera judicial, debería dar una explicación pública sobre designación de funcionarios jurisdiccionales y administrativos.

De acuerdo con la constitución y la ley orgánica del Poder judicial de la Federación, la carrera judicial es el medio idóneo para integrar y designar a los funcionarios judiciales. El mecanismo principal para la promoción y ascenso en la carrera judicial son los concursos internos de oposición y de oposición libre realizados por el Consejo de la Judicatura Federal. De la misma manera la asignación de competencia territorial u órgano en el que deban ejercer los jueces y magistrados se basa en este sistema y en las decisiones del Consejo. Las acusaciones de nepotismo y de tráfico de influencias y relaciones de compadrazgo ponen en duda este sistema y sugieren que estas decisiones responden a intereses personales o profesionales de magistrados y ministros.

La carrera judicial se relaciona directamente con la independencia judicial. La designación por méritos profesionales, principios y conocimientos que propone la carrera judicial permite que las personas que lleguen a dichos cargos sean independientes ya que su ejercicio o desarrollo profesional está garantizado verdaderamente por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad. Al constatar la existencia de lazos familiares o de amistad dentro del Poder judicial, se pone en duda la posible independencia de funcionarios jurisdiccionales pues el único incentivo para su desarrollo profesional es pertenecer o ser aceptado por estos grupos familiares o de compadrazgo. Esto tiene, por supuesto, terribles consecuencias en el sistema de impartición de justicia del país y en la percepción pública de quienes integran los órganos jurisdiccionales.

Evidentemente, no se trata de restringir de forma indebida el ejercicio de la libertad de profesión y si hijos, sobrinas, compadres de jueces y magistrados quieren hacer carrera judicial nadie puede contradecir su derecho de hacerlo. Se trata de llamar la atención del Consejo de la Judicatura para atender de alguna forma estas acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias.

Es importante que el CJF responda a estas acusaciones por medio de políticas de comunicación para hacer públicas, visibles y sobre todo accesibles a la sociedad las políticas de designación de jueces y magistrados del país y no solo comunicados informando el número de jueces que fueron nombrados. Es necesario que el Consejo de la Judicatura responda a una demanda ciudadana legítima por conocer sus órganos de impartición de justicia y de esa manera romper ese hermetismo que caracteriza al Poder Judicial mexicano y de algunos de sus miembros que se niegan a responder de otras formas a la sociedad que no sea por medio de sus sentencias. En este caso y otros similares, el Consejo de la Judicatura Federal debe atender a las denuncias y aclarar los nombramientos cuestionados para brindar a la sociedad elementos de confianza en la imparcialidad e independencia de sus jueces y magistrados.