Esta semana en el Senado de la República se designaron a los nuevos consejeros de la Judicatura Federal. A partir de un reclamo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), algunos senadores habían anunciado que no pasaría del martes que se llevaría a cabo la designación y efectivamente ese día fueron designados Alfonso Pérez Daza y Felipe Borrego Estrada como consejeros para un periodo de 5 años.

Alfonso Pérez Daza fue fiscal de delitos electorales en el Estado de México, profesor de la Universidad Panamericana y desde hace dos años participa en este proceso que el Senado había dejado inconcluso hasta esta semana. En el caso de Felipe Borrego Estrada fue diputado del PAN y se desempeñó como Secretario Técnico para la implementación de las reformas constitucionales de seguridad y justicia en el sexenio de Felipe Calderón.

Respecto de la forma, el proceso de designación cumple con lo establecido en el artículo 100 constitucional. La constitución establece una serie de requisitos y delega la designación en el Senado que la reglamenta a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Al analizar este acuerdo puede constatarse que el proceso establecido fue oscuro y no permitió una discusión sobre las necesidades del CJF para definir un perfil ideal de candidato.

Según el acuerdo, los grupos parlamentarios podrían presentar sus propuestas de candidatos a la JUCOPO que a su vez turnaría estos nombres a la Comisión de Justicia para el análisis de los requisitos constitucionales-legales y regresaría a la Junta una lista con los candidatos elegibles. La JUCOPO acordaría el nombramiento para someterlo al Pleno del Senado. No se establecieron comparecencias, ni evaluaciones, ni espacio para opiniones o participaciones de la sociedad civil. Nada.

A diferencia del proceso iniciado hace dos años en la Comisión de Justicia, en esta ocasión no se publicó una lista con los candidatos registrados, ni los documentos probatorios, ni los criterios de evaluación, ni ensayos de candidatos. Después de la publicación en julio de la convocatoria y hasta el reclamo del CJF, no hubo información del Senado ni de la Comisión sobre el tema. La sesión de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos se reunió el martes por la mañana para aprobar el dictamen que fue incluido sin haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y, por lo tanto, la mayoría de los senadores que lo votaron, lo desconocía. El dictamen votado por el pleno fue publicado un día después de la designación por medio de la cuenta de twitter de la Comisión de Justicia (ver aquí y aquí).

Esta forma de llevar a cabo los procesos de designaciones no puede sino generar dudas por su opacidad y aprobación de forma casi subrepticia. Como en otros procesos de designación parece que las razones por las que se deciden son político-partidistas (ver notas aquí y aquí) y no una decisión política basada en el análisis de las necesidades de la institución y la idoneidad del candidato. La distribución de cargos judiciales como una extensión de la representación política partidista atenta contra la independencia de los órganos judiciales del poder político. La mala costumbre de negociación y repartición entre el PRI y el PAN de los cargos judiciales es una constante en estos procesos (históricamente, el PRD siempre es relegado de estas discusiones y no ha tenido incidencia real en alguna designación de cargos judiciales).

Esta forma de designación deja de lado aspectos de fondo respecto de la idoneidad del candidato y las necesidades de la institución. Los dictámenes elaborados y publicados por la Comisión de Justicia son un mero trámite burocrático en el que da cuenta del cumplimiento formal de requisitos pero no ahonda en el contexto particular de la institución y sus necesidades (p.e. la ausencia de mujeres en el Consejo de la Judicatura Federal o el tipo de políticas judiciales necesarias para una eficaz administración de justicia). Por contrastarlo, en febrero del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a José Guadalupe Tafoya Hernández como consejero de la Judicatura Federal. En el acuerdo 1/2014 de la SCJN para la designación se definió un perfil para consejero que señalaba que la persona que fuera designada debería tener conocimientos en materia administrativa o bien conocimientos teóricos relacionados con la administración pública y la organización, planeación y administración de recursos humanos, financieros y materiales, así como el diseño, instrumentación y ejecución de políticas públicas. Aunque sea de forma escueta, esto por lo menos es un intento por tratar de definir un perfil ideal de acuerdo con un contexto que sirva para establecer indicadores mínimos para la evaluación de un candidato o candidata. En los dictámenes aprobados por el Senado no se observa la menor intención en ese sentido.

Este año todavía faltan otros dos consejeros de la Judicatura Federal por designar: uno por el Ejecutivo y otro por la SCJN. En el caso de la Corte, es probable que sea el mismo proceso realizado en febrero de este año. En el caso del Ejecutivo no se establece en la constitución algún tipo de proceso especial para esta designación más que la decisión del Presidente de la República lo que no obsta para que, en cumplimento a las obligaciones de responsabilidad pública, la decisión sea fundamentada y justificada. Lo más importante de estos procesos es que no se soslaye –como hizo el Senado- la importancia del CJF en la construcción de una justicia independiente por lo que la designación de sus consejeros debería detonar un debate sobre cómo hacer que cumpla esta función.