Arturo Zendejas Domínguez / @ArturoZendejas_

A pesar de la desacreditación, fuertes críticas y poca confianza (sólo el 19% de los ciudadanos confían en ellos)[1] con la que cuentan los partidos políticos en nuestro país, resulta difícil pensar a las democracias representativas sin ellos, puesto que ayudan a promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son el “vehículo” para que la ciudadanía pueda acceder al poder público de acuerdo con los programas, principios e ideología que postulan y mediante el sufragio universal.

No obstante la importancia que tienen los partidos políticos, resulta pertinente preguntarnos si el financiamiento público que reciben es acorde con la realidad económica que vive el país. De acuerdo con la Constitución Federal, el financiamiento público a los partidos políticos se otorga conforme a las siguientes fórmulas:

1.- Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias se fijará anualmente y resulta de multiplicar el total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral (al tramitar tu credencial para votar -INE- quedas inscrito en él, aunque hay una depuración constante del mismo ya sea por muerte, domicilios irregulares, vivir en el extranjero, pena corporal, etc.) por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA);

2.- El financiamiento para gastos de campaña cuando se elige al Ejecutivo Federal, a Senadores y Diputados, será el 50% del financiamiento ordinario destinado para ese mismo año, y el 30% del mismo cuando únicamente se elijan a Diputados; y,

3.- Para actividades específicas será del 3% de la totalidad del financiamiento para actividades ordinarias[2].

Para tener más claro qué financiamiento público tienen los partidos políticos, en el 2015 (año de la elección federal más cercana) recibieron un total de $5,199,695,918.16 ($3,909,545,803.14 para actividades ordinarias, $1,172,863,740.94 para gastos de campaña, y $117,286,374.08 para actividades específicas)[3], a esto tenemos que sumar el financiamiento local el cual asciende a un aproximado de $3,786,116,740.92. En total, los partidos políticos recibieron un financiamiento de $8,985,812,659.08 lo cual, para darnos una idea, equivale a un poco más de la cuarta parte de los recursos que recibió la UNAM en el mismo año (aproximadamente $34 mil millones).

Por otro lado, si diversas instituciones han sufrido recortes presupuestales como es el caso del CONACYT (lo cual tiene una repercusión directa en la investigación que se produce en el país), ¿por qué no ha habido una disminución en el financiamiento a los partidos políticos? Como se mencionó anteriormente, la base para calcular su financiamiento se encuentra en una disposición constitucional, por lo tanto, se tendría que hacer una reforma al artículo 41 de la Constitución (lo cual no tendría que representar una mayor complicación en nuestro país, puesto que desde su creación se ha reformado más de 500 veces) para poder calcular de una manera distinta su financiamiento y así poder disminuirlo.

Hay quien sostiene que la bolsa de financiamiento a los partidos se tendría que hacer respecto al total de la votación emitida. Sin embargo, considero que esto podría tener un efecto perverso que afectaría negativamente, sin lugar a dudas, la participación ciudadana en los asuntos públicos, puesto que la ciudadanía, con el fin de que el presupuesto asignado a los partidos sea menor, no acudiría a las urnas a emitir su voto.

Entonces, ¿cuál sería la mejor fórmula para poder reducir el financimiento público a los partidos políticos? No es tarea menor su decisión, puesto que puede haber diversas fórmulas, por ejemplo, la más burda sería reduciendo el porcentaje por el que se multiplica el valor diario de la UMA. Sin embargo, lo verdaderamente difícil es que el legislador constitucional acceda a modificar la Constitución para tal efecto, ya que, la mayoría de las veces, es a través de los partidos políticos como llegan a ocupar su cargo. Ahí el meollo del asunto.

Lo que sí es más que claro es que no se les puede seguir asignando la gran cantidad de recursos públicos que reciben. Es insostenible tener partidos políticos ricos con un pueblo pobre.

[1] Sólo 3 instituciones y organizaciones políticas cuentan con la confianza del más del 50% de los encuestados: el ejercito (62%), los maestros (56%) y las iglesias (55%); mientras que los Diputados son los que tienen una menor confianza (18%). Instituto Federal Electoral. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. México, IFE y Colmex, 2014, pp. 129-142.

[2] Esta fórmula de financiamiento es únicamente para los partidos nacionales, aunque las Constituciones Locales tienen fórmulas similares para otorgar el financiamiento tanto a los partidos locales como a los nacionales con acreditación local.

[3]Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/PartidosPoliticosyFinanciamiento/DEPPP-financiamiento/financiamientopublicopartidosnacionales/financiamiento-publico-97-17.pdf