Aquellos anuncios respecto de los cuales se genera mucha expectativa regularmente decepcionan. Eso le paso al presidente Peña Nieto, ofreció proponer cambios importantes para corregir el rumbo de la seguridad y la justicia. Su decálogo, presentado el 27 de noviembre, decepcionó a tiros y troyanos.

La introducción de su discurso hace referencia a lo sucedido en Iguala, pero dice que los estudiantes normalistas fueron privados de su libertad, evita nombrar lo sucedido como desaparición forzada. El país lleva más de dos meses hablado de desapariciones forzadas y el Presidente no puede aún nombrarlas con toda sus letras.

Respecto de las diez medidas relativas a seguridad y justicia, la puesta en marcha de cinco de ellas depende de futuras reformas legislativas. Cuatro serán reformas constitucionales: para facultar al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado; para redefinir y dar claridad a todo el sistema de competencias en materia penal; para crear las policías estatales únicas y para facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. Éstas deberán luego ser completadas con las leyes respectivas, además de la “amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana” que también enviará en algún momento al Legislativo.

El proceso de elaborar leyes llevará meses y ocupará el tercer año de gobierno y entonces en la segunda mitad del sexenio podría, en el mejor de los casos, iniciar la implementación de sus planes. Es decir cuando menos tres años perdidos.

La primera propuesta consiste en que, cuando haya reformas legislativas, la Federación intervendrá los municipios en caso de infiltración por la delincuencia organizada. Una pregunta fundamental es quién investigará y determinará tal situación, pues ni los aparatos de inteligencia, ni la Procuraduría General de la República (PGR) parecen muy capaces de tal tarea y menos frente a más de 2,400 municipios. Entonces la intervención propuesta tiene el enorme riesgo de ser una medida política y no el resultado de la investigación rigurosa. Además esta intervención no asegura que las administraciones municipales resulten fortalecidas y capaces de hacerle frente a las amenazas políticas y delincuenciales.

La segunda propuesta es definir las competencias penales para evitar la impunidad pero deja fuera aspectos esenciales como la debilidad de las policías y de las Procuradurías para investigar delitos; los conflictos de competencia lo que ocultan es esa incapacidad y también la enorme desconfianza ciudadana en estas instituciones. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2014 (ENVIPE) señala que durante 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos comunes y de esos el 93.8 por ciento no se denunciaron sobre todo por desconfianza en las instituciones. El punto entonces es cómo revertir estas escalofriantes cifras y esa monumental desconfianza, y eso sólo puede suceder con resultados y no con otra cosa.

La propuesta de hacer obligatorias las policías estatales únicas es una vía y podría traer consigo algunas soluciones pero tiene varios cuestionamientos. El primero es considerar a todas las policías municipales como fallidas y pensar a todos los gobiernos estatales como idóneos; análisis por demás cuestionable pues actualmente existe más de un gobernador impresentable, que funciona sin contrapeso alguno en sus estados, entonces poner la policía en sus manos será como darle un garrote para que lo use en contra de los ciudadanos y sus opositores. El segundo problema estriba en saber cuáles serán los controles internos y externos –es decir ciudadanos y expertos- que controlen a la policía y a los gobernadores.

Al mismo tiempo, la discusión sobre la policía tendría que reconocer la diversidad social y económica del país y desde ahí responder si un modelo único de policía es la mejor decisión para un país tan heterogéneo y diverso.

La propuesta de un número único de emergencia es, como ya han dicho otros, una reiteración pues tal medida ya forma parte de la reforma de telecomunicaciones.

La quinta medida se refiere al establecimiento de una Clave Única de Identidad. De nueva cuenta se recicla una vieja propuesta pues en la Ley General de Población se estableció que a cada persona se le debe asignar la CURP (Clave Única de Registro de Población) y llevamos años en eso. La administración anterior impulsó la ficha de identidad única, iniciativa que finalmente se limitó al caso de menores y quedó trunca a pesar del gasto millonario realizado. Como puede verse a la propuesta le preceden diversos fracasos.

La sexta medida plantea la realización de un operativo especial en la zona de Tierra Caliente. Previo al mismo deberían presentarse los resultados de los sendos operativos en Guerrero y Michoacán. ¿Cuáles de sus acciones han sido exitosas? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Cuánto ha mejorado el desempeño de las instituciones estatales? Este tipo de operativos han sido implementados durante los tres últimos sexenios y no han traído consigo el fortalecimiento de las instituciones locales. El caso más reciente es la medida tomada en Michoacán donde el gobierno federal ha suplantado al gobierno local y creado una estructura paralela, pero cuando concluya esa injerencia lo que encontraremos será una entelequia de gobierno local.

La séptima medida aspira a tornar efectivo el acceso a la justicia. De entrada reitera que el Sistema penal acusatorio estará funcionando a plenitud en todo el país para junio de 2016, suena bien pero nadie conoce un programa de trabajo riguroso que nos arroje la mínima certeza de que alcanzaremos esa meta. La segunda parte de la oferta es trabajar para mejorar “la justicia cotidiana” para lo cual lo más concreto serán unos foros que esperamos den buenas ideas. ¿Por qué hasta ahora el Presidente se preocupa de esa otra justicia, sobre todo cuando desde hace mucho tiempo es patente su deficiencia? ¿Será que este gobierno hizo promesas sin contar antes con un diagnóstico serio del país que recibía?

La octava medida pretende fortalecer los derechos humanos en el país para lo cual se proponen más leyes, las generales de tortura y desaparición forzada. La tortura lleva más de una década que está considerada delito en todo el país y eso no la ha erradicado; el problema puede ser la ley pero sobre todo la falla radica en que policías y procuradurías al no saber investigar, dependen de la tortura como método de investigación. ¿Qué se hará para superar el verdadero problema?

Respecto de las desapariciones forzadas llama la atención que el asunto se haya circunscrito a una ley, sobre todo porque en la reunión con los padres de los normalistas desparecidos el pasado 29 de octubre el Presidente se comprometió a dar una respuesta integral. En consecuencia lo mínimo era proponer una ruta para investigar y dar resultados frente a las más de 22 mil desapariciones. ¿Por qué no lo hizo y opto por minimizar el problema?

Como parte de esta medida también se propone establecer indicadores adicionales en materia de derechos humanos. La medida olvida que a la fecha no existe ningún indicador al respecto y por tanto no se puede adicionar nada.

Ofrece además crear tanto un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas como otro de información genética. Al respecto tenemos que recordar que el 18 de abril de 2012 entró en vigencia la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuyo objetivo es sistematizar la información de las personas desparecidas como herramienta para su localización.

En cuanto al sistema nacional de información genética también hay historia. Existe bajo la responsabilidad de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR una Base de Datos Genéticos Forenses; en 2008 la Conferencia Nacional de Procuradores acordó la creación de la Red Nacional de la Base de Datos Genéticos Forenses, donde se conjuntarían los datos genéticos de la PGR y las procuradurías estatales. Por tanto antes de avanzar el Presidente debe responder qué resultados existen en los dos asuntos anteriores.

Promete también instalar el Consejo Consultivo de la Reforma constitucional en la materia. El Presidente ignora que ese Consejo ya está instalado, funciona e incluso sus integrantes le dirigieron una carta el pasado 28 de octubre donde le expresan su preocupación por lo que sucede en el país y le reclaman, entre otras cosas, que “no bastan las palabras y vemos con enorme preocupación que hace falta cumplir una serie de pendientes derivados de la reforma constitucional…” Parece que en este gobierno lo que hace la mano derecha no lo sabe la izquierda.

La novena medida pretende atender el combate a la corrupción y básicamente se pliega a la propuesta panista. Pero la autoridad moral del Presidente es casi nula sobre este tema pues la “casa blanca” muestra la tendencia de beneficiarse del cargo y de lo público.

La décima apunta a promover la transparencia y rendición de cuentas, materia en la que no se destaca el gobierno de Peña Nieto; incluso ayer mismo algunas organizaciones denunciaban cambios a la ley de transparencia y acceso a la información para mantener áreas de opacidad.

Estas diez medidas no constituyen una propuesta armónica sino la reiteración de anteriores iniciativas, no aporta novedad y tampoco elementos para pensar que se generarán cambios sustantivos.

La segunda parte de la propuesta tiene que ver con aspectos sociales y económicos. Ahí se plantean medidas para el desarrollo de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; se ofrece generar desarrollo a través de inversión, infraestructura y grandes proyectos productivos. Vale decir que exactamente proyectos de este tipo tienen a zonas rurales e indígenas en resistencia, como por ejemplo los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el gasoducto que cruza Tlaxcala, Puebla y Morelos o bien el acueducto impuesto a los Yaquis en Sonora.

El desarrollo ofrecido lo es para el capital, ya sea nacional o extranjero, y para los políticos, pero difícilmente para las comunidades. El anuncio de Peña Nieto pretende dar paso al desarrollo pero en realidad puede abrir múltiples conflictos sociales y focos de resistencia social. ¿Nadie pudo decirle eso al Presidente?

La decepción respecto de esta propuesta estriba en que no parece que dará nuevo rumbo al país. Mal para el gobierno pero mucho peor para la sociedad.