Proceso de consenso interinstitucional LGMSV
20 | 04 | 2021
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.
Por otro lado, la movilidad se ha convertido en un asunto de interés público, que ha sido señalado como una temática prioritaria y multifactorial por su estrecha relación con la dinámica social, el desarrollo económico y por su impacto directo al medio ambiente. En este sentido, México ha asumido su compromiso en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, entre los que destaca reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por siniestros de tráfico en el mundo, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial en particular mediante la ampliación del transporte público, así como aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión.
Es así como la movilidad y seguridad vial exigen un enfoque sistémico que implica la coordinación con otros sectores para trabajar de manera conjunta, coordinación y principios que hasta hoy no se encuentran regulados en la legislación.
Esta discusión no es nueva, es necesario destacar que la reforma de diciembre de 2020 al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoció a la movilidad como un derecho humano, condicionado a que se garantice en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; sin embargo, de forma adicional se reformó el artículo 73 a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de movilidad y seguridad vial, que de acuerdo con el régimen transitorio en el que se establece un plazo de 180 días para el desarrollo de la legislación secundaria.
Para la atención de esta grave problemática el Gobierno de México en coordinación con ambas Cámaras del Congreso, así como organizaciones de la sociedad civil, han implementado un proceso de consenso interinstitucional para la definición de una legislación especializada que pueda abordar estos elementos bajo una visión integral y que considere a todas las fuerzas políticas.
Esta serie de actividades han sido nombradas como Proceso de Consenso Interinstitucional para la creación de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Es importante destacar que este proceso ha contado con la participación de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comisiones especializadas del Senado de la República y Cámara de Diputados, legisladoras y legisladores en representación de diversos partidos, así como organizaciones de la sociedad civil.
Metodología y herramientas
Borde recibió invitación para formar parte de este proceso con el objetivo de proponer una metodología y ruta de trabajo que pudiera integrar a todas y todos los actores involucrados a fin de desarrollar una propuesta de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La ruta crítica y herramientas de trabajo propuestas corresponden a una metodología de desarrollo colaborativo en el que buscamos integrar la visión de cada propuesta, así como los comentarios entorno a la viabilidad y sustentabilidad de las mismas desde la óptica de la administración pública federal.
- Integración de propuestas: integración de cinco iniciativas propuesta por grupos parlamentarios de PAN, MC, MORENA, PT, así como recomendaciones emitidas en el Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad.
- Definición de semáforo normativo: A partir de las iniciativas generadas se estableció un semáforo normativo en el que se identificaron las coincidencias más relevantes en cuanto a principios de movilidad y seguridad vial, así como estructura de la ley.
- Propuesta de articulado: Igualmente, una vez que se integraron las iniciativas que serían parte de la discusión, se definió una propuesta de articulado que buscó incluir todos los elementos considerados en cada una. La propuesta de articulado fue generada por cada encuesta y mesa de trabajo.
- Encuesta: La propuesta de articulado se convirtió en una encuesta en formato de Google Forms a fin de recabar la opinión de cada integrante del proceso de consenso interinstitucional respecto a cada artículo. En esta encuesta se establecieron reactivos para identificar posturas a favor o en contra del articulado, además de establecer la posibilidad de realizar comentarios respecto a la redacción del mismo.
- Mesa de trabajo: Una vez que se recibió la opinión respecto a las encuestas, se desarrolló una etapa de sistematización para integrar los comentarios preliminares. Estos comentarios se trasladaron a una segunda propuesta articulado que fue discutida en grupos de trabajo mediante sesión de trabajo remota
Sin duda este proceso representa un nuevo paradigma para el desarrollo de legislación y política pública bajo parámetros de Parlamento Abierto, convirtiendo a las personas, organizaciones e instituciones participantes no sólo en expositores, sino que se reconocen como elementos activos para el desarrollo de propuestas y toma de decisiones en temáticas especializadas que impactarán a toda la población desde múltiples perspectivas.
No podemos dejar de reconocer el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México quienes han buscado nutrir a este proceso de la participación de todas las y los actores interesados. Gracias a este trabajo y el compromiso de las personas participantes, se ha generado una propuesta de amplio consenso que estamos seguros, tendrá un impacto benéfico en todo el territorio nacional; esperamos que este proceso único e innovador sea el primero de una nueva etapa de participación ciudadana y de fortalecimiento de la democracia.
10 contenidos de la propuesta colaborativa de LGMSV:
1. Se definen principios de movilidad y seguridad vial como la base de la iniciativa.
2. Se establece la Política Pública, la política sectorial y el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial; como elemento transversal para la implementación e instrumentación de la ley.
3. Se plantean las plataformas nacional y estatales de datos de Movilidad y Seguridad Vial, la interoperabilidad de la información y los registros existentes que la integran. Esto con el fin de generar insumos para el diseño de la Política Pública.
4. Se definen instrumentos o herramientas para hacer útil esta ley, como criterios para el diseño de la infraestructura, la red vial, los espacios públicos de diseño universal, los servicio de transporte, los sistemas integrados y la gestión de la demanda.
5. Se establecen estándares generales de regulación de tránsito, dispositivos de control y seguridad del tránsito, obtención de las licencias, seguro obligatorio, condiciones mínimas para las víctimas de siniestros viales y sus familiares, registro e información de la atención médica prehospitalaria, estándares de seguridad de los vehículos nuevos y estacionamiento en vía pública.
6. Se establecen esquemas de sostenibilidad financiera y se prioriza el financiamiento para responder directamente los principios y apostar por políticas públicas de avanzada.
7. Se establece la distribución de Competencias y Coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno; y para asegurar la integración del sistema y evitar generar nuevas estructuras caras y burocráticas, se plantea que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sea la cabeza del sector.
8. Se establece el marco para generar convenios de coordinación y colaboración metropolitanos; para promover el diseño integral de nuestra ciudades.
9. Se define la responsabilidad de las y los servidores públicos y esquemas de contraloría y vigilancia social: para asegurar el cumplimiento de la ley.
10. Finalmente se propone un régimen transitorio que permita la implementación gradual y realista de esta iniciativa.
de la propuesta
- Línea de investigación en Prevención de lesiones y violencia, Instituto Nacional de Salud Pública. Disponible en https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/prevencion-de-lesiones-accidentales-y-violencia.html, consultado el 20 de abril 2021
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos