La llamada Reforma Educativa ha sido tema de discusión en las últimas semana debido a los conflictos violentos que se han desatado en estados como Oaxaca entre el Gobierno Federal y quienes se oponen a la Reforma. Sin importar el ángulo de análisis sobre el conflicto, definitivamente resulta lamentable que la violencia se vuelva protagónica.

Mucho se ha discutido sobre si es una reforma al sistema de educación nacional o se trata más bien de una reforma administrativa y laboral. Lo cierto es que el énfasis ha estado en la evaluación que se aplicará a las y los maestros, lo que ha provocado que los grupos opositores califiquen a la reforma de una imposición del gobierno con el objetivo de hacer aún más precaria la situación laboral de la planta docente. Por su parte el gobierno ha argumentado una y otra vez que se trata de una reforma que busca mejorar significativamente la educación, así como las condiciones de las maestras y maestros mejor preparados. Estas posiciones antagónicas revelan la hondura de un conflicto que no logra encontrar el cauce del diálogo.

No pretendemos hacer en este espacio un análisis puntual del conflicto, ni dar una solución definitiva, sino tomar la reforma como un pretexto para reflexionar sobre la relación entre la educación y el derecho a nivel básico, que es desde nuestra perspectiva un terreno poco explorado y que podría potenciar las energías democráticas de este país.

Durante décadas, en los niveles básicos de educación las niñas y niños de este país tomaban una materia que todos conocimos como “Civismo”. En ella, por lo regular se buscaba la memorización de algunos artículos de la Constitución (3, 27 y 123), el himno nacional, los honores a la bandera y a los héroes nacionales, no había mucho más. Eventualmente los cambios en las posturas pedagógicas y en la realidad del país impactaron los planes de estudio, lo que convirtió a la materia en “Formación Cívica y Ética”. El objetivo de dicha materia es la formación moral y cívica (ciudadana) para la participación democrática. Es un cambio bastante significativo que podría ayudar a cambiar de forma drástica la forma en que resolvemos los conflictos en este país. Si la niñez comienza a entenderse como ciudadanía activa y capaz de resolver los conflictos con el diálogo y el derecho, definitivamente podríamos esperar un futuro mejor.

El problema es que si la pretensión de formar ciudadanas y ciudadanos para una democracia se queda en las aulas poco o nada se habrá logrado. Es decir, una reforma educativa que apunte a la responsabilidad individual y colectiva, el diálogo como forma de resolución de conflictos, el derecho como la vía para la paz, el respeto a la diversidad y la protección de los derechos humanos requiere mucho más que una clase. Pues en buena medida se trata de un aprendizaje que nunca termina. Así, se requiere de un entramado institucional comprometido con la promoción y el fortalecimiento de las prácticas democráticas, un aparato de comunicación social que garantice que la ciudadanía entera pueda obtener la información necesaria para comprender lo que hacen los servidores públicos y los fines de sus dependencias. No es posible plantear la participación democrática sin que esa información este disponible y al alcance de todas y todos.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, “información disponible” no puede ser entendida como “documentos electrónicos subidos a una página de internet”, sino el compromiso de todos los órganos del Estado de comunicarse directamente con la ciudadanía a través de información clara que pueda ser entendida por todos y a través de medios de comunicación bidireccionales que permitan que la ciudadanía participe democráticamente. El ideal del Gobierno Abierto, es un elemento fundamental para cerrar la pinza de una “Formación Cívica y Ética” y también una pieza clave para el rompecabezas de la paz.