Falta exactamente un año para que se venza el plazo de entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio (SJPA). El 18 de junio de 2016 este sistema tendrá que estar operando en todo el territorio nacional y para todos los delitos, pues de acuerdo con las declaraciones de diferentes autoridades en la materia, no habrá prórroga ni extensión alguna de la vacatio legis, es decir, del plazo otorgado por la Constitución para culminar con el proceso de implementación.

Con el afán de iniciar una especie de cuenta regresiva y ofrecer un informe sencillo sobre el estado que guarda la implementación a nivel estatal y federal, nos dimos a la tarea de recopilar algunas cifras importantes, con el fin de identificar problemáticas relevantes y riesgos más importantes, que sin duda merecerán toda nuestra atención durante los próximos 12 meses.

Esta labor fue bastante complicada, pues nos topamos de frente con una de las brechas más importantes de este proceso. Tras siete años de implementación, la información disponible sobre el avance en la implantación de la #ReformaPenalMX es escasa, confusa, inaccesible, poco actualizada y poco confiable, en especial la que ofertan los órganos implementadores en sus portales.

Aun así, se recopilaron, verificaron y procesaron tantas cifras como fueron posibles, para presentar, cuando menos, un balance general a nivel macro sobre el territorio en que opera el SJPA (en los niveles estatal y federal); los actuales usuarios potenciales del mismo; así como la cantidad de recursos específicos erogados para la implementación, sobre los que se harán algunas precisiones más adelante.

Como parte de este esfuerzo, queda el compromiso durante estos doce meses, de detallar este balance a través de contenidos más concretos, en especial, algunas fichas estatales de avances, logros y riesgos y documentos temáticos sobre aspectos que se consideran importantes para esta etapa –de cuenta regresiva-, tanto sobre ejes específicos de la implementación, como sobre operadores en lo particular y sus procesos de rediseño.

Balance 2008-2015 ¿Dónde estamos?

1. Línea base:

En Julio de 2014, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) entregó a las 32 entidades federativas un documento llamado “Informe Ejecutivo de Resultados de la Nueva Metodología de Clasificación y Estatificación de las Entidades Federativas 2014”, elaborado con base en una metodología propuesta por la propia SETEC^[1], que mostraba, en lo conducente, el avance en la implementación de cada entidad, en una escala planteada en razón de diferentes factores de cálculo.

Este informe, por cierto, fue remitido a cada entidad federativa, indicando qué lugar ocupaba en la escala, sin revelar el nombre de las entidades federativas que aparecía arriba o abajo en la tabla de avance. No obstante, el detalle de entidades y su nivel en la escala referida fue dado a conocer en los medios de comunicación. Este informe mostraba, de inicio que la inmensa mayoría de las entidades (27) se encontraban en los niveles bajo, medio bajo y medio.

Para enero de 2015, de acuerdo con información presentada nuevamente en medios de comunicación^[2] y no de manera oficial, las entidades que se encontraban por debajo del 60% de avance en la implementación sumaban 20

1. Avance en la implementación al 18 de junio de 2015

• Vigencia Territorial (nivel estatal)

A un año que el sistema tenga que estar operando, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se encuentra vigente:

• De manera parcial (sólo algunos delitos) en 145 de los 2460^[3] municipios del país.
• De manera total (para todos los delitos) en 1,293 de los 2460 municipios
• El Código Nacional Procesal Penal (CNPP) está vigente, al menos, en 1010 municipios de la República
• Aún hay 1,022 municipios en los que el SJPA no está vigente
• Los municipios en que está vigente pertenecen a 30 entidades federativas
• Hay 7 estados en los que el SJPA ya está en vigor en todo el territorio: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. No obstante, aún no inicia vigencia el CNPP.
• Aún hay dos estados en los que el SJPA no está operando en ningún municipio: Baja California Sur y Sonora
• Usuarios/as Potenciales (nivel estatal)

A un año que el sistema tenga que estar operando, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio está disponible para los siguientes usuarios/as potenciales:

• La población usuaria potencial del SJPA en el esquema de operación parcial (solo algunos delitos) asciende a 14,126,157 de personas, que representan un 12.57% de la población nacional.
• Los/as usuarios/as potenciales del SJPA en el esquema de operación total (todos los delitos) son 54,834,846, es decir, un 48.81% de la población total de México
• Aún hay 43,375,535 (38.61%) personas usuarias potenciales que no tienen acceso al SJPA

• Vigencia Territorial y usuarios/as potenciales (nivel federal)

A un año que el sistema tenga que estar operando, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a nivel federal tiene el siguiente estado:

• Opera únicamente en 4 de 32 estados: Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas, abarcando 420 de 2460 municipios.
• Los/as usuarios/as potenciales del SJPA a nivel federal son 10,859,008, lo que representa el 9.67% de la población del país

• Recursos destinados a la implementación

• De 2010 a 2015 se han destinado $3,510,092,861.60 del Subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a las 32 entidades federativas (recursos federales)
• Además, entre 2015 y 2015 se destinaron $5,000,000,000.00 para apoyo a la construcción de infraestructura del SJPA en las entidades federativas (recursos federales).
• Por tanto, en total se han destinado, al menos, $8,510,092,861.60 de recursos federales específicos para la implementación. Esto equivale a destinar $75.76 por cada habitante del país.

• Se desconoce qué monto ha destinado cada entidad federativa para la implementación y operación del SJPA

• Socialización de la reforma: una tarea urgente

Es difícil saber exactamente cómo avanza la #ReformaPenalMx. El balance tras siete años de implementación muestra claroscuros y el panorama a mediano y largo plazo es un tanto incierto. Sabemos, a grandes rasgos, en que lugares está vigente, pero no sabemos con exactitud si está operando, cómo está operando y si está dando cobertura a las cargas actuales de asuntos.

El que se encuentre en vigor en un número considerable de municipios del país, no necesariamente significa que las instalaciones sean accesibles para todos los usuarios, potenciales o reales, ni tampoco que se esté dando cabal cumplimiento a los principios rectores y estándares del sistema.

Tampoco sabemos cuánto se ha erogado para la implementación y operación y en qué. Se cuenta con una cifra correspondiente a recursos fácilmente rastreables, por estar destinados específicamente a la implementación. No obstante, no sabemos cuánto presupuesto estatal y municipal y otro tipo de aportaciones se están destinando a este proceso, ni tampoco sabemos de otros fondos, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) o los recursos correspondientes a la Iniciativa Mérida.

Algunos datos:

• Los avances mostrados en la página de la SETEC en cuanto al inicio de vigencia por entidad federativa no está al día, ni indica en todos los casos en qué lugares ya inició vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
• 13 entidades federativas no tienen sitio de internet destinado a informar los avances integrales en la implementación: Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo.
• Encontrar las declaratorias de inicio de vigencia del CNPP es relativamente fácil para las entidades federativas que emitieron declaratorias únicas como Puebla o Estado de México, no obstante, para entidades como Chiapas o Tamaulipas que han hecho declaratorias parciales, saber con exactitud en qué demarcaciones judiciales está en vigor el CNPP es sumamente complicado.
• Para conocer si el SJPA está en vigor en un municipio determinado, es necesario conocer las regiones judiciales, partidos y distritos judiciales en que se divide el Estado, y a su vez, qué distritos y municipios los integran. La integración de muchas de estas demacraciones, por cierto, no en todos los casos está en las leyes orgánicas de los poderes judiciales, sino en acuerdos difícilmente localizables.

Las deficiencias en la información sobre el inicio de vigencia o la cobertura actual del SJPA son especialmente graves en los casos de Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas. Es urgente socializar la reforma. De lo contrario, sumarse al esfuerzo de monitorear y dar seguimiento al avance en la puesta en operación del sistema acusatorio y la difusión misma se vuelven tareas impracticables. Ojalá que la opacidad y el desorden informativo no tengan esa finalidad.

Y qué decir de la ciudadanía, a esa que tanto se le pide que se sume a este gran cambio, Sin información sobre cómo, cuándo y dónde opera este sistema, será imposible encontrar empatía y corresponsabilidad.

Si bien actualmente es posible encontrar infinidad de folletos, libros y normatividad; los diagnósticos, documentos de planeación integral, planes de inversión, proyecciones de necesidades, análisis de brechas, modelos de gestión y estudios de reingeniería de procesos, que por cierto, fueron pagados con presupuesto público destinado a la implementación, no están disponibles para su consulta pública, en la inmensa mayoría de los casos.

18 de junio de 2015

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.

[1] Disponible en http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Nueva_Metodologia_para_Clasificacion_y_Estratificacion_de_Entidades_Federativas

[2] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/hay-retraso-en-20-estados-del-pais-para-iniciar-juicios-orales-222592.html

[3] El último Censo de población (2010) efectuado por el INEGI arroja un total de 2456 municipios, no obstante, en el año 2011 fueron creados 4 municipios en el Estado de Chiapas, con lo que el total actual es de 2460.