Este año tendremos una transformación sustantiva en la integración de la Suprema Corte. El año empezó con una cerrada elección de nuevo presidente y terminará con la salida de la Ministra Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Esto aunado a la próxima designación para cubrir la vacante que dejo el fallecimiento del Ministro Sergio Valls hace pensar que desde 2015 y hasta 2018 tendremos una Corte muy distinta a la que vimos en los últimos cuatro años. Si estuviéramos en Estados Unidos, probablemente estaríamos ya nombrando a la Corte que se está configurando como la “Corte Aguilar”. En México aún no es muy común ese tipo de apelativo, sin embrago, si es posible pensar que la presidencia del Ministro José María Aguilar tendrá características propias que en su momento valdrá la pena evaluar en retrospectiva.

Hay enormes retos para la “Corte Aguilar” en este periodo que arranca y para los cuatro años por delante. Trabajar junto con la Judicatura para atender el tema de la corrupción y la implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como recuperar la confianza de la ciudadanía son algunos de los más evidentes.

Ofrecemos para este editorial concentrarnos en el tema de la recuperación de la confianza, así como en su relación con la comunicación social de la Corte y su vínculo con la ciudadanía. Creemos que es una cuestión sustancial en términos de #JusticiaAbierta que si se atiende podría detonar cambios muy profundos.

La comunicación social no es una cuestión de mera publicidad o de posicionamiento en medios de la labor de la Corte, sino de vínculo. A través de ella, se pueden generar condiciones que ayuden a mejorar la confianza en la justicia federal y a construir redes ciudadanas capaces de brindar mejores diagnósticos sobre los problemas que afronta la administración de justicia en México.

Un buen aparato de comunicación social permitiría que el ciudadano pudiera entender qué es lo que hacen Ministros, Consejeros, Magistrados, Jueces, etc. Esto supondría un primer paso para desarrollar una cultura jurídica que, si se consolidara, ayudaría a desarrollar un mejor periodismo judicial y también a generar mayor participación ciudadana en temas de justicia.

Por su parte, la participación ciudadana haría del Poder Judicial uno más democrático, más rico en concepciones jurídicas y mucho más confiable para la sociedad. Desde ese panorama, se podrían emprender acciones más focalizadas en aras de fortalecer la justicia, pues se haría desde una óptica bidireccional en la que la ciudadanía no sólo se limita a recibir la justicia que le da el Estado, sino que la construye junto con este. Y una justicia que se contruye de forma colaborativa genera un vínculo mucho más fuerte.

De una u otra forma, todos los proyectos que se presentaron para presidir la Corte para el periodo 2015-2018 tomaron en cuenta la necesidad de mejorar la comunicación y el vínculo con la sociedad mexicana. Entre las propuestas más destacadas estuvieron el impulso de las Casas de Cultura Jurídicas, modificaciones en la programación del Canal Judicial e incentivar el uso de redes sociales y tecnologías de la información. Esto indica que no es ajeno a Ministras y Ministros la importancia del tema.

En ese sentido, es una expectativa razonable que en los próximos años veamos una mejoría sustantiva en los vínculos de la SCJN con la ciudadanía. Es una expectativa para construir una #JusticiaAbierta: un sistema de administración de justicia que sea transparente, que rinda cuentas y que abra sus datos para que la ciudadanía los pueda utilizar, pero que también sea capaz de abrir canales de información, diálogo y cooperación.