A finales de este año Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluirán sus periodos como Ministra y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 20 años los que han estado en la calle de Pino Suárez, años en los que la Corte se transformó de manera sustantiva y en los que vieron cómo se convertía en un tribunal mucho más protagónico en la vida política y social de México. Para muchos, el papel de ambos fue decisivo para ese proceso de transformación y para la conformación de un “ala liberal” en la Corte. Sin duda, una vez que terminen sus períodos habrá muchos abogados, abogadas, académicos y académicas que irán construyendo argumentos para apaludir o criticar la labor de ambos en la Corte.

Naturalmente, con la inminencia de la salida de ambos, ya ha habido quienes han levantado la mano para ocupar las vacantes. Los nombres que la prensa ha manejado como idóneos para el relevo de la Ministra y el Ministro son principalmente Raúl Cervantes y Santiago Creel (aunque parece que el último decidió no “presentar su candidatura”).

Sean quienes sean los candidatos y candidatas a la SCJN que presente el Presidente de la República en las ternas para que el Senado designe a quienes ocuparán los asientos vacantes, lo cierto es que es son designaciones trascendetes y que la sociedad civil así como algunos medios de comunicación siguen con atención. Se trata de un proceso del que lentamente, pero cada vez con mayor fuerza, se apropia la ciudadanía.

En ese sentido, dos preguntas se imponen ante el proceso que iniciará posiblemente en noviembre de este año:

1.- ¿Qué perfiles es el adecuado para relevar a la Ministra y el Ministro en la Corte?

2.- ¿Será un proceso abierto a la sociedad?

En las últimas designaciones ha corrido mucha tinta sobre el tema de los perfiles. Se ha explicado que la independencia de Ministras y Ministros respecto a intereses económicos y políticos, la capacidad técnicas, así como un compromiso con la defensa de los derechos humanos son requisitos que sin duda deberían cumplir los integrantes de las ternas. Así, se ha argumentado que es necesario comprobar que se trata de personas que están actualizadas en sus estudios jurídicos y de quienes se puede presumir una honorabilidad consolidada. A la vez el Senado ha hecho esfuerzos por hacer públicos los documentos necesarios para monitorear el proceso.

Con todo, pareciera que tanto la academia, como la sociedad civil quedan inconformes con las designaciones. Se perciben como procesos arbitrarios donde las relaciones políticas resultan más decisivas que los elementos