Falta prácticamente un año para que se venza el plazo para que el sistema de justicia penal acusatorio opere de manera integral en toda la República, para todos los delitos y en todas las etapas. Han pasado siete años desde que se publicó la reforma constitucional “más importante de México”, “la reforma de reformas”. Siete años de avances ordenados, significativos y apegados a los estándares correspondientes, en algunos pocos casos y de expectativas equívocas, resistencias, desidia, improvisación, imposibilidades materiales, falta de voluntad política, maquillaje institucional y decepción, en muchos otros. Queda uno. Solo uno. Tic-tac, tic-tac.

En este marco, se celebró en la Ciudad de México el 7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: “REFORMA PENAL A UN AÑO DE VIGENCIA, ¿QUÉ FALTA Y QUIÉN ESTÁ EN FALTA?, los días 20 y 21 de mayo, convocado por el órgano implementador a nivel nacional (SETEC), USAID México y diferentes organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, académicos y académicas pertenecientes a la Red Nacional de Organizaciones Civiles de apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso.

A diferencia de la Reunión anual de órganos implementadores, cuya finalidad es compartir experiencias y prácticas institucionales en el marco de la puesta en marcha de la reforma, el Foro es un espacio, digamos, un poco más abierto -a cierto público-, en el que funcionarios de instituciones involucradas en la implementación en los planos federal y estatal y representantes de cierto sector –bien portado- de organizaciones, académicos y especialistas, imparten conferencias y participan en mesas de discusión –que no necesariamente de debate- sobre diferentes ejes de la implementación.

Ante este panorama y pecando un poco de optimismo, se esperaba un foro crítico, autocrítico y propositivo, sin duda. Un espacio de discusión, de difusión, de acuerdos y sobre todo de compromisos, que dejara sobre la mesa una evaluación objetiva de los avances y permitiera replantear estrategias frente a las fallas y faltas –que son muchas- y trazar rutas críticas para los que implementan y también para los que monitorean el proceso y contribuyen a la consolidación del sistema desde otros ámbitos de acción y desde otras herramientas. También se esperaba algo más de claridad en puntos sueltos de la reforma que son urgentes. Se esperaban propuestas claras, ejecutables, medibles.

A estas alturas no hay ley nacional de ejecución de sanciones, no hay cobertura territorial del sistema acusatorio en localidades donde vive la población que enfrenta los mayores obstáculos en el acceso a la justicia, no está cerrado el debate sobre las competencias en materia de delincuencia organizada ni sobre la necesidad de una ley general de delitos, no se ha avanzado hacia la autonomía de los servicios periciales y en el desarrollo de capacidades de investigación en Defensorías Públicas, no se ha consolidado el mando único en muchos estados, no hay unidades de medidas cautelares en gran parte del territorio, no se han desarrollado protocolos de actuación estandarizados para muchos temas, un sector bastante amplio de la sociedad no está enterado de la reforma y otro tanto está confundido, no se ha acabado de profesionalizar a las policías, los operadores en muchos estados comienzan a renunciar ante la sobrecarga laboral, la falta de sensibilización de los mandos y el traslado de viejos vicios a nuevos lugares – muy costosos, dicho sea de paso-. En fin, las faltas están dispersas, pero ubicadas.

Faltan trescientos noventa y tantos días y el foro nos queda a deber en cuanto a ejercicio de transparencia y crítica en el proceso de implementación y en cuanto a asunción de responsabilidades. El programa fue repetitivo, por decir lo menos, en temáticas y dinámicas que se han visto hasta el cansancio y que para un sector importante no son inteligibles; pero bueno, en favor de la repetición, se acepta que un cambio cultural tan profundo requiere de repetición y más repetición, porque de algún modo nos tenemos que convencer que esto será una realidad y no otro gran experimento fallido de la política pública mexicana. ¿Cierto?

Pecando de optimismo, la integración de muchas mesas y conferencias mostraba una composición idónea para favorecer que se transparentaran resultados reales, se admitieran retrasos y anomalías y se asumieran cuando menos algunos compromisos. Por un lado, se contó con una nutrida presencia de figuras públicas de alto nivel, de esas que muchas veces no están al tanto del tejido fino, de las entrañas de la reforma, del día a día del ser juez, investigador, primer interviniente, defensor o perito, pero que tenían la oportunidad de aportar indicadores a nivel macro sobre temas como los presupuestos, los planes de emergencia, las metas a corto y largo plazo y los compromisos –no las promesas-.

Por el otro, la presencia, también nutrida, de especialistas, académicos y activistas, que han estado empujando la reforma día a día, desde el inicio y desde muchas trincheras, podía colocar las discusiones en su justa dimensión, en especial, poniendo sobre la mesa temas ocultos, invisibles, paralelos y problemáticos, que son ya vox populi en el medio y que también deben atenderse en este año que queda.

Se antojaba un debate a la altura de las circunstancias y de los tiempos de falta de justicia. Quizá en la mesa “Una policía a la altura del Sistema Acusatorio” era para que se diera a conocer la planeación estratégica y las etapas para el tránsito al mando único policial; o tal vez en la mesa “¿Cuánto cuesta y quién va a pagar la Reforma?” se discutieran esos mitos sobre la necesidad de costosísima infraestructura que francamente no es costeable, estando la situación económica nacional en un pésimo momento.

¿Qué se vio y escuchó? En lo general, un intento de diagnóstico inoportuno, un lavado de manos, una selectiva y acrítica alfombra roja, una especie de defensoría gratuita del gobierno que se desvivió en alabanzas. Salvo honrosas excepciones que hicieron un gran esfuerzo por señalar focos rojos, necesidades concretas y fallas y que insistieron en temas que parecieran ocultos, pero que son centrales, como el previsible fracaso en la implementación del sistema acusatorio si el proceso no se ciudadaniza y difunde a gran escala y si no se entiende en términos de su leimotiv: los derechos humanos. Salvo eso. El foro concluyó con metas poco claras, avances intraducibles a la ciudadanía, indicadores superficiales, exceso de retórica y mucha autocomplacencia, mucho optimismo y muchos mitos no superados. ¿El balance? Con el ánimo de contribuir a llegar a junio de 2016 con una sonrisa en el rostro y no con ese sentimiento de eterna derrota que ya muchos conocemos, se ponen en la mesa algunos puntos:

Lo bueno

• Se celebra –siempre- la apertura de espacios de deliberación pública de los asuntos públicos. La reforma debe debatirse, re debatirse y volverse a debatir. Hay que repetir hasta el cansancio que no va para atrás, que no queremos contrarreforma, ni de iure ni de facto, para que el mensaje llegue a todos aquellos oídos que aún están en etapa de negación. Repitamos y repitamos.
• Se reconoce el enorme esfuerzo realizado por parte de la SETEC para presentar una numeralia clara y digerida del estado general que guarda la implementación, que aporta un mapa, cuando menos general –y también dramático- de los avances y los faltantes a un año de que venza la vacatio legis más famosa y temida del medio. Aclaró, cuando menos en un nivel muy amigable, una de las grandes preguntas del foro ¿quién está en falta? Quizá nos quedó a deber en cuánto a elementos cualitativos: ¿Qué pasará exactamente ante esa falta? ¿cómo vamos a corregirla? ¿cómo ayudamos los mortales?
• El equipo ganador: algunas instituciones educativas y académicos demostraron que tienen la camiseta de la reforma bien puesta, más puesta que muchos tomadores de decisiones.

Lo malo

• Los formatos de las mesas fueron inadecuados y, valga la reiteración, repetitivos. Se abordaron muchos temas básicos, desde visiones elementales y muchos otros que son más aptos para foros de operadores e implementadores. No se le dio rienda suelta a los académicos, especialistas y activistas para cuestionar a los políticos, para tejer fino, para detectar brechas, para evaluar objetiva y razonablemente, para señalar riesgos, para dejar tareas, para hacer eso en lo que son expertos. En cambio, la discusión fue colonizada por la retórica proveniente del ámbito institucional.
• Se sigue hablando de un nuevo sistema y de un nuevo paradigma. Se siguen pidiendo y casi exigiendo cambios de “chip” y se sigue prometiendo voluntad. Han pasado siete años. Siete. Ojalá se estuviera hablando de algo medianamente consolidado, de voluntades claras, de planes “B”, de aceptación y cumplimiento y de rumbo fijo, cuando menos en el imaginario de muchos panelistas -hablo de los de la retórica-, pero en cambio, parecían estar hablando de un hilo negro recién descubierto y sujeto a improvisación y promesas. Algunos llegan tarde, sin duda; otros, parecieran haber estado dormidos durante el lento paso de siete años.

Lo feo

• El subsecretario de derechos humanos Roberto Campa afirmando que “no podemos permitir que por un tecnicismo legal dejemos a delincuentes libres”. Por suerte, tuiteros de renombre y que ya se cambiaron el chip ese famoso hace años como @nestor_d, tuvieron que salir a declarar lo que otras no pudimos resumir en 140 caracteres por exceso de bilis: “sus pinches tecnicismos legales se llaman derechos procesales o debido proceso y sin ellos un juicio no es confiable, punto”. Ni más ni menos.
• Un par de altos funcionarios más refiriéndose todo al tiempo a “los delincuentes”, cuando su institución, cuyas siglas inician con P y acaban con GR, debe cambiarse el chip por uno llamado presunción de inocencia, pues básicamente ni a tal institución ni a sus funcionarios les compete juzgar, sino investigar, acusar y probar.

Quedó pendiente el ¿QUÉ FALTA? Pues falta lo que falta, dirían por ahí los tercos.