Alejandro Jiménez y Volga de Pina

La implementación del sistema acusatorio ocupó realmente poco espacio dentro del optimista discurso que casi nos convence que vivimos en primer mundo. Solo un 0.57% del mensaje alusivo al Tercer Informe del Gobierno de la República se dedicó a este tema, esto es, en tan solo 70 de 12,088 palabras se “informó” a la Nación, el estado que guarda el proceso de reforma más costoso y atropellado del que tengamos memoria, como si de hacer poco ruido se tratara.

Pero más allá de la cantidad de palabras o el tiempo que se le dedicó al tema en el discurso televisado, la calidad de la información presentada en el documento oficial correspondiente al 3er Informe de Gobierno, deja mucho que desear si lo asumimos como un ejercicio de rendición de cuentas. Cuando menos en este rubro, no existe un parámetro metodológico claro para evaluar los avances año con año, ni tampoco para que la ciudadanía comprenda el grado de avance global y sus implicaciones.

Al presentar diferentes “avances” o “logros”, notamos que las cifras con las que pretenden sustentarlos, arbitraria e indistintamente se toma como referencia el inicio de gestión de la actual administración o bien el último trimestre, bimestre o mes antes del informe e incluso se acumula información correspondiente a la administración pasada, suponemos, según resultó más conveniente. Además, se asumen como éxitos o logros los avances de las entidades federativas o acciones legislativas, a nivel federal o local, que no dependen en totalidad del ejecutivo.

Por ejemplo, en el Segundo Informe, el universo de avances presentado se limitó al periodo 2013-2014 mientras que para este año se presentó un recuento de avances del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto del 2015. Lo cual, sumado a la falta de correlación entre la información presentada en el informe, el resumen ejecutivo y el anexo estadístico, complica de sobremanera un análisis nítido de este tema.

Con más del 90% del plazo constitucional de 8 años para poner en marcha la #ReformaPenalMx en todo el país, el Tercer Informe llega con afirmaciones engañosas al hacer un recuento de los avances que ha logrado en la implementación esta administración y compararse con la de Calderón, en lugar de contrastar su propio desempeño con el año anterior.

Se presenta como un logro de esta administración que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) opere ya en su totalidad en 6 de las 32 entidades federativas, sin aclarar, por ejemplo, que de septiembre de 2014 a agosto de 2015 únicamente se sumaron 2 entidades federativas (Nuevo León y Durango) a la “operación total” y que a las 12 entidades que se mantuvieron en “operación parcial” (por territorio o delitos) se sumaron 12 nuevos estados y el Distrito Federal, quedando Sonora rezagada por completo al ser la única entidad que no ha iniciado el proceso de implementación.

Ahora, según el resumen ejecutivo, seis de cada diez mexicanos ya se encuentran “cubiertos” por el SJPA, pero claro, se omite citar factor de cálculo alguno y tampoco se aclara que de ese 60% de la población que aseguran tiene ya cobertura, solo el 48% la tiene para todos los delitos y un 12% únicamente la tiene para delitos culposos, no graves o de querella. Es engañoso decir, por ejemplo, que todas las personas que habitan en el DF están cubiertas por el SJPA. Si esto fuera así, el caso del multi-homicidio de la Narvarte se hubiera sustanciado en un proceso acusatorio, con audiencias públicas y transparencia que permitiría un mejor escrutinio de la calidad en la investigación.

Por otra parte, por segundo año consecutivo se reporta como logros la reforma constitucional al artículo 73, para facultar al congreso a legislar en materia procesal penal y ejecución de sentencias, la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la reforma política-electoral que establece las bases para que la PGR se convierta en Fiscalía. La reforma constitucional y las leyes secundarias en materia de justicia para adolescentes son, en realidad, los únicos avances legislativos logrados en este último año.

A diferencia del año anterior, en este tercer informe, el ejecutivo presenta un apartado de reformas pendientes necesarias para la implementación del SJPA (Ley General de Tortura, Ley de General de Desaparición Forzada de Personas, la “miscelánea penal” y la Ley Nacional de Ejecución Penal), cabe señalar que en el decreto de reforma de la fracción XXI del artículo 73 de la CPEUM, se estableció que deberán expedirse hasta antes de enero de 2016 las leyes generales de tortura y desaparición forzada. Esperamos que en la prisa por aprobar estas reformas no se escatime en espacios de debate, necesarios, en temas tan importantes para la realidad nacional.

En cuanto al avance en la implementación de la #ReformaPenalMX de las diferentes instituciones de las distintas entidades, se utilizan por primera vez los siguientes porcentajes: Defensorías Públicas 40%, Tribunales de justicia 19%, Procuradurías 36% y Secretarías de Seguridad Pública 38%. Todo esto sin hacer referencia a la fuente o indicadores con los que se construyen estos porcentajes, sin alguna referencia en el anexo estadístico y sin aclaración alguna al pie de página. Si estos porcentajes corresponden a la Metodología para la Clasificación y Estratificación de las entidades federativas de la SETEC, se presenta de manera general y vaga, y no permite conocer los avances y estancamientos diversos en las diferentes entidades federativas y, por cierto, se omite mostrar el avance a nivel federal por institución.

Tratar de evaluar a la PGR por la cantidad de consignaciones (24,958) de las cuales 38% fueron con detenido y por sentencias condenatorias logradas (58% de la 24,958), es un error, pues esto nos demuestra que el sistema de indicadores de la PGR no se ha reconfigurado de cara al SJPA y al contrario no identifica que en donde debe mostrar avances a la ciudadanía es en la calidad de sus pruebas, el índice de recursabilidad y de revocación de tales sentencias.

Sumado a esto, preocupa el número de procedimientos abreviados (10, 640) y que además se considere como un indicador de éxito en la implementación, estos procedimientos destacan porque necesariamente parten de una confesión auto-incriminatoria, reduciendo la labor probatoria pero a costa de una elevada probabilidad de tortura, amenazas o engaños propios de procesos basados en confesiones. Esto, lo único que muestra, es que seguimos sin investigar los delitos.

En fin, identificamos que en el informe

1.- la SETEC muestra poca capacidad de seguimiento y evaluación, y al parecer una vez agotado el plazo de ocho años es probable que se convierta en una instancia de evaluación. Transformación poco alentadora, pues con esos indicadores seguiremos siendo algo así como socráticos, es decir, sabiendo que no sabemos nada.

2.- Las UMECAS y las cifras sobre el uso de la prisión preventiva, que debieran tender a disminuir, brillan por su ausencia, pero sobre todo nos preocupa que en la “miscelánea penal” se plantee dejar esta figura tan importante en manos de las secretarías de seguridad pública. De todos los diseños institucionales posibles, este es el peor.

3.- Sobre las defensorías solo sabemos que han avanzado un 40%, hacia dónde o en qué, imposible saberlo. No dice nada sobre la homologación salarial entre defensoras y defensores públicos con agentes de ministerio público, ni sobre su necesaria reestructura.

4.- Sobre los servicios periciales y el aumento de capacidades de investigación tampoco sabemos nada, pero bueno, quién necesita investigación de calidad cuando tenemos tortura. ¿Cierto?