La transparencia judicial es un imperativo constitucional, legal y ético que rige para todos los poderes judiciales del país, ya sea a nivel institucional (por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial Federal o los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados) o individual (cada juzgador a título personal).

Sobre el tema, la Cumbre Judicial Latinoamericana(1) ha señalado que la transparencia judicial tiene dos aspectos: el activo y el pasivo. El activo es la carga que se impone al estado para mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos y otros medios, la información relevante de su gestión y de sus integrantes, en forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno. El aspecto pasivo es el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir la información que obre en poder del Estado, con la consiguiente obligación del órgano de proporcionar la información requerida, por medio de un procedimiento administrativo adecuado que contemple acciones de reclamo ante la entrega indebida de información o su rechazo infundado.

Para lograr una adecuada transparencia judicial activa, la citada Cumbre estimó que “Las páginas web institucionales deberán, entre otros aspectos, contener la mayor cantidad posible de información relativa a los diferentes procedimientos existentes, la tramitación de juicios, audiencias públicas y sus resultados, evaluación de desempeño, asuntos ingresados, resueltos y pendientes en cada período y órgano, como su duración, inspecciones realizadas en las diversas sedes, ejecución presupuestaria, etc.”.

Hace poco realicé un análisis de veintiún páginas de internet de poderes judiciales locales en México, a efecto de analizar qué tanta información proporcionan a los ciudadanos respectos de sus atribuciones. Para tal fin dividí la búsqueda en tres grandes rubros (actos judiciales, servidores públicos y transparencia en el manejo de recursos), con sus respectivas divisiones. Los resultados que obtuve son los siguientes (los porcentajes son en relación a las páginas web que sí tienen ese tipo de información):

1. Actos judiciales

1.1. Lista o boletín judicial – 95 %

1.2. Consulta remota acuerdos – 38 %

1.3. Sentencias publicas – 14 %

1.4. Infomex o análogo – 90 %

1.5. Estadísticas judiciales – 100 %

2. Servidores públicos

2.1. Directorio de servidores públicos – 90 %

2.2. Diccionario biográfico (currículum vitae) – 33 %

3. Transparencia en manejo de recursos

3.1. Ingresos de servidores públicos – 90 %

3.2. Ingresos y gasto público – 100 %

3.3. Información sobre licitaciones o adquisiciones – 95 %

De los resultados anteriores llama la atención que la transparencia de los poderes judiciales en cuestiones administrativas (uso de recursos públicos, como son cuánto ganan los funcionarios judiciales, las cantidades que perciben anualmente los poderes judiciales y la información sobre licitaciones o adquisiciones) es bastante elevada. Por el contrario, resulta paradójico que en la materia propia de su función, es decir, la resolución de controversias mediante una sentencia, privó la opacidad en la gran mayoría de los poderes judiciales (solo un 14% de las páginas consultadas permiten acceder a versiones públicas de sentencias, sin necesidad de que medie algún tipo de solicitud o procedimiento).

Es necesario que los poderes judiciales locales adopten un compromiso con la ciudadanía y mejoren su transparencia activa, poniendo a disposición de cualquier persona las versiones públicas de todas las sentencias que dictan. La transparencia y el acceso a la información son un derecho de todos los ciudadanos, que permiten vigilar que las actuaciones de los órganos del Estado (en nuestro caso, los poderes judiciales) se realicen conforme a derecho y justicia.

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(1) Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de justicia iberoamericanos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, consultable en http://bit.ly/1AySnq0

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