De abogados para no abogados. Dudas sobre el proceso de elaboración de la reforma sobre colegiación y certificación obligatorias (1/2)

No por estar a favor de la colegiación y certificación profesional, también se tiene que estar a favor de la reforma que las hace obligatorias. Tampoco por el hecho de ser conscientes de la grave desregulación del ejercicio profesional en México, se debe vislumbrar a estos mecanismos como el único remedio posible.

 Ante la intempestiva premura por posicionar el tema en el imaginario colectivo, aunado a la unanimidad de actores e instituciones que apoyan la reforma, resulta pertinente recordar que toda propuesta es perfectible y que el análisis crítico tanto de los procesos de creación de las normas, como de las mismas normas propuestas, son indispensables como paso previo para su eventual legitimidad y eficacia social.

 Para desarrollar el tema, se ha decidido dividir en 2 entradas el presente análisis. A continuación, en un primer momento, se cuestionan diversos aspectos del proceso de elaboración de la reforma sobre colegiación y certificación obligatorias en México, haciendo especial énfasis en la conformación del grupo de expertos para redactar la iniciativa. Después, en un segundo artículo, se presentarán diversos temas puntuales, más propiamente relativos a cuestiones técnico-jurídicas de la reforma constitucional y la Ley General que la desarrolla, que bien antes de solventar problemáticas sobre el ejercicio profesional pueden llegar a agravar las mismas o incluso generar otras nuevas.

 SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN.

Ausencia de pluralidad profesional.

La propuesta de reforma constitucional, así como la nueva Ley de profesiones, fue encargada a un comité redactor de 25 especialistas, de los cuales más del 75% cursaron la licenciatura en derecho, y cerca del 100% se encuentran relacionadas con actividades laborales de índole jurídico-políticas.

Al momento en que la propuesta prevé regular aquellas actividades profesionales relacionadas con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, entre las que, según la propia exposición de motivos de la Ley, “sin lugar a dudas deberá incluirse aquellas que se desarrollen dentro de las áreas profesionales de la medicina y ciencias de las salud en general, el derecho, la ingeniería en sus diversas modalidades, la arquitectura y la contaduría, entre otras”, resultaría lógico que al momento de su génesis, por lo menos se incluyera una muestra representativa de las posibles profesiones a regular.

Se podrá aducir que al modificarse solo 3 artículos constitucionales o que al ser una Ley General la que se propone (cuyo objetivo es establecer los lineamentos básicos del tema en cuestión), se encuentra justificado que la mayoría de personas encargadas de la redacción de la propuesta hayan sido licenciados en derecho, por sus conocimientos técnicos. No obstante, la inclusión de otros profesionistas al momento de elaborar la propuesta, resulta crucial no solo para conocer su opinión al respecto y contemplar las caracterizaciones propias de su actividad en la formulación de la reforma, sino también para nutrir de manera plural el proceso de redacción.

La tendencia de los abogados de querer monopolizar cualquier tema que implique regulación, al tiempo que configura elementos de identificación técnica en la profesión, también construye una barrera que en ocasiones los incomunica con la sociedad. Como si fueran una hermética cofradía, muchos licenciados en derecho todavía hoy siguen utilizando el latín (aun cuando la Iglesia católica lo ha dejado de hacer) y otras estrategias lingüísticas para comunicarse entre ellos mismos y mantener una distancia con cualquier persona ajena al gremio.

Al intentar reglamentar una gran cantidad de actividades profesionales, queda claro que aunque lo que se esté desarrollando sean criterios generales, estos criterios no deben ser uniformes, o acaso seguir esquemas estrictamente jurídicos, y por el contrario habrían de recoger las experiencias tanto de usuarios y consumidores, así como de la pluralidad de personas que prestan sus servicios profesionales para retroalimentar y enriquecer la propuesta.

El rol de la Asociación de la Barra Americana de Abogados – Iniciativa para el Estado de Derecho, México.

En un momento coyuntural importante en el país, donde reformas estructurales se están llevando a cabo en temas energéticos y de inversión extranjera, que de los 25 expertos, 5 personas se encuentren relacionadas directamente con una organización sin fines de lucro, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), no deja de ser llamativo.

El periodista y escritor Sergio González Rodríguez quien en su último libro Campo de Guerra aborda la manera en que el papel de México se ha modificado a partir de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Acuerdo para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte de 2005, ha afirmado que “la geopolítica de EE.UU, le impuso [al gobierno mexicano] combatir al narcotráfico, reformar el sistema penal y mejorar la seguridad pública”.[1] El problema con dichos temas, también en sus palabras, “es que los ciudadanos no son conscientes de estos cambios que se dan a nivel cupular. En los últimos años hemos perdido soberanía… Hay una franca desinformación e ignorancia de la sociedad frente asuntos que trascienden al mandato de un régimen o presidencia”. [2]

Ahora bien, resultaría absurdo sospechar de la participación extranjera en el tema de la colegiación y la certificación obligatorias, por el solo hecho de la nacionalidad, y más cuando ha sido precisamente ABA ROLI México (cuya función es la de implementar programas de fortalecimiento de los sistemas legales a nivel mundial) quien desde hace ya varios años ha venido impulsado el tema de la colegiación de los abogados en el país.

A pesar de eso, es pertinente señalar que la Ley alude a los profesionistas extranjeros cuyos títulos sean válidamente reconocidos en México “en virtud de las leyes, tratados y convenios internacionales vigentes”, como sujetos obligados a colegiarse, en caso de que deseen ejercer alguna de las actividades profesionales que ahora serán reguladas; haciendo así clara referencias a las prerrogativas incumplidas en la materia, estipuladas en acuerdos internacionales como el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, u otros emanados de la Organización Mundial de Comercio.

La desregulación del ejercicio profesional de extranjeros en el país, o más bien la intrincada y compleja serie de trámites dispersos que son necesarios para que los extranjeros ejerzan profesionalmente en México, es un tema pendiente que por el momento no se desarrolla en la reforma en cuestión, pues fuera de dicho artículo no hay otra mención expresa en la Ley. Definitivamente otro de los problemas con este asunto en particular es que su regulación resulta tan necesaria como controvertida.

Expertos, no expertas.

Si bien es cierto que los cambios coyunturales en el transcurso de la historia, que formulan una impostergable emancipación femenina han provocado que desde hace años “ninguna especialidad puede ya considerarse feudo exclusivo del sexo masculino”[3]. También es cierto, que el rol de la mujer en muchas profesiones y actividades sigue considerándose menor.

El tema del género en el apartado del proceso de elaboración de la reforma igualmente es importante cuestionarlo, pues de los 25 expertos encargados de redactar la propuesta de reforma, 19 son hombres y solo 6 son mujeres. A pesar de que desde hace ya más de un siglo se aprecian esbozos de la incorporación del género femenino en muchas profesiones de manera más o menos regular, estas, al final del día, quedan mal representadas pues son pocas las que ocupan cargos decisivos; y así, a manera de efecto dominó, los esquemas patriarcales sobre los que se erigen nuevos instrumentos jurídicos de regulación social obstaculizan el eliminar las inequidades y la subordinación entre iguales.

Las cuestión relativa al género debe indefectiblemente permear de manera transversal las políticas públicas en nuestro entorno, hoy en día cualquier excusa que se aduzca carecería de congruencia con los derechos humanos.

No sé si se pueda afirmar que el proyecto sobre colegiación y certificación obligatorias se encuentra viciado de origen, pues la legitimidad institucional, que si bien ha sido otorgada de manera posterior, conlleva un amplio respaldo dominante que difunde de manera efusiva una narrativa oficial (y por ende acrítica) para su posicionamiento y eventual aceptación, relegando aspectos adjetivos frente a los sustantivos.

Lo que sí resulta evidente es que el proceso de elaboración de la reforma carece de heterogeneidad en distintos ámbitos y que existen aspectos bastante cuestionable que bien valdría la pena abordar con mayor pluralidad y transparencia en próximas ocasiones.

[1]GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sergio, Campo de Guerra, Anagrama, Barcelona, 2014, p. 43. [2] GONZÁLEZ, Héctor, “Vivimos el imperio del crimen. Entrevista a Sergio González Rodríguez”, en Aristegui Noticias, 25 de mayo de 2014. [3]LIPOVETSKY, Gilles, La tercera mujer, Anagrama, Barcelona, 1999, p. 226.]]>

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