Editorial 10 de septiembre

El Consejo de la Judicatura Federal ya está completo; el Dr. Pedro Salazar Ugarte fue nombrado Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; La #SCJN continúa estudiando acciones de inconstitucionalidad sobre #ReformaPolítica.

Dicen que no hay plazo que no se cumpla y ayer el Senado de la República designó a los dos consejeros que faltaban, uno de los cuales estaba sin nombrarse desde hace casi dos años. El primero en designarse fue Alfonso Pérez Daza, quien fue nombrado para la plaza vacante desde noviembre de 2012; el segundo fue Felipe Borrego Estrada, quien fue designado para la plaza vacante desde marzo de 2014. La designación se da después de que la semana pasada el Consejo no pudo sesionar por falta de quórum (se requieren al menos cinco consejeros para sesionar). Sobre la situación a la que se vió arrojado el Consejo en los últimos años caben algunas preguntas ¿Cómo afecta su operación la falta de consejeros? ¿Qué razones tuvo el Senado de la República para retrasar tanto las designaciones? ¿Responden los nuevos consejeros a las necesidades del organismo? Cualquiera que fuera la respuesta a estas cuestionantes, lo cierto es que hay razones de peso para que a los ciudadanos nos importe la labor del Consejo de la Judicatura, pues es la instancia encargada de administrar el presupeusto del Poder Judicial de la Federación y vigilar la actividad de los jueces federales. Sus tareas son trascendentes y pueden afectar de manera positiva o negativa el sistema de administración de justicia, en ese sentido desatender la labor de la Judicatura Federal implica desatender también la salud del sistema de justicia.

Después de meses de especulación, ayer terminó el proceso de transición en la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde Pedro Salazar Ugarte quedó a la cabeza del Instituto. El Dr. Salazar toma la dirección con los retos de fortalecer al Instituto frente a los nuevos paradigmas jurídicos y tecnológicos, y el de contribuir en temas como las modificaciones a la Constitución; la implementación de la llamada #ReformaPenal; y la atención a las diversas críticas en materia de Derechos Humanos hechas al país por organismos internacionales. Dentro del Plan de Trabajo propuesto para el periodo 2014-2018 destacan los proyectos de celebración del centenario de la Constitución de 1917, la creación de una sede del Instituto en Ensenada Baja California con un enfoque de estudios jurídicos transfronterizos, así como un programa de mejoramiento administrativo que el propio Salazar califica de “ambicioso pero viable”. Como mencionamos la semana pasada, aunque pareciera que la dirección del Instituto es una cuestión local, no lo es del todo en tanto que es un organismo con mucha influencia dentro del ámbito jurídico nacional.

Desde la semana pasada, la SCJN ha discutido un paquete de acciones de inconstitucionalidad presentadas por varios partidos que impugnaban algunos cambios realizados a la legislación electoral a través de la llamada Reforma Política. Varias han sido las decisiones trascendentes en el estudio de estos asuntos, por ejemplo, se han sentado precedentes en materia de candidaturas independientes y sobre la exclusividad de la federación para legislar en materia de coaliciones de partidos. También se reconoció la facultad de los estados para establecer los criterios para elegir a sus diputados plurinominales locales y se reconoció la constitucionalidad de la nueva sala regional especializada del #TEPJF. Este jueves continuará la discusión de las acciones 13/2014 y sus acumuladas 14/2014, 15/2014 y 16/2014 que comprenden el último paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Política.

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