Editorial 25 de Junio

Se presentó este miércoles el Programa Nacional de Derechos Humanos en Palacio Nacional (#PNDH). El programa fue publicado el pasado mes de abril en el Diario Oficial de la Federación y básicamente establece el plan de acción que propone el gobierno para cumplir con los objetivos que se trazó el país en materia de Derechos Humanos desde la reforma constitucional del artículo 1º en junio de 2011.

En la presentación hablaron el secretario de gobernación @osoriochong, @RaulPlascenciaV presidente de la @CNDH, el gobernador de Coahuila @rubenmoreiravdz, el rector de la @UNAM_MX José Narro y el presidente de la república @EPN. Todos resaltaron los esfuerzos del gobierno para llevar acabo este plan de acción: se destacó el avanzado marco constitucional mexicano; se apuntaron los avances legales en cuanto a las víctimas de la delincuencia organizada; se recordaron los logros para disminuir violaciones a #DDHH por parte de militares y se señalaron los retos en cuanto a desapariciones forzadas y capacitación de autoridades.

La presentación se da en el contexto del tercer aniversario de la modificación del artículo 1º constitucional, el cual ha generado reflexiones críticas y cuestionamientos serios al desempeño de las autoridades en su implementación. También destaca que la presentación sucede dos semanas después de la publicación de las reformas al #FueroMilitar que habían sido aprobadas en el Senado el pasado mes de abril ¿Se trata de un distanciamiento irreconciable? ¿Es el inicio de un proceso de armonización entre esfuerzos institucionales y demandas de la sociedad civil? respuestas afirmativas o negativas en este sentido serían apresuradas. Lo cierto es que hay una diferencia sustancial entre la percepción que el gobierno tiene de sí mismo y la que de él tiene la sociedad civil en cuanto a la protección de los Derechos Humanos.

La #SCJN sigue discutiendo esta semana una Acción de Inconstitucionalidad promovida por la #CNDH, en ella la Comisión demanda la invalidez de ciertos preceptos de la legislación penal del estado de Nuevo León que otorgan facultades excesivas a autoridades penitenciarias estatales. Entre los derechos que el organismo considera violados están la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto porque la legislación de Nuevo León permite a las autoridades penitenciarias impedir la comunicación de imputados o condenados con terceros e imponer prisión preventiva. El debate en la Corte, sin embargo, se ha centrado en la cuestión de la competencia de los estados para legislar sobre delincuencia organizada pues los artículos impugnados por la Comisión tipifican procedimientos y penas para quienes cometen el delito de secuestro o trata de personas. Hasta el momento la mayoría de los ministros está a favor de declarar inconstitucionales las tipificaciones, pues consideran que legislar contra el delito de delincuencia organizada es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Una vez terminada esta primera parte de la discusión, los ministros tendrán que debatir las facultades que se le otorgan a las autoridades penitenciarias de Nuevo León. La segunda parte de la discusión podría ser una buena oportunidad para que la Corte fijara una posición sobre el tema del arraigo y el trato a los imputados y condenados.

Desde hace dos semanas ha trascendido la molestia del gremio médico tras la aprehensión de 16 médicos del IMSS de Jalisco acusados de negligencia médica en el tratamiento de un menor. Según José Gallardo, padre del menor, en el tratamiento 20 personas del hospital donde fue atendido fueron responsables de la muerte de su hijo. Así las cosas, la CNDH ha señalado que el IMSS es la segunda institución con mayores quejas desde el 2009, mientras que los médicos han comenzado el movimiento #YoSoy17 demandando la mejora de sus condiciones laborales y el análisis del delito de negligencia médica. Se espera una larga discusión en las próximas semanas en los medios de comunicación y las redes sociales, unos acusan y otros se defienden. Con todo, se trata de una oportunidad única para un análisis concienzudo de las condiciones de trabajo de los médicos en el sector público y de la atención a los pacientes, se trata de un tema fundamental en tanto que está en juego la salud de miles de personas, así como los derechos de un gremio fundamental para la estabilidad social.

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