La designación de Ministros en la SCJN y el debate público

De acuerdo con los tiempos constitucionales, sería ideal que el Presidente de la República presentara las ternas para suplir en el cargo a la Ministra Olga Sánchez Cordero y al Ministro Juan Silva Meza en los próximos días. Días efectivamente y no semanas. Días porque la Ministra y el Ministro dejan su cargo el 30 de noviembre. Por lo tanto, si el Presidente de la República quiere dar tiempo para que el Senado realice un amplio proceso de deliberación, en el que incluso pudiera rechazar las primeras ternas propuestas y además considera que el Pleno de la SCJN o sus Salas no pueden entorpecer sus funciones por la ausencia de dos Ministros, entonces, esas ternas deberían presentarse en los próximo días.

La cercanía de ese momento político en el que habrán de revelarse los nombres de quienes integrarán las ternas provoca que diferentes actores ejerzan presión para incidir en la conformación de dichas ternas y en su caso en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto, esta semana la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio a conocer una carta en la que le solicitan al Presidente Peña Nieto que los integrantes de las ternas destaquen por su trayectoria judicial y no por su influencia política. De acuerdo con la Asociación, en este momento histórico es importante para la SCJN que las personas que ocupen los cargos de Ministros se hayan destacado en la carrera judicial.

La presentación de esta carta a la opinión pública así como sus argumentos representa sin duda una oportunidad para ubicar el tema la designación en la SJCN como relevante para la agenda nacional y en particular apunta hacia la definición del perfil que debe tener la persona encargada de la justicia constitucional en México. Más allá de estar de acuerdo con la conclusión de los jueces y magistrados, debe celebrarse que miembros del Poder Judicial hayan dado conocer una opinión sobre el proceso.

A estas opiniones seguramente habrá de sumarse otras más de diversos actores: recordemos que un grupo de académicos también ya se ha pronunciado sobre el proceso de designación de la SCJN y es posible que en breve otros grupos de la academia hagan lo mismo. De la misma manera, organizaciones de la sociedad civil empiezan a apuntar nuevamente sobre la vigilancia de proceso y algunos expertos se pronuncian en columnas en los medios de comunicación.

Mientras más voces críticas que apunten a los perfiles de los jueces constitucionales y al proceso de designación se hagan escuchar, el debate relativo al futuro de la SCJN se enriquecerá y se elevará la importancia política y social de este proceso. Estas voces apuntan a la dirección correcta de la discusión de fondo que son tanto los perfiles como la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de designación y dejan a un lado los trascendidos que con esfera de cristal pretenden pronosticar la decisión sobre quienes integrarán el máximo tribunal del país y que terminan por favorecer la discrecionalidad de la decisión.

El debate debe promover la comprensión de la Suprema Corte como un órgano de estado que es de interés general para la ciudadanía y no solo para el gremio de la abogacía o de la ciencia política. Esperemos, por el bien de la SCJN y de la ciudadanización de la justicia, que efectivamente sean muchas las voces que se levanten con argumentos en este proceso trascendental para la vida judicial y política del país.

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