La reforma constitucional de fecha  27 de mayo del 2015, la cual crea el Sistema Nacional Anticorrupción, no solo trajo consigo la necesidad de elaborar nuevas leyes, diseñar instituciones y hacer ajustes a organismos ya existentes, con la finalidad de generar una mega estructura en el combate a la corrupción.

También de manera paralela el decreto constitucional mandata que las legislaturas locales expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes con el fin de contar con Sistemas Locales Anticorrupción.

Entre los elementos mínimos que las reformas constitucionales locales deben contener se encuentran:

Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción: Órgano rector encargado de coordinar los esfuerzos de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, del Sistema Local Anticorrupción. Este deberá estar integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante de la Transparencia en el Estado; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Estatal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Comité de Participación Ciudadana: La representación de la sociedad civil como cabeza del Comité Coordinador integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Declaración patrimonial, de intereses y fiscal: Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses; idealmente tal como lo propone la plataforma #3de3, es importante que también se presente la declaración fiscal, con el fin de generar cruces de información que permitan la real investigación de anomalías.

Órgano de Fiscalización Superior: Con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

Órganos internos de control: Con las facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado. Los titulares de estos órganos internos serán designados por la Cámara de Diputados, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Fiscalía Anticorrupción: Es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.

Tribunal de Justicia Administrativa: Encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal.

Sanciones a los servidores públicos: Ya sea que estas sean impuestas por faltas administrativas graves o no graves, por la comisión de delitos en materia de corrupción, o a través de juicio político, las sanciones serán el gran determinante para demostrar la efectividad de las denuncias e investigaciones, así como dar credibilidad al sistema.

La fecha limite para integrar estos mínimos constitucionales se vence el 18 de julio de 2017, recordemos que se trata de un sistema, y que como tal, las entidades federativas deben cumplir en tiempo con la parte que les toca, de no ser así, además de un retraso, habrá deficiencias en su funcionamiento.