Viernes 28 de noviembre de 2014 Jalapa, Veracruz

Defensoras de las personas detenidas en la marcha del 20 de noviembre de 2014 solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigen la acción urgente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias derivado de la tortura psicológica que ocasiona a cada una de las personas detenidas su internamiento en penales de máxima seguridad.

En el marco de una estrategia de criminalización e inhibición de la protesta social impulsada por el Estado Mexicano, el pasado 20 de noviembre de 2014 se disolvió de manera violenta una manifestación esencialmente pacífica en la que cientos de miles de personas exigieron a las instituciones mexicanas la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Como sabemos, once personas resultaron detenidas de manera arbitraria a partir de la aplicación de un operativo violento y desproporcionado que vulneró los estándares internacionales del uso de la fuerza.

Las personas detenidas has sufrido a cargo de las distintas autoridades del Estado una cadena ininterrumpida de violaciones que van desde la detención arbitraria, la incomunicación por parte de las autoridades de la SEIDO, actos de tortura, negativa de acceso a una defensa libremente elegida en las instalaciones ministeriales e incluso actos de violencia física y psicológica durante su traslado a centros penitenciarios, hasta la aplicación desproporcionada de medidas tales como el encarcelamiento en penales de máxima seguridad, ubicados en sitios geográficamente alejados a sus lugares de residencia con el propósito de dificultarles la visita de sus familiares así como sus posibilidades de defensa.

Las organizaciones y personas que participan en la defensa de las personas ilegalmente detenidas hemos decidido presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares a favor de las personas detenidas debido al riesgo particular que enfrentan cada una de ellas. El internamiento injustificado de estas personas en penales de máxima seguridad constituye una forma de tortura psicológica que genera un impacto trascendental en las personas detenidas, afecta su derecho a la defensa adecuada al tiempo que genera una importante incertidumbre y se orienta a establecer un castigo ejemplar en contra de ellas por ejercer su derecho a manifestarse en contra del poder público.

Adicionalmente, se decidió establecer una comunicación con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitando el procedimiento de acción urgente para la verificación de las condiciones de la detención de las once personas detenidas.

Con estas denuncias internacionales se pretende asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones mínimas en materia de derechos humanos a cargo de las autoridades mexicanas.