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Puertos y aduanas
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya
La Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género en Nuestras Comunidades (RODMI), desarrolla la estrategia de incidencia pública para reducir la violencia de género.
Un espacio facilitado por el equipo de BORDE en el que se plantearon líneas de política pública, se identificaron necesidades normativas y en base a ello se establecioeron las bases para la incidencia colectiva en el espacio público.
A partir de los conjuntos de prevención, detección, respuesta y mejora; definimos los problemas centrales, profundizando en las causas de origen y efectos que generan. A partir de ello redactamos las propuestas de solución bajo una estructura de política pública integral compuesta por ejes, líneas y programas.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya
Desarrollar herramientas de certificación y evaluación de conocimientos y habilidades
Diseñar estrategia de comunicación social para difundir alertas (radios comunitarias y espacios de atención a mujeres)
Producir contenidos multimedia relacionados con la estrategia de comunicación
Desarrollar perfil por competencias sociales y profesionales de atención
Generar campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la alerta de género
Desarrollar capacidades de atención en autoridades que trabajan violencia de género
Incentivos para la participación familiar en espacios de concientización
Establecer mecanismos de incentivos para que autoridades asistan a capacitaciones
Generar las capacidades interinstitucionales para analizar las dinámicas locales de violencia
Visibilizar la dimensión real de la violencia contra las mujeres en la estadística pública
Protocolo y estándar de datos de recepción, registro y clasificación de noticias y denuncias
Colaboración entre instituciones del estado y municipio para generar estadísticas.
Sistema de peticiones periódicas de transparencia deL procesamiento de casos de violencia
Generar un informe público sobre la dimensión del problema y la capacidad institucional
Calcular costo pol., eco. y soc. de no atender alerta de violencia de género
Elevar el precio político durante el periodo electoral para comprometer candidatos y presupuestos
Mapa deseable de atención reactiva para la atención de casos de violencia contra mujeres y la niñez.
Identificar estructuras y contexto interno de las burocracias
Información sobre derechos y punto de contacto de organizaciones e instituciones de apoyo a víctimas
Protocolo de atención interinstitucional para Cuetzalan.
Mapa de capacidades de organizaciones
Investigar cómo ampliar lo servicios para dictámenes médicos y psicológicos
Introducción y certificación de intérpretes en los servicios de atención a violencia
Capacitación a servidores públicos para facilitar los procesos para atender a víctimas
Comunicación directa con las autoridades para trabajar interinstitucionalmente soluciones posibles
Capacitación en el diseño de políticas públicas
Red interinstitucional con organizaciones y colectivas que defienden los derechos de la mujer
Diseño de políticas públicas participativo
Encuentro entre autoridades de todos los niveles de gobierno para compartir buenas prácticas
Diálogos para presupuestos con perspectiva de género
Espacios que sustenten redes de apoyo entre pares, cuidado colectivo y de bienestar integral
Elevar el precio político durante el periodo electoral para comprometer candidatos y presupuestos
Impulsar la creación de una mesa de trabajo interinstitucional a nivel municipal
A partir de la priorización basada en la valoración del impacto proyectado y la viabilidad de implementar cada propuesta de cambio; desarrollamos el plan de incidencia.
Falta de divulgación y sensibilización de alerta de género y violencia contra la mujer
Explotación de roles de género en espacios familiares, laborales, etc contribuye a normalizar la violencia.
Sin políticas con enfoque de género los servicios públicos son discriminatorios.
Servidores públicos con poca capacidad para responder a las necesidades de las mujeres.
Mercado de drogas que aumenta la violencia de género y afecta las dinámicas comunitarias.
Disparidad entre hombres y mujeres en la tenencia de la tierra y la propiedad patrimonial
Falta de programas educativos sobre violencia contra las mujeres
No es un tema políticamente rentable porque afecta intereses económicos y genera incomodidad social
Falta de capacidades institucionales para analizar dinámica local de violencia
Falta de mecanismos para prevenir ataques, amenazas contra las mujeres
Falta de reconocimiento del problema por parte de las autoridades
Falta de colaboración entre instituciones del estado y municipio para generar sistemas de datos
Carencia de una unidad táctica de respuesta inmediata para casos de violencia familiar
Tiempo de respuesta lento o inexistente por parte de las autoridades
Ausencia de una policía de base comunitaria con enfoque de género.
Estigmatización de las víctimas por parte de las instituciones
Falta de capacidades institucionales para investigar y perseguir delitos de violencia de género.
Falta de capacitación y personal especializado en violencia de género
Falta capacidad de persecución penal y fiscales que litiguen con perspectiva de género
Falta de capacidades institucionales de impartición de justicia
Falta de seguimiento al cumplimiento de suspensiones condicionales y sentencias
Insuficiente capacidad de resolución de conflictos desde el ámbito local.
Miedo y obstáculos administrativos o de diversa índole que inhiben o dificultan la denuncia
Falta de apoyo integral (justicia civil, justicia penal, atención médica, psicólogica, albergues)
Faltan capacidades de diseño de políticas públicas
Falta de un sistema de coordinación interinstitucional
No hay apoyo para estructurar redes de personas dedicadas a defender los derechos de la mujer
Falta capacitación de personal para incluir a las personas en el proceso de diseño de políticas
Nula vinculación entre niveles de gobierno para compartir buenas prácticas
Faltan presupuestos con perspectiva de género
Insuficientes espacios que sustenten redes de apoyo entre pares, cuidado colectivo y de bienestar integral
Intereses económicos o políticos y corrupción generan resistencia al cambio